Washington D.C. - En el quinto aniversario del inicio de las protestas sociales en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su solidaridad con las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de abril de 2018. Además, instó al restablecimiento de un régimen democrático en Nicaragua, mediante el establecimiento de elecciones libres, participativas y transparentes; de un sistema de pesos y contrapesos; y de procesos dirigidos a garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018 por personas mayores y apoyadas por jóvenes y estudiantes universitarios en respuesta a reformas propuestas a la Ley de Seguridad Social, reflejaron espontáneamente el descontento social acumulado a través de los años frente a procesos institucionales que fueron coartando la expresión ciudadana, cooptando instituciones públicas y concentrando los poderes públicos en el Ejecutivo. Ello debido a factores como la instalación de facto de un estado de excepción, el quebrantamiento del principio de separación de poderes y la falta de acceso a un sistema de justicia independiente, igualitario y equitativo.

La respuesta estatal represiva y violenta frente a las protestas y la disidencia continúa hasta la fecha. La CIDH identificó diferentes etapas y niveles de intensidad, que desencadenaron una crisis política, social, económica y de derechos humanos, que sigue profundizándose. En efecto, durante los últimos 5 años en Nicaragua, dichas violaciones han resultado en la muerte de al menos 355 personas; más de 2 mil heridas; 2.090 privadas de la libertad;322 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad; y más de 3 mil organizaciones canceladas. Además, al 31 de marzo de 2023, 26 personas permanecían detenidas arbitrariamente.

La CIDH ha registrado más de 400 despidos de personas trabajadoras de la salud por ejercer su labor o tener una posición crítica al gobierno, inclusive en el contexto del manejo de la pandemia del COVID-19. Del mismo modo, persisten las represalias y detenciones arbitrarias contra estudiantes y lideres universitarios que participaron en las protestas sociales. Desde 2018, más de 150 estudiantes fueron expulsados de sus universidades; además, más de una decena de universidades privadas y centros de estudios han sido cerradas forzadamente con el fin de limitar la libertad académica en todo el país.

Con posterioridad a la toma de posesión de Daniel Ortega para el cuarto mandato consecutivo, la CIDH observó la radicalización de una nueva etapa represiva para suprimir el espacio cívico y democrático en Nicaragua, a través del cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, la desarticulación de movimientos sociales y de medios de comunicación -restringiendo la libertad de prensa y de expresión-, así como la persecución selectiva de cualquier persona que cuestiona al gobierno en cualquier ámbito de participación cívica y social, incluyendo el religioso.

La CIDH anunció que continúa trabajando en la construcción y actualización de bases de información así como en la elaboración de informes que puedan coadyuvar a los esfuerzos para resguardar la verdad histórica y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en un eventual proceso de transición a la democracia. En este sentido, publicó el registro

histórico de personas privadas de la libertad por motivos políticos en Nicaragua entre el 18 de abril de 2018 y el 10 de febrero de 2023 que se encuentra disponible en su sitio web.

Leer en la web