
El Estado de El Salvador declinó participar en esta audiencia. Las organizaciones denunciaron el deterioro de la institucionalidad democrática y la separación de poderes en El Salvador. Señalaron el abuso de la figura de “dispensa de trámite” por parte de la Asamblea Legislativa para aprobar reformas constitucionales y legales, sin discusión ni participación ciudadana, las cuales favorecerían la concentración de poder en el Ejecutivo. De manera particular, llamaron la atención sobre la reforma al artículo 248 constitucional, que flexibilizaría el proceso de modificación de la Constitución.
Asimismo, recordaron que la destitución de las magistraturas de la Sala de lo Constitucional en 2021 y su reemplazo permitió validar la reelección presidencial inmediata, a pesar de la prohibición constitucional. Indicaron que estas afectaciones a la independencia judicial de la Sala de lo Constitucional se reflejan en la falta de control constitucional de reformas que afectarían derechos humanos y en el rechazo masivo del recurso de habeas corpus en el marco del régimen de excepción, lo que dificulta el acceso a la justicia. Por su parte, la CIDH lamentó la ausencia del Estado en la audiencia y expresó su preocupación por la reducción de la participación democrática en los procesos legislativos de reforma.