En el análisis de la base de datos se observa que, de las 453 personas desnacionalizadas y desterradas, 153 fueron identificadas como líderes de movimientos políticos, sociales y/o defensoras de derechos humanos, mientras que 44 pertenecen a comunidades religiosas.

Asimismo, 133 personas son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y 107 beneficiarias de medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la fecha de la cancelación de su nacionalidad.

Asimismo, observa que, al 30 junio de 2025, el 75% de las personas nicaragüenses residen en Estados Unidos, el 9% en Guatemala, el 8,2% en Costa Rica y el 6% en España.

Esta base de datos ha sido elaborada a partir de información documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), así como de datos publicados por organizaciones internacionales de derechos humanos, medios de comunicación independientes, registros testimoniales verificados e información oficial del Gobierno de Nicaragua.

El 25 de junio de 2025, en el marco del 193° Período de Sesiones de la CIDH, se celebró la audiencia pública titulada “Nuevos patrones de represión”. En ella, representantes de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, junto con organizaciones regionales e internacionales, denunciaron que, a siete años del inicio de las protestas de abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado un sistema de control total sobre la población, desoyendo los llamados internacionales a restaurar la institucionalidad democrática.

Indicaron que, desde febrero de 2025, tras la entrada en vigor de la reforma constitucional que declara a Nicaragua como un Estado “revolucionario”, se han institucionalizado nuevas estructuras represivas, como la “Policía Voluntaria” y las “fuerzas militares de reserva patriótica”, integradas por más de 76.000 civiles armados entrenados por el régimen. Estas reformas han sido acompañadas de cambios legales orientados a reforzar el control sobre el Ejército y la subordinación total de las instituciones al Poder Ejecutivo, eliminando cualquier garantía para el ejercicio de los derechos fundamentales.

En este contexto, manifestaron que se han intensificado prácticas represivas como la negación arbitraria de pasaportes, la prohibición de ingreso al país para personas consideradas opositoras al Gobierno y la cancelación sistemática de personerías jurídicas, afectando a las últimas organizaciones sociales y religiosas que permanecían activas dentro del país. Además, indicaron que el régimen ha implementado un sistema de vigilancia migratoria que implica la revisión anticipada de listas de pasajeros por parte del Ministerio del Interior, bajo el control directo de Rosario Murillo y altos funcionarios de seguridad. Estas medidas configuran patrones de persecución cada vez más deshumanizantes, con impactos severos en la integridad de las víctimas, la unidad familiar y el tejido social.

Frente a este escenario, las organizaciones consideraron esencial que los mecanismos del Sistema Interamericano y los Estados miembros de la OEA continúen con el monitoreo de la situación, exijan el cumplimiento de las decisiones internacionales y promuevan acciones concretas que contribuyan a garantizar justicia y protección para las personas afectadas.

La Comisión expresó su solidaridad con las víctimas y reiteró su preocupación por el agravamiento de la crisis en Nicaragua y la institucionalización de medidas contrarias a los estándares interamericanos. Asimismo, hizo un llamado a la liberación inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de la libertad y al cese de la represión tanto dentro como fuera del país.