CIDH expresa preocupación por la violencia durante la "Marcha de Jubilados" y recuerda a Argentina los estándares interamericanos

19 de marzo de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la violencia registrada durante la "Marcha de los Jubilados" del 12 de marzo en Buenos Aires. El Estado de Argentina debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y utilizar los protocolos con enfoque de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones, conforme a los estándares interamericanos.

Según información pública, el Estado respondió a la protesta del 12 de marzo con un operativo de seguridad que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. La intervención dejó 20 personas heridas, incluyendo una jubilada de 87 años con traumatismo craneano. Además, se registraron 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial. Se documentaron también ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero de 35 años que resultó gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, y que actualmente se encuentra en estado crítico, así como otros casos donde profesionales de la prensa fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa.

Estos hechos sucedieron en el marco de la llamada "Marcha de los Jubilados", que se realiza semanalmente desde 2024 de manera pacífica en protesta de las reformas de austeridad económica implementadas por el Estado y sus impactos en los derechos de las personas pensionadas. El Estado informó sobre hechos de violencia registrados en la última convocatoria; al respecto, se refirió a la participación violenta de grupos de hinchas de clubes de fútbol en las manifestaciones, incluyendo hechos de violencia con "armas blancas, armas de fuego, elementos para producir incendios y ataques contra las fuerzas de seguridad, con daños a bienes públicos y lesiones a los miembros de las Fuerzas de Seguridad, con el resultado de, al menos, catorce policías heridos". El Estado resaltó que adelanta investigaciones sobre estos hechos; a la vez, reiteró su compromiso con los estándares interamericanos sobre protesta social.

La CIDH reafirma que la protesta social es un componente esencial en el funcionamiento de las sociedades democráticas. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica permite a las personas manifestar sus demandas, opiniones y disensos frente a las políticas públicas y decisiones gubernamentales. En este sentido, el Estado de Argentina tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, utilizando la fuerza como último recurso. Adicionalmente, enfatizan que el Estado tiene la obligación de garantizar que las y los periodistas puedan ejercer su trabajo de documentación e información durante protestas sin ser objeto de violencia, agresiones ni obstrucciones, ya que su función es esencial para informar a la sociedad y para garantizar el escrutinio público de la actuación policial.

Por parte, según información oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional denunció penalmente a la jueza que ordenó las liberaciones, por considerar que cometió prevaricato, omisión de deberes y encubrimiento. Al respecto, la Comisión recuerda que el Estado debe garantizar el ejercicio independiente del sistema judicial, que puede ser inhibido por la presentación de denuncias penales por decisiones emitidas en el cumplimiento de sus mandatos.

Asimismo, recuerdan que la participación de algunas personas en actos de violencia durante una manifestación no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente. En estos casos, los agentes de seguridad deben actuar de manera diferenciada, aislando a quienes recurren a la violencia, y utilizando la fuerza solo como último recurso, de forma excepcional, proporcional y en estricto cumplimiento de los estándares internacionales e interamericanos.

Finalmente, la Comisión reitera su reconocimiento a la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, la cual ha sido fundamental para el fortalecimiento de su democracia. En este sentido, urgen al Estado argentino a investigar de manera pronta, imparcial y con la debida diligencia los posibles excesos en el uso de la fuerza, y a sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, instan a las autoridades a promover un diálogo genuino, efectivo e inclusivo para atender las legítimas demandas de la población.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

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