
Las organizaciones señalaron que muchos países de la región cuentan con mecanismos de implementación y seguimiento de recomendaciones de derechos humanos, y otros avanzan en su creación. Sin embargo, destacaron la falta de mecanismos para garantizar la participación de la sociedad civil en estos procesos, así como de transparencia en la difusión de avances y acceso a información pública. Subrayaron la necesidad de mejorar la coordinación con organismos de derechos humanos, fortalecer su legitimidad jurídica y asegurar recursos para garantizar su autonomía y operatividad.
Por su parte, la CIDH destacó la necesidad de implementar mecanismos nacionales de seguimiento de recomendaciones que sean efectivos, abiertos y transparentes, permitiendo la participación significativa de la sociedad civil en los procesos de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones. Coincidió en que estos mecanismos deben tener una estructura jurídica sólida e independencia financiera para asegurar su funcionamiento autónomo, sin depender de la voluntad política de los Estados.