En el mes de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales rechazaron la sentencia condenatoria contra Cristiana Chamorro Barrios y otras personas vinculadas a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Asimismo, condenaron el acelerado cierre del espacio público en Nicaragua, que incluye la reciente decisión de cancelar la personalidad jurídica a 25 organizaciones de la sociedad civil.

El 21 de marzo de 2022 el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua confirmó condenas que oscilan entre 7 y 13 años de prisión contra Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Pedro Salvador Vásquez, beneficiarios de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana, por su vinculación con la FVBCh. Además, les habría impuesto multas de 1.6 millones de dólares aproximadamente. 

Para la CIDH y sus Relatorías Especiales, esta decisión judicial se inserta en un contexto de medidas adoptadas por el Ejecutivo mediante el concurso de diferentes instituciones estatales alineadas y dirigidas por el Ejecutivo para cerrar el espacio cívico y que atentan gravemente contra organizaciones que ejercen la defensa de los derechos humanos, la libertad de asociación y de expresión. 

En este sentido, el 17 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó la cancelación arbitraria de la personería jurídica de 25 organizaciones y fundaciones, por el presunto incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y en la Ley contra el lavado de activos y su reglamento. Con esta decisión, según información del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), al menos 135 organizaciones han sido cerradas de manera forzada desde diciembre de 2018.

Frente a la concentración del poder en el Ejecutivo y el quebrantamiento del Estado de derecho, la Comisión y sus Relatorías Especiales advirtieron con preocupación que, el cierre masivo y forzado de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, universidades, agencias de cooperación y desarrollo, colectivos feministas, gremios médicos, entre otros; impactan negativamente en la población nicaragüense puesto que la deja en un estado de indefensión y mayor vulnerabilidad para la defensa de sus derechos, y desincentivar cualquier forma de asociación y expresión de disenso. Además, son medidas que profundizan la crisis económica, social, política y de derechos humanos en el país.
 
La CIDH y sus Relatorías realizaron un llamado enérgico a las autoridades a liberar a las personas detenidas arbitrariamente, y a cesar todo tipo de persecución judicial, administrativa o de cualquier otra índole contra las personas y organizaciones que ejercen actividades legítimas, de relevancia democrática y, por lo tanto, especialmente protegidas por el derecho internacional. Asimismo, reiteran el deber de garantizar el debido proceso en el marco de los procedimientos legislativos y judiciales en curso. 


Leer en el sitio web

1 de marzo. En el día del periodista en #Nicaragua, la #CIDH y @RELE_CIDH reconocen la valentía y el compromiso social de quienes trabajan en forma incansable para mantener informada a la población en un contexto extremadamente adverso, y llaman a la protección y solidaridad regional. Leer aquí

11 de marzo. La #CIDH presentó ante la @CorteIDH  el caso de Dina Carrión sobre la responsabilidad del Estado de #Nicaragua por la falta de debida diligencia en la investigación de su feminicidio. #MesMujeres. Leer aquí

15 de marzo. #CIDH #Audiencias | Organizaciones denunciaron persecución y criminalización a líderes y lideresas civiles, defensoras y defensores de #DerechosHumanos, periodistas y la oposición, desde el inicio de la represión de 2018 en #Nicaragua. #183PeríodoCIDH. Leer aquí

 

21 de marzo. La #CIDH otorga #MedidasCautelares a Lázaro Ernesto Rivas Pérez, opositor del gobierno de #Nicaragua, quien se encuentra privado de libertad en condiciones de riesgo para su salud e integridad física. Leer aquí