En el mes de junio, la CIDH condenó el reciente e intensivo escalamiento de la represión en contra de personas y organizaciones opositoras, defensoras de derechos humanos y de la prensa independiente.

En particular, la Comisión condenó la detención y criminalización de Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García, quienes habían hecho públicas sus precandidaturas presidenciales, en el contexto de las elecciones generales previstas para noviembre próximo.

Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por las detenciones y criminalización de los líderes y lideresas políticos y personas defensoras de derechos humanos ocurridas entre el 8 y 14 de junio, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, Jose Bernard Pallais Arana, Dora M. Téllez, Ana Vijil, Suyen Barahone, Hugo Torres, Victor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, quien además es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión. Asimismo, se tuvo conocimiento de la detención de Luis Alberto Rivas Anduray, Gerente del Banpro el 15 de junio.

Através del MESENI, la Comisión ha recibido información y testimonios que indicarían el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional al momento de las detenciones. En la mayoría de los casos, se indicó el allanamiento de los domicilios, alegadamente, sin mediar orden judicial. Por otra parte, familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el lugar donde se encuentran detenidas, y sobre su estado de salud. Asimismo, según fuera informado, algunos de los familiares de las personas detenidas habrían acudido cotidianamente a las instalaciones del Chipote para verificar la ubicación de sus familiares y, en su caso, proveer alimentos e insumos básicos.

La CIDH fue informada sobre la negativa a proporcionar información por parte de las autoridades e inclusive, la restricción e impedimento a los familiares para proporcionar alimentos. En algunos casos, las autoridades habrían permitido el ingreso únicamente de alimentos líquidos, sin confirmar la eventual entrega de los mismos y sin saber si se encuentran en dicho lugar. En este contexto, preocupa particularmente la información recibida sobre el estado de salud de José Pallais, quien habría sufrido una descompensación y se encontraría en estado delicado.

Conforme a la información recibida, la CIDH advierte además que, el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes legales, y la mayoría se encuentran incomunicadas. Asimismo, la CIDH recibió información sobre la realización de audiencias "secretas", sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua. De igual manera, la CIDH tomó conocimiento sobre la falta de efectividad de los recursos de habeas corpus o exhibición personal presentados.

La Comisión instó al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal, y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos.