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DISCURSO DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DOCTOR DIEGO GARCIA-SAYAN, EN LA SESION INAUGURAL DEL XXVIII PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (Lima, 10 de setiembre de 2001) Señor Presidente del Consejo de Ministros, El Perú que hoy los recibe es un Perú democrático. Hace solamente un año el pueblo peruano luchaba vigorosamente por acabar con la oscura noche del autoritarismo y la corrupción y por enrumbar al país por la senda de la decencia y de la democracia de la que nunca debió de ser apartado. La convicción democrática del pueblo y de sus dirigencias políticas resolvió una grave crisis institucional recuperando la democracia y la vigencia del Estado de Derecho, con el apoyo de la comunidad internacional. El pueblo peruano que los acoge está reconstruyendo con decisión la democracia y se ha propuesto que su dolorosa experiencia sirva para contribuir al fortalecimiento de los mecanismos hemisféricos de defensa de la democracia. Nos convoca en esta Asamblea Extraordinaria nuestro compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho, con la libertad y con las aspiraciones de justicia. Compromiso que ratificaremos y profundizaremos con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana. Entre el propósito democrático de nuestro encuentro y el hecho que el Perú sea la sede de esta Asamblea General, existe una relación que va más allá de lo formal. Los padecimientos de una década sacrificada por el autoritarismo y la corrupción y el posterior proceso de transición democrática que vivió el Perú están en el origen de la iniciativa peruana de la Carta Democrática Interamericana. Esta fue propuesta con la clara intención de corregir las insuficiencias del sistema interamericano para la preservación y defensa de la democracia y poder dotarlo de nuevos instrumentos que permitan asegurar que la Organización de Estados Americanos juegue, en el futuro, un papel más eficaz en la defensa de la institucionalidad democrática. La democracia es un valor explícitamente compartido por los países americanos. Pese a ello, la historia del continente ha estado jalonada de golpes de Estado, dictaduras y violaciones a los derechos humanos. Junto a la adscripción formal a la democracia, la vida política de la región muchas veces marchó en dirección contraria. Esta realidad alimentó la percepción que los principios y las normas de la Organización de Estados Americanos eran básicamente retóricas y que no se traducían en herramientas eficaces para prevenir las alteraciones al orden democrático o para poder reaccionar oportuna y apropiadamente frente a ellos. La experiencia vivida por el Perú, a partir del autogolpe que disolvió inconstitucionalmente el Congreso de la República en abril de 1992, la posterior evolución dictatorial del régimen y la organización de un proceso electoral injusto y fraudulento destinado a perpetuar una tercera reelección inconstitucional, puso a prueba la capacidad del pueblo peruano para forjar su destino en defensa de la democracia y la libertad. Pero puso también a prueba al sistema interamericano de promoción y defensa de la democracia. El resultado final de los acontecimientos fue, ciertamente, un triunfo de la democracia. No sólo para el Perú, sino para toda la América Latina. El retorno a la democracia, al Estado de Derecho y a la vigencia de los derechos humanos, fue en esencia el resultado de las luchas del pueblo peruano. De sus movilizaciones en las calles. De la prensa libre que resistió a la dictadura y persistió empecinada en la defensa de los valores de la libertad. De las organizaciones políticas que supieron superar los escollos de una maquinaria antidemocrática. De las organizaciones populares, municipales, vecinales y regionales. De los parlamentarios democráticos, cuya acción fue decisiva para que la transición sea un ejemplo de orden, disciplina constitucional y de respeto al Estado de Derecho. En fin, de todas las mujeres y hombres del Perú, especialmente la juventud, que dijeron ¡basta! al poder político arbitrario, al autoritarismo, a la ilegalidad, a la corrupción y a la violación sistemática de los derechos humanos. Este esfuerzo del pueblo peruano se llevó a cabo en un contexto internacional, en el que la OEA fue un referente principal no exento de ambivalencias. A estas alturas es inocultable que, en los hechos y en nombre de una real politik que privilegió entonces pasajeros sondeos de opinión por encima de los principios democráticos, en 1992 se toleró el autogolpe del 5 de abril, dándole oxígeno a un régimen ilegítimo. Pero fue referente también, y en términos muy positivos, durante el año 2000, ocasión en la que progresivamente asumió una importancia determinante en favor de la transición democrática en el Perú, en consonancia con las propias disposiciones de la Carta de la Organización, que hacen de la democracia una obligación exigible a los Estados. El pueblo y el gobierno del Perú aprecian y valoran esta inestimable contribución, y le expresa aquí, públicamente, su reconocimiento. En especial a aquellos gobiernos que lideraron la iniciativa para constituir una Misión de Alto Nivel de la que surgió la Mesa de Diálogo que cumplió un papel crucial en la transición a la democracia. Esa Misión de Alto Nivel, presidida por el entonces canciller del Canadá Lloyd Axworthy, planteó una agenda sustantiva a ser abordada entre el régimen autoritario de ese entonces y la oposición democrática. Dicha agenda orientó los trabajos de la Mesa de Diálogo de manera determinante ya que tenía que tratarse y resolverse por consenso. Es decir, por acuerdo entre los partidos de la oposición democrática y el gobierno autoritario, con lo cual se restringía severamente el margen de un gobierno y un Congreso de origen ilegítimo dada la naturaleza fraudulenta del proceso electoral del que emergieron. Es evidente que el instrumental preexistente, diseñado básicamente para otro tipo de situaciones, resultó ser insuficiente para un reto como el que plateó hace no muchos meses la situación peruana. Que sintetizó los límites y las posibilidades de la Resolución 1080 y de los instrumentos entonces disponibles así como de la necesidad de imaginar e impulsar nuevos procedimientos y criterios que, como es evidente, tuvieron éxito. ¿Qué nos condujo a germinar la idea de la Carta Democrática Interamericana? Muy claramente: el análisis de la experiencia peruana y la reflexión sobre su proyección más allá del procedimiento y mandatos ad hoc diseñados para el Perú a partir de la Resolución 1753. Guió al Perú democrático la proyección responsable de las repercusiones futuras de su propia experiencia en la estabilidad democrática de las Américas. El entonces Canciller de la República, Javier Pérez de Cuellar, planteó esta iniciativa por primera vez en diciembre del año pasado en la presentación del Consejo de Ministros del Gobierno de Transición ante el Congreso Nacional. En la Cumbre de las Américas en Québec los Jefes de Estado y de Gobierno encomendaron formalmente a los Ministros de Relaciones Exteriores la elaboración de la Carta Democrática Interamericana. Sobre la base de un primer proyecto presentado por el Perú, enriquecido por los aportes de numerosas delegaciones, el Consejo Permanente se abocó a la negociación de un texto que por sus propias características era complejo, sensible y vinculado con aspectos sustantivos de la política exterior y la política interna de nuestros países. A la Asamblea General Ordinaria realizada en San José de Costa Rica se llevó un texto consensuado a nivel del grupo de trabajo informal que negoció el texto. Este proyecto fue elevado a la categoría de documento base por los cancilleres, los mismos que dieron al Consejo Permanente el mandato de culminar la negociación con la finalidad de aprobar la Carta Democrática Interamericana en la oportunidad que hoy nos convoca. En este proceso, el proyecto de Carta Democrática Interamericana dejó de ser una iniciativa peruana para pasar a ser un proyecto del hemisferio americano. El compromiso, la adhesión y los aportes efectuados por todos los países miembros de la OEA, la convirtieron progresivamente en una aspiración de los gobiernos y los pueblos de las Américas. El dinámico proceso de participación de la sociedad civil en la discusión del proyecto de la Carta y las numerosos y valiosos aportes efectuados son una viva expresión de este clamor democrático. Muchas de las iniciativas de la sociedad civil han enriquecido el texto final, por lo que debemos felicitarnos, ya que la legitimidad de la democracia recae justamente en su capacidad de convocatoria de todos los sectores de la sociedad. El proyecto de Carta Democrática Interamericana que ha aprobado formalmente el Consejo Permanente de la OEA y que espero sea aprobado por los cancilleres el día de mañana, es un texto de trascendencia histórica. Por primera vez en los más de cien años que tiene el sistema interamericano, se contará con un cuerpo de principios, normas y mecanismos de acción, estructurados y articulados en un documento único, que constituye una garantía multilateral y colectiva de preservación y defensa de la democracia. La Carta Democrática Interamericana se ha elaborado en la perspectiva de la unidad conceptual y normativa entre la democracia y los derechos humanos. Por ello, afirma el derecho a la democracia de los pueblos de las Américas. El artículo primero estipula certeramente que "Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla". Al mismo tiempo, la Carta Democrática Interamericana tiene como núcleo central una redefinición y ampliación de los mecanismos de acción para preservar y defender la institucionalidad democrática. En primer lugar, aquellos que se activan para obtener la cooperación de la OEA, en los casos en que los propios gobiernos democráticamente electos puedan recurrir a la Organización para obtener la solidaridad frente a situaciones que amenacen con afectar la vigencia del Estado de Derecho y la vida democrática. En segundo lugar, los casos en los que se afecten el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder. Estas son las hipótesis propias de la Resolución 1080. Hipótesis en las que se prevén iniciativas del Secretario General y acciones del Consejo Permanente para preservar la institucionalidad democrática afectada. En tercer lugar, los casos de acción colectiva en las hipótesis de ruptura del orden democrático o de alteración del orden constitucional. Casos estos en los que, en conformidad con la cláusula democrática aprobada por los Jefes de Estado en Québec, la acción colectiva de defensa de la democracia puede llegar al establecimiento de sanciones diplomáticas a los gobiernos que hayan usurpado el poder legítimo o que, habiendo accedido al poder por elecciones libres y justas, afecten la institucionalidad democrática en el ejercicio arbitrario de ese poder. Más allá de las sanciones diplomáticas que se podrán imponer, la Carta maneja una lógica contundente de retorno a la institucionalidad democrática afectada. Y por ello, con reiterada insistencia, marca el camino para ejercer todas las acciones diplomáticas necesarias en la búsqueda de la restauración democrática en el país donde haya sido objeto de una ruptura o de una grave alteración, aún así el gobierno de este país haya sido suspendido en el ejercicio de sus derechos en la Organización. Este es el sentido teleológico de la Carta: actuar hasta que la democracia sea restaurada. La Carta contempla otros aspectos fundamentales de la vida democrática, como aquellos referidos al mantenimiento de la legitimidad de las instituciones de la democracia y el Estado de Derecho: Destacan las relaciones entre la democracia y la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Asimismo, las cruciales cuestiones relativas a la rendición de cuentas de los gobernantes, la probidad en el ejercicio del poder, la lucha contra la corrupción como elemento esencial en la institucionalidad democrática, y, finalmente, las tareas pendientes de la promoción de una cultura democrática en todos los sectores de la sociedad. Señoras y señores: La Carta Democrática se constituirá en una pieza clave del nuevo sistema de defensa colectivo que los pueblos y los tiempos actuales reclaman de nuestros gobiernos. Un sistema de acción colectiva orientado a hacer frente a las amenazas a la democracia y los derechos humanos. A luchar contra la pobreza y contra el crimen organizado. Son todas estas las verdaderas amenazas a la seguridad y estabilidad de nuestros pueblos y sociedades. Atrás quedan obsoletas estructuras de seguridad colectiva centradas en componentes militares y surgidos de una guerra fría que ya concluyó. La democracia es el sistema de gobierno y de organización del Estado y la sociedad que posibilita el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En esta percepción de la democracia la vocación por la justicia social encuentra pleno sentido y coherencia. La democracia supone, por definición, que nadie esté excluido. Lo que incluye la lucha frontal contra la pobreza y la extrema pobreza. Demanda también probidad y transparencia en la gestión pública. Controles democráticos e institucionales sobre los gobernantes. Respeto por la diversidad y un enfoque de genero que lleve la democracia a la totalidad de las relaciones sociales. Esos son los retos del presente. Estos conceptos han inspirado el contenido de la Carta Democrática cuyo proceso de elaboración ha sido obra de todos. Por ello, además de sus valores democráticos y jurídicos intrínsecos, la Carta tiene el valor de expresar una conducta internacional responsable y un sentimiento de pertenencia colectiva. Hemos demostrado que cuando existe voluntad política, los pueblos y gobiernos americanos podemos emprender grandes tareas y culminarlas con éxito. Señoras y señores: Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes y a sus respectivas delegaciones por sus aportes valiosos al texto de la Carta, sus contribuciones en cada uno de los artículos, su actitud constructiva para superar los problemas y los obstáculos. Como dije al principio, fue una idea peruana inspirada en problemas, aspiraciones y valores que nos son comunes. Pero el resultado es una Carta de todos los gobiernos y pueblos de las Américas. Que esencialmente es un legado a las futuras generaciones, para que cuenten con mayores instrumentos para defender sus ideales de democracia, justicia y libertad. El gobierno del Perú y en especial el Presidente de la República, doctor Alejandro Toledo, que frente al fraude electoral y la destrucción de la división de poderes que vivimos los peruanos, opuso su terca y firme voluntad democrática, movilizando al pueblo en las calles, los recibe con los brazos abiertos. Estamos convencidos que al suscribir la Carta Democrática Interamericana enviaremos un mensaje a nuestros propios pueblos, de compromiso con sus aspiraciones e ideales. Con sus luchas y sus utopías. Pero también un mensaje más concreto para crear la estabilidad que nos permita a pueblos y gobiernos emprender con éxito la tarea histórica de generar justicia y bienestar en nuestras naciones. Y así desarrollar las bases sociales y materiales de una más amplia y sólida fraternidad democrática en las Américas. Muchas gracias. |