La “única” salida a la crisis pasa por “abrir el país”
Entrevista a la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño,
Relatora para Nicaragua
225
Personas permanecen privadas de la libertad
46 previamente excarceladas
59 en Dirección de Auxilio Judicial
140 en Sistema Penitenciario Nacional
14 en delegaciones policiales
12 arresto domiciliario
79 en celdas de reclusión diferenciada
Identidad de género: 199 hombres │26 mujeres
355
Víctimas fatales en el contexto de la crisis
150
Estudiantes expulsados
+405
Profesionales de la salud despedidos
+150.000
Nicaragüenses exiliados
En el mes de diciembre, la CIDH:y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron la intensa instrumentalización del Poder Judicial para la persecución de personas en contra de la libre expresión de pensamiento y la privación de la libertad arbitraria de personas por razones políticas en la región. Asimismo, manifestaron su preocupación por las deplorables condiciones de detención a las que están sometidas; e hicieron un llamado para que se adopten medidas inmediatas para liberarlas.
Durante décadas, la CIDH ha seguido con preocupación la persistencia de detenciones arbitrarias y el uso indebido del derecho penal para perseguir a las personas con discrepancias político-ideológicas a los gobiernos de turno o las que ejercen legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, así como la defensa de los derechos humanos. De igual manera, la CIDH ha recibido información sobre el empleo de la privación de la libertad con el uso discrecional y excesivo de la prisión preventiva, como mecanismo de control, censura y represalia, así como violaciones al debido proceso y a la protección judicial.
Si bien estas prácticas fueron denunciadas en diferentes países del hemisferio, se destaca que son utilizadas principalmente por parte de gobiernos autoritarios caracterizados por la sujeción del Poder Judicial al Ejecutivo en franco desconocimiento del principio de separación de poderes. La independencia y autonomía del Poder Judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de derecho y un presupuesto básico para asegurar el ejercicio de los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia.
En países como Nicaragua, la CIDH advirtió que las personas privadas de libertad por motivos políticos enfrentan un tratamiento diferenciado derivado de las razones que motivaron su encarcelamiento, lo que ha provocado grave deterioro de salud de varias de ellas; y con riesgo de sufrir afectaciones a su vida e integridad personal.
Adicionalmente, las mujeres privadas de libertad por motivos políticos enfrentan impactos diferenciados debido al género; como violencia de género; tortura y malos tratos como método de castigo, represión y humillación por su rol histórico de liderazgo social.
La CIDH recuerda la obligación de los Estados de respetar la integridad física y asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana. Además, deben brindar información oficial y actualizada respecto de su situación, así como garantizar el contacto directo y regular con sus familias.
Las personas detenidas por razones políticas se enfrentan a un mayor riesgo de ser víctimas de tortura y malos tratos, por lo que la Comisión destaca el deber de los Estados de prevenir, combatir y sancionar estos hechos, con la adopción de medidas que contemplen una perspectiva de género y un enfoque diferenciado.
Finalmente, la Comisión y su Relatoría Especial urgieron a los Estados de las Américas a poner en libertad a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como al respeto y garantía de su vida e integridad personal.
El 27 de octubre, la CIDH desarrolló una audiencia sobre la situación de la libertad de asociación en Nicaragua. En ella, organizaciones de sociedad civil denunciaron que el cierre y ocupación de espacios cívicos por parte del Gobierno ha llegado a un punto crítico, y que ya no quedan organizaciones de defensa de derechos humanos que operen legalmente.
Además, que las restricciones a la libertad de asociación han implicado:
la cancelación de la personería jurídica de 2,634 organizaciones desde 2018, el 95% desde marzo de 2022;
la ocupación, y la confiscación de bienes sin procedimiento legal de 4 medios de prensa independientes de cobertura nacional;
el despojo de la personalidad jurídica de 5 partidos políticos por el Consejo Supremo Electoral; la cancelación de personalidad jurídica de 128 asociaciones vecinales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) convocó a la audiencia pública Conjunta de supervisión de Medidas Provisionales en el Asunto 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua y Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. La misma se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2023.
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