HACIA UNA GOBERNANZA REGIONAL EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LAS AMÉRICAS

9 de junio de 2022 - Los Angeles, California

De los 281 millones de migrantes internacionales que la Organización de las Naciones Unidas estimaba a nivel mundial para finales de 2020, 73.5 millones de ellos viven en los países de las Américas.

Estimados amigos y amigas,

En nombre de la Secretaría General de la OEA, les damos la bienvenida al conversatorio “Hacia una Gobernanza Regional en materia de Migración y Desplazamiento Forzado en las Américas”.

Es un gusto organizar este evento paralelo a la Novena Cumbre de las Américas, junto a la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo, el Migration Policy Institute, el World Refugee & Migration Council, Open Society Foundations y Emerson Collective.

Esta es una conversación necesaria que llega en un momento crucial para nuestra región. Según la OIT, de las 73,5 millones personas migrantes en las Américas, más de la mitad son trabajadores y trabajadoras.

Lo anterior significa que el 26 por ciento de los migrantes internacionales a nivel mundial viven en países de las Américas. Históricamente hemos sido y somos un continente de migrantes.

En el contexto de la pandemia hemos visto, una vez más, las múltiples contribuciones que las personas migrantes y refugiadas hacen en nuestras sociedades. Muchos estuvieron en la primera línea de respuesta al COVID-19 prestando servicios esenciales como médicos y enfermeras, en el cuidado de personas mayores, niños y personas con discapacidades, en la producción y el transporte de alimentos y también en muchos casos en el desarrollo de las vacunas que ahora salvan las vidas de millones de nosotros.

Si lo comparamos con la población de los países del hemisferio, 73.5 millones de personas sería la cuarta mayor población después de Estados Unidos, Brasil y México y por delante de Colombia y Argentina.

Debemos de tener en cuenta esta cifra, pero sobre todo, las historias y todo lo que las personas migrantes y refugiadas pueden aportar a nuestras sociedades si les brindamos oportunidades.

Si construimos políticas y esquemas de gobernanza a nivel regional, nacional y local para su recepción e integración en donde las comunidades de acogida y todos salgamos ganando.

En el contexto de la movilidad humana, el desplazamiento forzado se ha convertido en uno de los principales desafíos para las Américas.

En el año 2010, ACNUR reportó que había cerca de 4.6 millones de personas desplazadas forzosamente en las Américas entre los que se encontraban solicitantes de asilo, refugiados, personas en situación similar a la de los refugiados, personas desplazadas internas y apátridas.

Para 2021, esa cifra se había más que cuadruplicado con cerca de 18.5 millones de personas desplazadas forzosamente en las Américas. Esto representa una población similar a las de Chile o Ecuador.

De dicho total, más de 6 millones de personas han tenido que dejar Venezuela debido a la crisis económica y política que se vive en el país, mientras que más de 1 millón de personas han huido de la violencia y la persecución en Centroamérica.

Muchas personas en nuestros países se encuentran ante la difícil decisión de migrar y dejar atrás sus lugares de origen como consecuencia de una multiplicidad de causas estructurales que incluyen diversas formas de violencia y discriminación, represión política, pobreza, inseguridad alimentaria, falta de acceso a servicios básicos de salud, así como desastres naturales y los impactos del cambio climático.

Esto lo venimos viendo claramente en los últimos años con la migración forzada de las personas venezolanas, con las caravanas de migrantes y refugiados de Centroamérica, con los arriesgados viajes que emprenden haitianos, cubanos, venezolanos y personas extracontinentales por el Tapón del Darién.

Sin lugar a duda, los movimientos migratorios mixtos que tienen lugar en nuestra región plantean desafíos para las capacidades de las autoridades para responder adecuadamente a las necesidades específicas y diferenciadas de estas poblaciones.

Y es, además, una situación compleja que no podrá ser abordada por un solo Estado. Es por eso que necesitamos como región saldar cuentas con la migración y el desplazamiento forzado y alcanzar un abordaje regional integral basado en el principio de la responsabilidad compartida, los derechos humanos y la protección a las personas en situación de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, esta oportunidad nos debe llevar a seguir construyendo un nuevo paradigma a nivel regional en que reconozcamos las contribuciones que realizan las personas migrantes y refugiadas a las comunidades que los acogen y viceversa.

Los países de la región con todos los desafíos que enfrentan en los últimos años le han dado acogida a más de 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos.

Esto no es una cuestión menor y demuestra que hay otras maneras en las que podemos gestionar la migración y el desplazamiento forzado, diferentes a la externalización de las fronteras, la contención de migrantes y refugiados y su estigmatización.

Recientemente, desde el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral (CIDI) y la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) de la OEA hemos venido generando espacios con relación a la necesidad de generar un espacio operativo para que los Estados de la región puedan desarrollar una mejor gobernanza migratoria a nivel regional.

Por ello, esta Cumbre donde la migración y el desplazamiento forzado hacen parte de los principales temas de la agenda -y en que los Estados estarán firmando una declaración en la materia- nos ofrece una oportunidad única para empezar a discutir y diseñar un mecanismo regional de gobernanza migratoria y trasladar los compromisos a la acción.

Las discusiones que se han tenido en el marco de la OEA nos han indicado que un mecanismo o proceso de gobernanza migratoria a nivel regional debe, primero, tomar en consideración el abordaje de las causas subyacentes de la migración irregular y el desplazamiento forzado.

Dicho abordaje implicará la estabilización política, económica e institucional de los países de origen y retorno, los cuales no podrán asegurar una mejora en la calidad de vida de las personas sin el apoyo de la comunidad internacional.

En paralelo al abordaje de las causas estructurales de la migración, la mejor manera de combatir la migración irregular es a través de la ampliación de vías regulares para la migración y de la garantía del derecho a solicitar y recibir asilo y otras formas de protección complementaria.

Los cierres de fronteras, las sanciones por ingreso irregular, la exigencia de presentar pasaportes, visados u otros documentos similares, son medidas que llevan a las personas migrantes y refugiadas a poner sus vidas en riesgo utilizando rutas clandestinas que suelen ser más peligrosas.

Así como ninguna persona debería tener que verse obligada a dejar su hogar, tampoco deberían quedarse sin otra alternativa que ser víctima de vejaciones o morir en el intento de conseguir un futuro mejor para ellas y sus familias.

Otro elemento importante que se debe abordar tiene que ver con la integración de las personas migrantes y refugiadas en sus comunidades de acogida.

Necesitamos atender las barreras que enfrentan las personas migrantes en el acceso a servicios esenciales y al mismo tiempo, prevenir y erradicar la estigmatización, discriminación y xenofobia en contra de estas poblaciones.

De igual manera, la prevención y erradicación de la trata de personas, así como la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, deben ser temas prioritarios al implementar estas respuestas.

En nuestro continente tenemos diversos mecanismos subregionales de respuesta a la migración y al desplazamiento forzado como son: la Conferencia Regional sobre Migración, la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, el Proceso de Quito, la Plataforma R4V, el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, entre otros.

Estos esfuerzos requieren de una mejor coordinación, para evitar la fragmentación y la duplicación de esfuerzos.

Finalmente, consideramos que una pregunta recurrente durante este conversatorio será qué ocurrirá después de esta Cumbre de las Américas y el correspondiente seguimiento de los compromisos contenidos en la Declaración de Los Ángeles, una ciudad cuya cultura y ADN se basa en las contribuciones de personas migrantes.

Desde la Secretaría General de la OEA contamos con amplia experiencia como organismo regional y ente articulador, con poder de convocatoria y en emplear el diálogo político para facilitar la generación de consensos entre los Estados, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de personas migrantes y refugiadas, los donantes, el sector privado, las instituciones financieras y la comunidad internacional.

Será el consenso y la voluntad política los que determinarán una mejor gobernanza migratoria para nuestra región.

Para este propósito, queremos invitar a organizaciones con las que hemos trabajado a lo largo de décadas, tales como el ACNUR, la OIM, la OIT, organizaciones de la sociedad civil y la academia, para que bajo el liderazgo de los Estados Miembros empecemos a trabajar en el diseño de este mecanismo de gobernanza regional en materia de migración y desplazamiento forzado.

Finalmente, queremos agradecer al conjunto de organizaciones que se unen para llevar a cabo este conversatorio. Este es un consorcio de lujo que demuestra lo que a través del trabajo conjunto y la cooperación se puede lograr.

Esperamos que este evento permita construir puentes entre los diferentes actores involucrados y determinar cómo podemos incrementar la asistencia prestada a los países de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes y refugiados en las Américas.

Muchas gracias.