DURANTE EL CONSEJO PERMANENTE PARA ABORDAR LA SITUACIÓN DE VENEZUELA

28 de agosto de 2024 - Washington, DC

Agradecemos nuevamente, en esta oportunidad, como lo hemos hecho en todas las ocasiones anteriores, el informe presentando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su presidenta Roberta Clarke. Felicitamos y saludamos el profesionalismo y la profundidad del trabajo realizado.

Valoramos especialmente este informe tan contundente, la presentación de esta información que tiene una dimensión que trasciende al momento, que coincide con informes de los últimos 10 años del sistema Universal de Derechos Humanos, del propio Sistema Interamericano, de Amnistía Internacional, de Human Right Watch, de diversos mecanismos no públicos de protección de derechos humanos en Venezuela, de la propia Secretaría General de la OEA. Pero valoramos muy especialmente este nuevo informe presentado hoy por Roberta Clarke.

Hemos continuado nuestro trabajo en este marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos y henos fortalecido nuestros contactos con la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluida la responsabilidad que tendría el presidente de facto, dictador Nicolás Maduro.

En el marco de las denuncias por la perpetración de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemática de los derechos humanos, reconocidas y presentadas por el Panel de Expertos de la Secretaría General de la OEA, Altos Comisionados de Derechos Humanos de la ONU, informes de la CIDH, así como de la sociedad civil y de diversas instituciones, que han señalado la necesidad de atacar el tema de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, de las desapariciones forzadas, de la persecución política en Venezuela.

Es necesario llevar a la acción el principio de complementariedad que busca resolver siempre las deficiencias del funcionamiento de justicia en un país, en este caso Venezuela, este país concernido donde las condiciones impunidad son constantes e irresolubles.

El principio de complementariedad procura dar certeza de justicia o, por lo menos, posibilidad de justicia, en el lugar donde existe hoy certeza de impunidad. Es la certeza de impunidad que existe en Venezuela aquello que requiere activar la aplicación del principio de complementariedad.

Esta certeza de impunidad que puede tener su origen en condiciones personales, de poder económico, social, criminal es para aquellos que no se aplica la ley ni se investiga la verdad y pueden repetir sus crímenes de lesa humanidad y sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Cuando los límites que impone la normativa nacional o internacional no se aplica a algunos.

También, el principio se aplica cuando la falta de dinámicas institucionales -o la debilidad de las mismas para hacer frente a determinadas personas o grupos de personas- genera condiciones de impunidad, genera falta de justicia. A veces está en las propias dinámicas institucionales del país, donde no existe separación de poderes, donde la justicia está cooptada, donde la aplicación de la ley y el funcionamiento de la justicia se realizan de manera arbitraria o autoritaria.

Este funcionamiento institucional transforma la justicia en un arma de doble filo: por un lado, la impunidad de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Por el otro lado, permite la persecución política, la represión de disidentes y opositores. Es cuando la institucionalidad de la justicia es instrumental en la ejecución del encarcelamiento político, que la justicia se convierte en parte fundamental del sistema de torturas, desapariciones forzadas o extrajudiciales en un régimen político como éste.

Ayer, en un cajón herméticamente cerrado, clavaron el último clavo con la designación de Diosdado Cabello como Ministro del Interior y Justicia.

Estos casos en que los principios de libertad y de justicia han caducado conjuntamente con lo que debería haber sido la obligación punitiva del Estado para terminar con la impunidad. Pero todo el sistema de justicia está dado para garantizar impunidad, para garantizar impunidad a los más altos responsables del régimen, asegurando la permisibilidad de la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y demás formas de persecución y represión política. Por lo tanto, es contradictorio con el derecho y el funcionamiento del sistema de complementariedad internacional pretender que el instrumento fundamental de las políticas de persecución política del régimen sea quien administre justicia. Esto es una contradicción en sus propios términos jurídicos, similar al principio de complementariedad cuando se esperaba que los tribunales militares de las dictaduras de Uruguay y Argentina, en su momento, otorgaran justicia y verdad a las víctimas y familiares de las víctimas.

Se debe considerar también que, desde un punto de vista humano, es una aberración que las víctimas sean forzadas a esperar justicia de aquel que es cómplice o coautor o garante de la impunidad de los más altos responsables del régimen. No van a juzgar a su jefe o a sus jefes -porque el sistema de justicia actúa en grado de subordinación- o a sí mismos, no van a imputar a sus jefes o a sí mismos, no van a solicitar ordenes de aprehensión contra sus jefes o contra sí mismos.

El otro elemento de la complementariedad es la temporalidad. Es inevitable que nos preguntemos, luego que los autores de los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidos en 2014 gozan de impunidad al presente: ¿Cuánto tiempo, más allá de una década, deben esperar las víctimas y sus familiares para que se haga justicia? Sería un despropósito jurídico ir moviendo temporalmente esta espera para aplicar el principio de complementariedad para los crímenes de lesa humanidad, que en esta irracionalidad argumentativa se pensara que fuera necesario esperar por lo menos una década para imputar internacionalmente a los crímenes cometidos en los años subsiguientes a 2014 por parte de los máximos responsables del régimen venezolano, que la unidad de tiempo mínima para la imputación de crímenes de lesa humanidad fuera una década.

Ocurre entonces que, mientras la complementariedad espera, se sigue reproduciendo ahora una continuidad de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos, como fueron documentados hoy.

El paso del tiempo claramente opera sólo en beneficio del régimen. Se mueren testigos, caen presos, borran evidencia de las más diversas formas; en cambio para las víctimas y familiares de las victimas significa la eternidad de la impunidad nacional e internacional para los responsables de tortura, desapariciones forzadas, encarcelaciones extrajudiciales y encarcelamiento político. La eternidad de la falta de justicia.

Un elemento en la aplicación del principio de complementariedad es la prevención de la ocurrencia de nuevos crímenes de lesa humanidad y de nuevas violaciones sistemática. La prevención ha fallado completamente en este caso. Las cifras de cuántos presos políticos nuevos hay desde que el Fiscal de la Corte Penal visitó Caracas por primera vez y cuántos más hay desde que abrió su oficina y cuantos más casos de tortura han ocurrido, cuantas nuevas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas han ocurrido en este tiempo. Devastador.

En este momento, en que recrudece la represión, miles de encarcelamientos, había cien menores encarcelados y se hace fundamental la aplicación del principio complementariedad que se realiza en imputación de cargos y pedidos de aprensión, para justamente hacer justicia, ya que la perpetración de crímenes no se ha detenido, sino que se ha exacerbado.

La aplicación del principio complementariedad por parte de la justicia internacional implica a veces algunas acciones que no se deben hacer y otras de la ansiedad imperativa tomar acción. En este caso, la prevención que era necesario aportar en este contexto, en que se ha asesinado gente, han desaparecido personas, han torturado en continuidad permanente. Y todo sin justicia, todo con impunidad.

Esta solicitud se realiza en el marco de la denuncia formulada por los informes del Panel de Expertos de la Secretaría General, los informes de Derechos Humanos de la ONU los informes del Sistema Interamericano, los informes de organizaciones no gubernamentales. Es tiempo que el principio complementaría signifique acción y no inacción. Es tiempo que se haga justicia.

Lamentablemente por Venezuela los venezolanos, hemos tenido que repetir las advertencias que hemos hecho tantas veces durante los últimos 10 años. Lamentablemente, el régimen se ha burlado, se ha reído de tantos, pero nos ha dado la razón en estos 10 años de acción y de denuncia. Nos ha dado la razón como tantas otras veces en el pasado.

El camino de la justicia internacional es un camino en que seguiremos insistiendo, porque las víctimas familiares y las víctimas la ejecución de perjudiciales, las víctimas de la tortura, los desaparecidos y perseguidos políticos merecen justicia. Estas víctimas han sufrido años de represión y opresión, que continúa bajo la más absoluta impunidad nacional e internacional. Debemos continuar para que esta impunidad se termine.

Ya hace un mes de la elección. Es una elección que en términos del régimen está marcada por la no verificación y la no presentación de evidencias. Hemos estado en contra del dictamen del fallo del Tribunal Supremo de Justicia, hemos estado en contra de la actuación opaca del Consejo Nacional Electoral (CNE). al día de hoy el CNE continúa sin publicar resultados desglosados -como si lo ha hecho la oposición. Contrasta la apertura de unos con la opacidad de otros; debería el sistema público responder a esto.

Como señalaba el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas, el anuncio del resultado en la elección sin la publicación de sus detalles o de la divulgación de sus resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en elecciones democráticas. Obviamente que no es un resultado confiable. A un mes que se cumple hoy de esa elección, podemos decir que en términos del régimen venezolano todo sigue sin verificar y sin documentar: sin documentar los votos, sin documentar las actas, sin verificar las mismas, sin verificar el ataque cibernético -entre comillas ataques cibernéticos-, sin evidencia ni verificación ni pruebas presentada por parte del Tribunal para dictar la sentencia, sin auditoría de nada. Sin nada.

El trabajo de la Misión de ONU y el trabajo del Centro Carter tienen que ser especialmente reconocidos. Queríamos observación, ahí estuvo, ahí están los informes. ¿Vamos a mirar para otro lado respecto a esos informes? No, definitivamente no.

Probablemente fuera ridículo esperar que el TSJ ilegítimo venezolano impartiera justicia en el proceso electoral venezolano. Era ridículo esperar que actuara conforme al Estado de derecho democrático, ya que el mismo no existe hace rato. Era ridículo esperar que el CNE venezolano hiciera elecciones libres, justas y transparentes, o que aún fuera de ese marco tuviera la decencia mínima para otorgar los resultados con un sentido aunque sea ínfimo de justicia.

Nada, nada, sólo la indecencia absoluta es lo verificable en este caso del proceso electoral venezolano.

Saludamos al pueblo venezolano, que aun en las peores condiciones políticas, sociales y económicas, sufriendo la peor crisis humanitaria de la historia hemisférica y la peor crisis migratoria de la historia hemisférica, todavía sigue teniendo reflejos democráticos y sigue creando alternativas democráticas. Venezolanas y venezolanos, ustedes merecen mi más absoluto respeto.

Lamentablemente por ustedes hemos tenido que repetir las advertencias que hemos hecho tantas veces durante los últimos diez años.

La OEA siempre ha sido el camino para sostener la democracia y ha hecho diversas transiciones pacificas. En nuestra intervención pasada señalábamos los casos de Guyana y Guatemala. Siempre que ha sido llamada a actuar lo ha hecho bien. La OEA tiene más crédito al respecto que nadie, tiene más acreditado que nadie y sigue y va a seguir abordando el tema de Venezuela, hasta que se dé esa posibilidad democracia en el país. Y seguiremos también recorriendo el camino de la justicia internacional. Seguiremos insistiendo con este instrumento, porque víctimas y familiares de víctimas de cada uno de los crímenes de lesa humanidad merecen justicia, porque 10 años de impunidad es demasiada impunidad

Gracias, Señor Presidente.