DÍA INTERNACIONAL PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD DE CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA, LAURA GIL

21 de noviembre de 2025 - Washington, DC

Excelentísimo, Embajador Lanza, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Lo saludo a usted, a las distinguidas delegaciones de los Estados Miembros, al Relator Especial para la Libertad de Expresión y a los invitados especiales que nos acompañan hoy.

Aprecio esas palabras tan especiales que me dirigió y le agradezco por brindarme este espacio para intervenir por primera vez en una sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, cuyas actividades he estado siguiendo de cerca desde mi elección como Secretaria General Adjunta y sobre un tema que me llega al corazón. Como ustedes saben, durante varias décadas, trabajé como analista internacional en medios así como periodista investigativa y de opinión.

Esta sesión es más que una ceremonia de conmemoración. Es un examen de conciencia y un llamado urgente a la acción. ¿De qué sirve solo repetir mensajes conocidos o posar frente a un memorial?

Estamos aquí porque cada año que pasa sin cambios reales nos recuerda que la impunidad persiste porque hemos fracasado.

Este acto solo tiene sentido si logra sacudirnos, si obliga a esta Organización y a cada uno de sus Estados miembros a preguntarse qué hará distinto mañana para proteger la vida de los y las periodistas.

Si estamos aquí hoy, ello es porque la libertad de expresión, ese derecho que sostiene todos los demás, enfrenta en las Américas un patrón definido: asesinatos, amenazas, estigmatización, violencia digital y una impunidad que se repite tanto que no puede considerarse excepcional.

Permítanme comenzar por lo esencial.

La libertad de expresión no es un privilegio profesional. Es una obligación estatal. Y sí, todos lo sabemos: la libertad de expresión no es absoluta. Tiene límites. Pero esos límites son excepciones justificadas bajo parámetros estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Nunca pueden convertirse en excusas para deslegitimar, perseguir o silenciar.

La Corte Interamericana ha sido explícita: los Estados tienen el deber de prevenir, de proteger y de investigar con debida diligencia reforzada los crímenes contra periodistas, especialmente en casos de señales previas de riesgo. Ésta es su obligación clara e ineludible: investigar, sancionar y reparar. No es una cortesía democrática; es una obligación jurídica.

Por eso, celebro que hoy presentemos la Guía práctica para el registro de actuaciones intermedias en la investigación de crímenes contra periodistas, elaborada por la Relatoría para Libertad de Expresión. Es una herramienta concreta para impedir que las investigaciones se diluyan, para que cada acto procesal deje huella, para que los expedientes no se pierdan en el laberinto institucional donde se refugia la impunidad. Es un texto fundamental porque fija estándares para documentar de manera sistemática cada acción estatal; reduce espacios para la inercia y la negligencia; fortalece la trazabilidad de las investigaciones y permite evaluar, con evidencia, si un Estado está cumpliendo o no sus obligaciones internacionales. Con esta guía, los Estados ya no pueden decir que no saben cómo avanzar. Ahora deben demostrar que quieren avanzar.

Digámoslo con claridad: cuando un periodista es asesinado y el Estado no responde, no estamos ante un crimen sin culpables: estamos ante un Estado sin excusas.

La violencia contra periodistas en nuestra región tiene un rostro poderoso y brutal: la delincuencia organizada. En varios países del hemisferio, los grupos criminales han convertido el silencio en una estrategia de control territorial. Cuando un periodista investiga economías ilegales, corrupción asociada o vínculos entre crimen y poder local, su vida se vuelve un obstáculo a la operación y el asesinato, una variable del negocio.

El sistema interamericano ha sido categórico: el riesgo proveniente de actores no estatales no exime a los Estados de responsabilidad internacional. Al contrario, activa deberes reforzados de protección, prevención e investigación efectiva. Allí donde el crimen organizado domina, el periodismo es el último muro de contención democrática. Cuando esa pared se quiebra, lo que colapsa no es solo una vida: es el derecho de una comunidad entera a saber.

Ahora hago referencia a otra de las preocupaciones del Relator para la Libertad de Expresión: la estigmatización. La violencia contra periodistas muchas veces no comienza con la bala sino con la palabra. El acoso, el hostigamiento y los insultos en redes sociales no son actos sin consecuencias. Son multiplicadores de miedo que llevan a autocensura y, en casos extremos, a tragedias irreversibles.

Cuando desde el poder, desde tribunas públicas, se ridiculiza, se deslegitima, se insulta o se caricaturiza a un periodista, se habilita lo que viene después. Cuando se le designa “activista”, “enemigo”, “traidor” no estamos frente a simples calificaciones: estamos frente a permisos sociales para agredir. La crítica, por dura que sea, nunca puede dar justificación a la estigmatización porque ella puede terminar convirtiéndose en el primer eslabón de la cadena de violencia.

Las autoridades estatales de todos los poderes del Estado y de todos los niveles deben entenderlo con claridad: la palabra oficial no es neutra. Construye entornos, habilita comportamientos y puede poner vidas en riesgo.

Si esto es grave para todos los periodistas, lo es doblemente para las mujeres. La violencia que enfrentan no solo es profesional: es también sexualizada, humillante y profundamente misógina. A ellas se les amenaza distinto. A ellas se les insulta distinto. A ellas se les castiga no solo por lo que dicen, sino por atreverse a decirlo siendo mujeres.

Como lo señala el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 2022, titulado “Mujeres periodistas y salas de redacción: Avances, desafíos y recomendaciones para prevenir la violencia y luchar contra la discriminación”, la región está llena de periodistas brillantes que han sido expulsadas del espacio público por oleadas de odio digital, por campañas que buscan quebrarlas emocionalmente. Muchas se autocensuran. Otras abandonan su profesión. Demasiadas viven con miedo. No podemos seguir normalizando este costo. La democracia no tiene derecho a exigir valentía infinita a las mujeres que la sostienen.

Mientras la estigmatización sea cotidiana, mientras la palabra oficial deslegitime, mientras la delincuencia organizada opere a sus anchas, mientras la impunidad sea la norma, ninguna democracia estará a salvo.

La memoria sin acción es impotencia. La memoria con institucionalidad, voluntad política y legislación protectora es vidas salvadas.

Muchas gracias.