Washington D.C.- A seis años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua, la CIDH urgió a restablecer la democracia, poner fin a la represión en el país y a combatir la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018.

La respuesta estatal represiva y violenta a las protestas sociales de 2018, resultó en la muerte de al menos 355 personas, más de 2.000 personas heridas y más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente. De acuerdo con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Nicaragua) y otros mecanismos de Naciones Unidas, en el contexto de la represión estatal, Nicaragua llevó a cabo conductas que pueden configurar crímenes de lesa humanidad, tales como asesinato, privación de la libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.

A partir de entonces la represión estatal contra las voces disidentes ha persistido bajo diferentes etapas y niveles de intensidad, desencadenando una crisis política, social y de derechos humanos que sigue profundizándose.

Actualmente el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua constituye uno de los más graves en la región. El principio de separación de poderes se quebrantó. Todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan. La concentración del poder ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial, donde el Ejecutivo tiene instalado un régimen de terror, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales.

En este sentido, el 18 de abril de 2024, la CIDH recordó que, en virtud de las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros instrumentos internacionales, el Estado de Nicaragua continúa obligado a investigar y sancionar toda violación a derechos humanos.

Asimismo, la CIDH llamó a los Estados de la región y a la comunidad internacional para promover el retorno a la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua, así como realizar esfuerzos para evitar la impunidad de crímenes internacionales conforme al derecho internacional.  El fin de la impunidad y el retorno del sistema de la democracia representativa constituye la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos y es el firme sustento de la solidaridad entre los países del continente.

El 25 de abril de 2024, la CIDH publicó el Informe Anual 2023, instrumento de referencia regional para la situación de derechos humanos en el hemisferio. El mismo recoge las actividades institucionales para el cumplimiento de su mandato, como los principales logros y desafíos en derechos humanos para la región.

Conforme al Art. 59.6 del Reglamento, el Capítulo IV.B incluye por sexto año consecutivo a Nicaragua. Entre otras razones, en 2023, la Comisión Interamericana constató la persistencia de una fase represiva que busca afianzar el régimen de concentración del poder en el Ejecutivo, basada en la instauración de un estado policial y la suspensión efectiva de los derechos y libertades fundamentales que hace parte del espacio cívico del país. En este sentido, la CIDH reiteró que en Nicaragua no existen condiciones propicias para que la sociedad civil pueda participar de manera libre y segura en la vida social, política y religiosa. El espacio cívico y democrático se encuentra cerrado, y la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 continúa profundizándose