Ante la entrada en vigor de la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos (Carta de la OEA), el 19 de noviembre de 2023, y la salida de Nicaragua de la Organización, la Comisión Interamericana reafirma su competencia sobre el Estado de Nicaragua.

La Comisión destaca que el Estado de Nicaragua se encuentra obligado por todos los instrumentos internacionales de los cuales es parte, por lo que continuará ejerciendo sus mandatos de monitoreo a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que incluye el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en sus diversos mecanismos, el análisis y trámite de los casos y peticiones, la supervisión de sus recomendaciones emitidas en los informes de fondo y el análisis y supervisión activa del cumplimiento de las medidas cautelares vigentes.

Asimismo, la Comisión refrenda su compromiso con el pueblo nicaragüense y particularmente con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

El 9 de noviembre, la Comisión publicó su informe sobre el Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua. Este informe presenta un análisis del cierre del espacio cívico, principalmente, mediante la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzada de miles de organizaciones de la sociedad civil a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018. El informe da cuenta de la implementación de una estrategia estatal represiva que suspende de facto derechos y libertades fundamentales que hacen parte del espacio cívico, y que tendría como fin consolidar un régimen de concentración del poder en el Ejecutivo, basado en la interposición de un estado policial, el mismo que ha venido siendo denunciado reiteradamente por la CIDH.

Para la elaboración de este informe, el MESENI elaboró una base de datos que identifica a 3,390 organizaciones de la sociedad civil afectadas por la cancelación de su personería jurídica entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, de un total de 7.227 organizaciones registradas legalmente en el país en 2018. La base de datos se encuentra disponible en la página web de la CIDH.

En el informe, se formulan recomendaciones al Estado nicaragüense, como la revocación de decretos y actos de autoridad relacionados con la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil, la devolución de las instalaciones y todos los bienes confiscados.

Finalmente, la Comisión llama a la comunidad internacional a exigir al Estado nicaragüense poner fin a las violaciones a los derechos humanos registradas en el país y a adoptar medidas necesarias para restablecer la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales, conforme las recomendaciones formuladas en este y otros informes.