Durante la visita in loco a México se constató la grave crisis de derechos humanos que se vive en ese país.
Esta crisis se caracteriza por una situación de extrema inseguridad y violencia; graves violaciones a derechos humanos, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
CIDH presenta el informe:
"Situación de Derechos Humanos en México"
El informe analiza particularmente las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en México.
Ofrece asimismo recomendaciones con el objeto de asistir al Estado de México en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos, conforme con las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente por el Estado en materia de derechos humanos.
Avances en políticas de derechos humanos en México
La CIDH valora las reformas constitucionales y legales introducidas desde 2011 en materia de derechos humanos.
Las reformas constitucionales elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, e hicieron del amparo una herramienta judicial para buscar resarcir violaciones a dichos derechos.
Se reconocen también los protocolos aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, así como la decisión de la SCJN que restringe la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas contra civiles.
Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH
Principales factores que dan lugar a la violencia en México
Actores estatales
Crimen organizado
Uso de la fuerza por actores no estatales
Pobreza y exclusión social
Tráfico de personas, drogas y armas
Impunidad
“Salimos en algún carro que alguien presta, y nos vamos a la sierra y donde vemos que se hunde un poco la tierra, eso puede ser una señal de que allí enterraron a alguien. Metemos esta varilla y la olemos, y si sale el olor a podrido, ya sabemos que ahí hay un cuerpo.”
Testimonio de un familiar de desaparecido a la CIDH en un predio donde encontraron 18 cuerpos en las cercanías de Iguala.
Desapariciones y desapariciones forzadas
Niñas y niños
Miedo a denunciar
Búsqueda de familiares
En Iguala, más de 400 familias se reúnen y llevan a cabo estas búsquedas con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos desde 2007. Esta búsqueda ha llevado a encontrar más de 106 cuerpos, de los cuales solo habrían sido identificados 7 oficialmente.
Desconfianza
Sin atención para víctimas
“Me dicen: ya no busques porque te voy a cortar la lengua. Ya no busques porque tus otros tres hijos van a aparecer en la puerta de tu casa y van a ir en tu consciencia. Nos dejan ese vacío, esa ausencia, y el corazón congelado, porque no tenemos un cuerpo para llorar.”
Testimonio de una madre a la CIDH en Ciudad de México .
Ejecuciones extrajudiciales
La SEDENA informó que entre 2007 y 2012, en supuestos eventos de “agresiones en contra de personal militar”, fallecieron 158 elementos militares y 2.959 “presuntos agresores” civiles. Indicaron que por cada elemento militar fallecido, murieron 18.7 civiles.
En México, elementos castrenses pueden utilizar la fuerza para prevenir la comisión inminente de un crimen para proteger de una agresión. En función de ello, las fuerzas armadas frecuentemente intentarían alterar la escena del crimen para hacer aparecer que cualquier incidente con personas civiles aparezca como producto de una confrontación.
No existen leyes federales específicas sobre el uso de la fuerza pública. A pesar de que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana debe ser temporal y estrictamente excepcional, pareciera que "Manual del Uso de la Fuerza" de 2014 regulariza la presencia de las fuerzas armadas en dichas tareas.
Tortura
La prevalencia de la práctica de tortura es alarmante en México.
Las modalidades de tortura incluyen golpes, patadas, insultos, humillaciones, descargas eléctricas en los genitales, presenciar tortura de otras personas, asfixia húmeda y seca, desnudez forzada y hasta tortura sexual.
Falta de tipificación
Investigación y sanción
Temor a denunciar
Situaciones específicas
Son de particular atención los siguientes hechos acontecidos entre el 2014 y 2015, en donde se han denunciado graves violaciones de derechos humanos perpetradas tanto por la policía federal, fuerzas armadas y la marina.
Tlatlaya, Estado de México
Se iniciaron acusaciones por homicidio, de delitos de ejercicio indebido de servicio público; abuso de autoridad, homicidio calificado y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, y de encubrimiento a diversos miembros del ejército.
Según el documento operativo oficial los elementos militares tenían órdenes de “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Cuatro de los militares procesados en la jurisdicción civil fueron liberados por violaciones al debido proceso. Es de la más alta importancia que los órganos judiciales realicen sus investigaciones y concluyan los procesos penales de manera independiente y sin injerencias externas de ningún tipo.
Apatzingán, Estado de Michoacán
El Estado indicó que la razón por la que la Policía Federal se habría presentado fue porque habrían recibido un denuncia sobre un grupo armado realizando una protesta. La resolución emitida por el Juez Quinto de Distrito determinó que no se encontraban probados elementos claves sobre quién portaba las armas aseguradas durante la detención y que la cantidad de personas no coincidía con la cantidad de armas aseguradas.
Para varias organizaciones de la sociedad civil, los sucesos de Apatzingán representan otro caso del uso de la fuerza letal indebida, además de un encubrimiento por parte de las autoridades para conocer la verdad de los hechos, con lo cual siguen denunciando insuficiencias en la investigación. Los hechos ocurridos en Apatzingán siguen siendo investigados.
Tanhuato, Estado de Michoacán
Según la versión estatal, se trató de un enfrentamiento. Sin embargo, según información en los medios de comunicación, hay controversia respecto a los hechos. Por ejemplo fotografías y testimonios de personas del lugar indicarían actos de posible tortura, ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena del crimen y siembra de armas. Más del 70% de las víctimas habrían sido encontradas con un tiro de gracia en la nuca; también, una de las víctimas no habría muerto por un impacto de bala, sino que habría sido matada a golpes.
Asimismo, los cuerpos habrían sido movidos y las armas con las que habrían sido encontrados tendrían cargadores que no eran del mismo modelo, por lo que no hubieran podido ser accionadas en combate. Según información en medios de prensa, los familiares de una de las personas fallecidas, presunto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación, indicaron que tras analizar las fotografías de los cuerpos vieron quemaduras visibles y extremidades rotas. Del mismo modo, vecinos aseguraron que los cuerpos de sus hijos regresaron castrados, con marcas en los dedos, en algunos casos les faltaba dientes y un ojo. La PGR ha atraído la investigación.
La actuación en casos que resulte imperioso el uso de la fuerza, ésta debe realizarse bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. En todos los casos donde civiles resulten heridos o muertos por parte de fuerzas policiales o militares el Estado mexicano debe realizar de manera urgente investigaciones diligentes e imparciales con el fin de establecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.
Mujeres
Las mujeres en México serían víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres.
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)
El Estado informó que de las 9 solicitudes de alerta que se tramitan: una fue declarada procedente a los 15 meses de la solicitud (Morelos); otra fue declarada improcedente debido a la respuesta del gobierno estatal para atender las recomendaciones y propuestas realizadas por el grupo de trabajo (Guanajuato); y las 7 solicitudes restantes están en proceso dentro de los plazos establecidos.
Asesinatos y "feminicidios"
Tortura y tortura sexual
La CIDH apoya la creación y dará seguimiento al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de mujeres, el cual es producto del acuerdo entre el Estado mexicano y las organizaciones peticionarias de la audiencia temática de violencia sexual, en el marco del 154° periodo de sesiones.
Violencia contra pueblos y comunidades indígenas
Líderes indígenas defensores del medio ambiente que se oponen a proyectos extractivos son objeto de actos de violencia a manos de particulares, en ocasiones con el apoyo de fuerzas de seguridad locales.
Se estima que el 35% del territorio mexicano ha sido concesionado a través de más de 29.000 concesiones mineras, hidroeléctricas y de energía eólica. El 17% de estas concesiones se encuentran dentro de algunos territorios indígenas.
La violencia en el contexto de estos megaproyectos ha resultado en asesinatos, ejecuciones, hostigamiento y amenazas en contra de personas indígenas en muchos estados del país.
También se recibió información de violencia a manos de agentes del Estado mexicano en comunidades indígenas, así como un abuso del derecho penal contra defensores indígenas, ambientalistas y campesinos.
Mujeres trans y personas LGBT
En México es una práctica habitual aproximarse a las investigaciones de crímenes contra personas LGBTI clasificándolas con antelación como “crímenes pasionales.”
Si bien algunos casos llegan a juicio, la mayoría no se resuelven y no se acusa a nadie por ellos.
México debe investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra personas LGBT y adoptar medidas para prevenir esta violencia, incluyendo políticas que busquen erradicar la discriminación social contra las personas LGBT, la cual potencia y refuerza la violencia pasada en perjuicio.
147 Período de Sesiones de la CIDH - Situación de derechos humanos de indígenas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex en las Américas. Ronald Céspedes, Nación Quechua – Bolivia / Amaranta Gómez Regalado, Nación Zapoteca – México.
Crédito Fotográfico: Oliver Contreras/Eddie Arrossi Photography
Niños, niñas y adolescentes
Asesinatos y muertes violentas
Violaciones sexuales
Crimen organizado
Privación de la libertad
No existiría una regulación ni supervisión adecuada de las instituciones que proveen cuidados alternativos a los niños y las niñas, lo cual los expone a situaciones de violencia, negligencia, abuso y explotación
Migrantes y desplazamiento interno forzado
Durante la visita a México, se contató que la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el país provoca que miles de personas se vean forzadas a desplazarse internamente.
La violencia ha generado desplazamiento forzado particularmente en pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas. La falta de información oficial sobre este problema evidencia la invisibilización del mismo.
Es preocupante la utilización de la detención migratoria de migrantes y personas sujetas a protección internacional continúa siendo la regla y no la excepción en México.
Personas privadas de libertad
En México es grave la privación arbitraria de la libertad y el uso generalizado de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes durante los momentos que siguen a la detención de una persona y antes de la puesta a disposición de la justicia.
Uso excesivo de la prisión preventiva
Detenciones arbitrarias políticas
Flagrancia equiparada
El concepto de flagrancia equiparada otorga demasiada discreción al Estado en relación con la detención de personas sospechosas, y pone en riesgo el respeto al debido proceso penal contrario a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
Tortura y malos tratos
La tortura y los malos tratos suelen tener el objetivo de extraer confesiones o información incriminatoria, y de castigar.
Los métodos de tortura más frecuentes son los golpes tanto con puños, patadas con botas, macanas y culatas de armas en diversas partes del cuerpo; los insultos, amenazas, y humillaciones; descargas eléctricas generalmente en los genitales; el presenciar y/o escuchar la tortura de otras personas; asfixia húmeda y seca; la desnudez forzada, y la tortura sexual.
Precarias condiciones de detención
En reclusorios federales y estatales se presentan patrones comunes y estructurales: hacinamiento, corrupción y autogobierno descontrolado en aspectos como seguridad y acceso a servicios básicos, violencia entre internos, falta de atención médica, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, falta de atención diferenciada a grupos de especial preocupación, maltrato por parte del personal penitenciario, y la falta de mecanismos efectivos para la presentación de quejas.
Hacinamiento
Corrupción
Las personas privadas de libertad estarían sujetas a cobros indebidos por parte de personal penitenciario a fin de que sean provistas de servicios y bienes básicos, tales como comida y agua, y salud; también se les exige cuota a fin de que no sean golpeadas y abusadas en los centros de detención.
Autogobierno descontrolado
En particular, han destacado la complejidad de la situación en centros penales como Topo Chico, en el estado de Nuevo León, donde supuestamente los propios internos golpean, e incluso han llegado a privar de la vida a aquéllos que se han negado a cubrir los montos de las extorsiones. Además, no se permitiría que los familiares provean artículos de primera necesidad a los internos, sino que los vendería una empresa dentro del penal a precios exorbitantes.
Imposición de sanciones desproporcionadas
Uno de los castigos más comunes consiste en la imposición del régimen de aislamiento en celdas pequeñas y en condiciones deplorables, por periodos excesivamente prolongados –hasta por meses– y con restricción de visitas y llamadas con sus familiares.
Otra de las sanciones que suelen imponerse consiste en los traslados de centros de detención, con el objeto de restringir el contacto con el exterior. Frente a los traslados, no existiría una notificación oficial a las internas, familiares o representantes legales; e incluso, durante los mismos, las personas trasladadas serían sometidas a malos tratos y tortura.
Privatización y certificación de las prisiones
Es preocupante la falta de disponibilidad de información sobre los contratos celebrados por el Estado y las empresas respectivas señaladas por organizaciones de la sociedad civil.
Esta Comisión manifiesta su preocupación respecto a, por lo menos en algunos casos, los regímenes de los centros privatizados y la búsqueda por certificación internacional, serían planteados y ejecutados a partir de estructura de máxima seguridad estadounidense; lo que habría derivado en la aplicación de regímenes incompatibles con los derechos humanos.
Falta de atención diferenciada
Respecto a las personas con discapacidad, se señaló que la mayoría de éstas se encuentran en centros que no resultan acordes para su tratamiento, en sectores reducidos de las prisiones y sufren condiciones de insalubridad y hacinamiento, agravadas por sus necesidades de salud.
Respecto a las personas migrantes, se observa con suma preocupación que la utilización de la detención migratoria de migrantes y personas sujetas a protección internacional continúa siendo la regla y no la excepción en México.
“Me subieron por discutir con un jefe de seguridad, por exigir mis derechos. Me dejaron sin llamadas. Las custodias me lastimaron las manos. No atienden mi mano. No confío en las autoridades”
Testimonio recibido por la CIDH en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, la interna refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo; este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades, quienes afirmaron que habría sido el resultado de algunas infracciones seguidas cometidas por la persona castigada.
Periodistas y personas defensoras de derechos humanos
Con asesinatos y amenazas se intenta silenciar a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, jueces y otros operadores de justicia, para apagar su reclamo de verdad y justicia y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos que tienen lugar.
Periodistas
Defensoras de derechos humanos
Esto ha generado un grave problema de sub-registro en las cifras oficiales de graves violaciones.
Colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado
En muchos casos, los grupos delincuenciales actúan en aparente colusión directa con autoridades estatales.
Durante la visita in loco, se recibieron testimonios, sobre todo en zonas rurales, sobre colusión entre grupos delincuenciales e integrantes de policías municipales. Algunas autoridades mexicanas han reconocido también que muchas policías municipales se ven sobrepasadas o cooptadas por el crimen organizado.
Debido a esta situacion, estas organizaciones criminales han logrado establecer un regimen de violencia generalizada y graves violaciones a derechos humanos, en algunos casos con la complicidad de autoridades estatales.
Ayotzinapa
Políticas de drogas: “guerra contra el narcotráfico”
Desde el inicio en el 2006 de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.
Además del alto nivel de homicidios, preocupa que la gran mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad.
Militarización y violaciones a los derechos humanos
La atribución a las Fuerzas Armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiales civiles para combatir el narcotráfico ha provocado un aumento en la violencia y las violaciones de derechos humanos en México.
Entre 2007 y 2011, se duplicó el número de agentes de fuerzas armadas en tareas de seguridad publica y desde el inicio del presente Gobierno las compras de armas incrementaron 100 veces más que en Gobiernos anteriores.
El índice de letalidad en México en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad es de más de 7 civiles muertos por cada civil herido. Esto contrasta con un uso legítimo de la fuerza en el que la policía debe buscar incapacitar y no matar.
Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.
Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C No. 150, párrafo 78.
Impunidad, acceso a la justicia e independencia judicial
Cuando los delitos de violencia quedan impunes, se perpetúa la violencia ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos, creando una espiral de impunidad. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de esta impunidad.
Este problema permea desde las policías, las instituciones de justicia, muchas procuradurías y genera una percepción generalizada de impunidad.
Además, la impunidad y la corrupción, fenómenos estrechamente relacionados, menoscaban la confianza de la ciudadanía en las autoridades, lo que contribuye a exacerbar el clima de violencia.