
Las organizaciones solicitantes alertaron sobre la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales (IFIs) en relación con los derechos humanos, debido a su financiamiento al Estado de Nicaragua, a pesar de la crisis iniciada en 2018. Señalaron que las IFIs, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, han aprobado proyectos multimillonarios sin evaluar adecuadamente los riesgos de violaciones de derechos humanos. Estos fondos fortalecen al gobierno, profundizan la represión y afectan a comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes no han sido consultadas de forma previa en la ejecución de los proyectos de desarrollo.
Por su parte, la CIDH subrayó el papel fundamental de la sociedad civil en visibilizar estas violaciones y destacó las claras obligaciones de derechos humanos que las IFIs tienen bajo el derecho internacional, insistiendo en la urgente necesidad de rendición de cuentas. Asimismo, planteó el reto de evaluar si la desvinculación financiera podría agravar las condiciones en Nicaragua, enfatizando la importancia de adoptar medidas efectivas y basadas en principios.