Washington D.C. - En el día del periodista nicaragüense, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE) reafirmó su compromiso con la plena garantía del derecho a la libertad de expresión en Nicaragua, y reitera su llamado al Estado a cesar de inmediato las acciones de amenaza, hostigamiento y persecución judicial contra periodistas y comunicadores.

Desde el comienzo de la crisis social, política y de derechos humanos en Nicaragua, en abril de 2018, CIDH documentó un incremento paulatino de acciones represivas en contra de la prensa independiente en Nicaragua, particularmente contra quienes informan sobre asuntos de interés público y político. En este marco, en 2022, la RELE recibió información sobre un incremento de operativos policiales en residencias de periodistas e instalaciones de medios de comunicación, allanamientos, confiscación de medios, decomiso de equipos de trabajo, desplazamiento y exilio forzado de periodistas. Asimismo, la información reportada señala que algunos medios de comunicación habrían recortado su cubrimiento de temas políticos a raíz de amenazas del gobierno con cerrarlos. Las denuncias recibidas evidencian que las acciones del Estado buscan silenciar a la prensa y controlar cualquier discurso que cuestione o contradiga las voces oficiales, socavando las garantías básicas para el ejercicio de las libertades fundamentales.

En este contexto, la Relatoría también tuvo conocimiento de la excarcelación de al menos 7 periodistas y directivos de medios de comunicación, entre otras más de 200 personas privadas de la libertad por motivos políticos en Nicaragua, el pasado 9 de febrero de 2023. Tal como indicó recientemente la CIDH, durante la madrugada de ese día se dio a conocer la excarcelación de 222 personas presas políticas, quienes fueron deportadas a los Estados Unidos de América el mismo día en cumplimiento a una sentencia de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, que ordenó la deportación inmediata de estas personas.

Adicionalmente, el 15 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Managua comunicó la resolución judicial por la que se privó de la nacionalidad, de sus derechos políticos y de todas sus propiedades a 94 personas identificadas como opositoras políticas, a las que se calificó de "prófugas de la justicia" y "traidoras a la patria". Según pudo conocer esta Oficina, entre este grupo de personas habría al menos 13 periodistas y comunicadores.

Estas medidas, junto con otras sobre las cuales la CIDH y su Relatoría se han pronunciado anteriormente, contribuyen a consolidar un ambiente generalizado de autocensura y de zonas de silencio mediático en Nicaragua, donde la cobertura informativa independiente es escasa o nula.

Frente a la información expuesta, la Relatoría reiteró su llamado al Estado de Nicaragua a cesar todo tipo de acción represiva en contra de periodistas y comunicadores que ejercen su derecho a la libertad de expresión. Asimismo, llamó a la comunidad internacional a continuar respaldando y protegiendo la labor de la prensa nicaragüense, y a desplegar sus esfuerzos para el fortalecimiento del periodismo nicaragüense.

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