
Organizaciones de varios países de la región alertaron sobre los efectos negativos de las zonas económicas especiales y las jurisdicciones de baja transparencia financiera, destacando su impacto en la justicia fiscal, el cambio climático y la profundización de la pobreza y la desigualdad en la región. Señalaron que estas estructuras socavan la soberanía democrática de los Estados, limitando su capacidad para proteger los derechos humanos, incluidos el acceso a la información, los derechos laborales, territoriales, ambientales, y los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendiente. Además, facilitan la evasión fiscal, promueven la impunidad y contribuyen al lavado de dinero y la corrupción al reducir la transparencia y restringir el acceso a la justicia.
Por su parte, la Comisión destacó la importancia de adoptar políticas fiscales alineadas con los estándares interamericanos para garantizar la financiación de servicios públicos de calidad. Asimismo, advirtió que los instrumentos que favorecen la evasión fiscal pueden afectar gravemente la capacidad de garantizar derechos humanos como la salud y la educación, profundizando las desigualdades sociales en la región.