El 17 de febrero, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH) condenaron enérgicamente las nuevas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua.

Particularmente, el 15 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Managua comunicó la resolución judicial por la que se privó de la nacionalidad, de sus derechos políticos y de todas sus propiedades a 94 personas identificadas como opositoras políticas, a las que se calificó de "prófugas de la justicia" y "traidoras a la patria". Dicha resolución se dictó sin juicio previo y condenó a estas personas a la "muerte civil", lo que acarrea profundas consecuencias para ellas y sus familias. Entre las personas afectadas, se encuentran varias personas defensoras de derechos humanos que cooperan habitualmente con la CIDH y la OACNUDH.

La resolución dictada tiene como precedente la excarcelación de 222 personas, ocurrida el 9 de febrero, a quienes también se les privó arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense luego de ser "deportadas" a los Estados Unidos, como forma de castigo. Ello, sin estar previsto en la legislación interna y de manera contraria al principio de legalidad e irretroactividad de las penas.

Como fue señalado por la CIDH, la privación arbitraria de la nacionalidad se encuentra prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y por la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de la cual Nicaragua es Estado Parte, especialmente cuando se trata de una pena o sanción impuesta por motivos políticos. En tal sentido, la CIDH llamó al Estado de Nicaragua a que derogue inmediatamente dichas leyes y cesar su aplicación como mecanismo de castigo de las voces disidentes.

Por otra parte, según la información recibida, el 10 de febrero, Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, fue sentenciado por el delito de "traición a la patria" a 26 años de cárcel, y a la privación de su nacionalidad y derechos políticos. Todo indica que fue condenado en plena violación de garantías procesales y se encontraría en aislamiento en una celda de máxima seguridad. La CIDH y la OACNUDH llamaron a su liberación inmediata e incondicional, junto a las más de 30 personas que permanecen privadas de libertad arbitrariamente en Nicaragua.

Finalmente, la CIDH y la OACNUDH urgieron al Gobierno de Nicaragua a poner fin a la incesante represión y persecución de quienes buscan el retorno de la democracia en Nicaragua o ejercer sus libertades públicas.

Asimismo, llamaron a la comunidad internacional a mantener e intensificar los esfuerzos destinados a la protección de los derechos humanos de las personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir del país, solicitantes de asilo, refugiadas y en situación de apatridia y poner atención en sus familias tanto dentro como fuera de Nicaragua.

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