
Las organizaciones solicitantes externalizaron su preocupación por el proyecto de ley de ciberdelincuencia, señalando que sus disposiciones sobre “comunicaciones maliciosas” y “ciberacoso” podrían socavar derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las organizaciones sostuvieron que la criminalización de estas conductas, definidas con un lenguaje presuntamente amplio y ambiguo, conllevarían a multas y penas de prisión desproporcionadas y atentarían contra la libertad de conciencia y religión y la libertad de pensamiento y expresión, consagradas en los artículos 12 y 13 de la Convención.
El Estado explicó haber celebrado consultas institucionales amplias, robustas y transparentes con la sociedad civil para recabar opiniones sobre el proyecto de ley. Estas consultas condujeron a enmiendas destinadas a alinear la legislación propuesta con estándares internacionales de derechos humanos y las disposiciones sobre ciberdelitos adoptadas por otros Estados. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión saludaron el diálogo entre las partes y alentaron su continuación. Además, ofrecieron su cooperación técnica para refinar el proyecto de ley de común acuerdo.