SESIÓN INAUGURAL DE LA SEXTA REUNIÓN DE MINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS AMÉRICAS

10 de octubre de 2017 - San Pedro Sula, Honduras

Honorables Ministros y Ministras de Seguridad del hemisferio,
Distinguidos jefes y jefas de delegación,
Observadores Permanentes de la OEA,
Señoras y señores,

Es un gran honor para mí estar hoy aquí presente para dar inicio a esta Sexta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas. El tema central de esta reunión para la cual el Gobierno de Honduras, a través de su Secretaría de Seguridad, nos ha convocado, es el de la gestión de la seguridad pública. Cabe recordar que la gestión de la seguridad pública es uno de los cinco pilares rectores de este mecanismo multilateral que cada dos años nos permite reunirnos al más alto nivel político y técnico para dialogar, discutir e intercambiar experiencias sobre temas de interés y relevantes de la agenda de seguridad pública.  

En el ámbito de la seguridad pública, así como en otros ámbitos del sector público, tendemos a concentrarnos en las políticas sustantivas, es decir, en aquellas políticas que se diseñan e implementan para abordar algún problema o desafío directamente vinculado a la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Se hace referencia a los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos necesarios para que esas políticas sean viables y puedan tener impacto. Y de esta manera tenemos fotografías, destellos de lo que estamos haciendo en materia de seguridad pública. Sin embargo, poco nos detenemos a pensar en la gestión, es decir, en todos los procesos, las funciones, los procedimientos, las reglas y regulaciones, la planificación y administración que están por detrás y hacen posibles esas políticas sustantivas.

Esta Sexta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública, posible gracias a los esfuerzos y al compromiso del Gobierno de Honduras con los temas de seguridad, nos brinda una oportunidad única para en este día y medio de trabajo que tenemos por delante, concentrarnos en reflexionar, discutir e intercambiar experiencias sobre políticas, medidas y prácticas funcionales que apunten a mejorar, agilizar, modernizar y profesionalizar la gestión de la seguridad pública.     

Al hablar de gestión, podemos pensar en la gestión por objetivos y resultados como un nuevo modelo de gerencia pública que vino a suplantar el modelo de gestión burocrático-tradicional. El corrimiento hacia este nuevo paradigma de la administración pública cobra sentido si tenemos en cuenta los siguientes dos factores.

El primero es que la delincuencia, la violencia y la inseguridad se han posicionado como una de las principales preocupaciones de nuestros ciudadanos. Son problemas que los afectan en su día a día y que tienen el potencial de transformar drásticamente sus vidas, sus comportamientos y actitudes. Los ciudadanos buscan en el Estado una solución para esta problemática y ante ese reclamo, las instituciones públicas que conforman los sistemas nacionales de seguridad deben responder con estrategias y planes que den respuestas efectivas, dentro del marco del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos. En la medida en que esos objetivos establecidos se alcancen y se obtengan resultados e impactos concretos, medibles y sostenibles, la confianza y la legitimidad de los Gobiernos se verán fortalecidas, impactando también positivamente en la satisfacción y el apoyo de los ciudadanos hacia la democracia. 

El segundo factor es que una gestión por objetivos y resultados está en línea con unos de los principios rectores de la democracia: la transparencia y la rendición de cuentas. En la medida en que entendamos cuál es el cuadro de situación delictiva y de violencias que afectan a nuestras sociedades, en base al análisis de datos e información confiable, de calidad y oportuna, está en las autoridades políticas identificar las prioridades, planificar, asignar y administrar los recursos para dar respuestas a los problemas identificados en ese diagnóstico. El poder medir las decisiones tomas y las acciones implementadas a partir del logro de metas y objetivos, y la evaluación de resultados e impacto, es una manera de transparentar y rendir cuentas ante las instituciones del Estado y, primordialmente, ante la ciudadanía. 

Adicionalmente, es necesario contar con los procedimientos y mecanismos de control (tanto horizontales como verticales) para que esa rendición de cuentas sea posible y se convierta en un proceso institucionalizado y normalizado del funcionamiento de las instituciones que integran los sistemas nacionales de seguridad pública. En una era de baja tolerancia ciudadana hacia la corrupción, es indispensable blindar a nuestras instituciones del sector de seguridad, para evitar que éstas queden atrapadas en redes ilícitas. Es necesario también equiparlas con los procedimientos y mecanismos necesarios para transparentar la gestión y generar una cultura de rendición de cuentas como parte de los principios éticos que guían el funcionamiento de las instituciones y el comportamiento de sus funcionarios.   

Al hablar de gestión de la seguridad pública, también es posible pensar en la gestión por funciones. Este enfoque se torna especialmente relevante si tenemos en cuenta el corrimiento desde un paradigma eminentemente punitivo, con foco en el control del delito y la persecución penal hacia un paradigma más integral, donde se intenta superar la falsa dicotomía entre represión versus prevención de la violencia y el delito. Donde además de la policía hay una multiplicidad de actores estatales y no estatales que conviven y se interrelacionan en un sistema mayor, un sistema nacional de seguridad pública. Y donde, adicionalmente, cobran relevancia otras dimensiones: la prevención, la reinserción social y rehabilitación de los infractores, la protección/asistencia a víctimas y testigos, y la reparación por los daños sufridos.
En esta perspectiva sistémica del sector de la seguridad pública, donde cada subsistema que lo integra tiene funciones específicas y responsabilidades claramente definidas, es indispensable incorporar una gestión por funciones, que contribuya a la interrelación y coordinación entre los subsistemas para alcanzar metas y objetivos comunes en el plano de la seguridad.  

Al hablar de la gestión de la seguridad pública no sólo es posible referirse a la administración de los recursos, tanto humanos, financieros, materiales como tecnológicos, para alcanzar determinados objetivos y resultados, que tengan un impacto hacia afuera, positivo y de largo plazo en las vidas y el bienestar de las personas, sino que también hace alusión a la administración de una variedad de procesos claves para la gestión. Estos procesos son internos, hacen al funcionamiento de cada uno de los subsistemas que integran el sistema nacional de seguridad. Si buscamos una gestión de la seguridad pública más ágil, más moderna, más profesional y más efectiva es necesario entonces que miremos hacia adentro, y que analicemos cómo están funcionando los procesos de planificación estratégica, los procesos administrativos, los procesos de selección, formación, desarrollo y evaluación permanente de los funcionarios, los procesos de monitoreo y evaluación, los procesos de gestión de la información y el conocimiento, entre otros. Para tener un impacto externo positivo es necesario contar con y gestionar estos procesos internos. De esta manera, al hablar de gestión de la seguridad pública, es importante hacerlo también desde la gestión de procesos.    

Hay dos procesos que considero merecen nuestra especial atención y nuestros esfuerzos aunados en aras de fortalecerlos: los procesos de selección, formación, desarrollo y evaluación de los funcionarios, y los procesos de monitoreo y evaluación.

Nuestra región se ha caracterizado por invertir fuertemente en la compra de equipamiento, y ahora en la adopción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como si éstas fueran soluciones mágicas y automáticas a los problemas y desafíos que enfrentamos en materia de seguridad. También es común observar que ante situaciones complicadas en materia delictiva y reclamos de la ciudadanía por mayor seguridad, los países han tendido a responder por medio del aumento del número de policías. No se trata únicamente de una cuestión de cantidad sino también de la calidad del recurso humano con el que contamos. Por ello resulta indispensable comenzar a enfocarnos más y mejor en los procesos de selección, formación, desarrollo y evaluación de los funcionarios que se desempeñan en cada una de las instituciones que conforman los sistemas nacionales de seguridad pública de nuestros países, y generar un sistema de incentivos que promueva la excelencia en el desempeño de las funciones, y que vinculen los ascensos a las capacidades, competencias y habilidades de los funcionarios, y no únicamente a la antigüedad.

Y esto el Gobierno de Honduras lo ha entendido bien, no sólo porque ha construido uno de los institutos más modernos y avanzados de formación policial en la región y ha hecho avances importantes en la reforma y transformación de su Policía Nacional, sino porque ha sido anfitrión del Primer Curso Presencial de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (REDPPOL). Participaron de este primer curso de cuatro semanas de duración, 58 oficiales de policía de 27 Estados Miembros de la OEA. Esta noche culminará oficialmente el curso, con la entrega de diplomas a los primeros graduados de esta iniciativa regional que apuesta por la capacitación permanente y continua de nuestras policías. Quedan todos y todas públicamente invitados a participar de la ceremonia de graduación.  

La Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial se presenta no solo como un mecanismo para reducir las asimetrías y promover la integración de las policías en las Américas, sino que pondrá a disposición de las instituciones policiales estándares internacionales de calidad para evaluar la gestión policial y los procesos que la integran. Tema éste que justamente es uno de los que nos convoca en este cónclave. 

También me gustaría referirme a los procesos de monitoreo y evaluación, más aún si hablamos desde la gestión por objetivos y resultados. Necesitamos contar con metodologías, técnicas, procesos y con una cultura de la evaluación, enraizados en las instituciones que conforman los sistemas nacionales de seguridad, que nos permitan producir evidencia que, a su vez, eche luz sobre qué funciona y qué no funciona, cómo funciona y por qué funciona. Y una vez que contemos con ese conocimiento, lo hayamos sistematizado y documentado, necesitamos establecer, aceitar y promover el funcionamiento de mecanismos horizontales formales e informales, para que ese conocimiento pueda fluir y podamos aprender mutuamente de nuestras experiencias.

Para terminar, podríamos adjetivar a la gestión de la seguridad pública de varias maneras, no excluyentes entre sí: gestión democrática, gestión integral, gestión íntegra, gestión participativa, gestión de calidad, gestión efectiva. Lo que me gustaría destacar es que así como el concepto de seguridad pasó de estar centrado en el Estado a enfocarse en las personas, la misma lógica debería primar en la gestión de la seguridad pública. El objeto último de las políticas de seguridad publica dirigidas a prevenir y reducir los delitos y las violencias, reinsertar y rehabilitar a los privados de libertad, proteger, asistir y reparar el daño ocasionado a las víctimas y sus familias, son las personas. Pero las personas son también sujetos de las políticas de seguridad pública, en la medida en que pueden participar en todas las etapas de una política pública, desde su diseño, pasando por su implementación, monitoreo y evaluación, hasta activando mecanismos de control para transparentar la gestión.

MUCHAS GRACIAS a todos y todas por su atención, y espero que sus intervenciones y activa participación en esta MISPA la tornen en una experiencia enriquecedora, útil y productiva para nuestros países, y nuestros ciudadanos.