CIDH reitera llamado a un diálogo efectivo para prevenir violaciones a derechos humanos en Ecuador

14 de octubre de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) permanece atenta ante eventuales violaciones de derechos humanos en el marco de la escalada de violencia durante el Paro Nacional en Ecuador. Además, recuerdan que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y constituye un componente esencial de la democracia, que exige canales de diálogo efectivos.

Desde el 15 de septiembre de 2025, organizaciones indígenas, sociales y sindicales vienen manifestándose en varias ciudades del país en rechazo al recorte del subsidio al diésel anunciado por el Gobierno. Las protestas incluyen bloqueos de rutas, marchas y concentraciones, con especial intensidad en Otavalo e Imbabura. En respuesta, el 16 de septiembre, el Gobierno declaró estado de excepción en 7 provincias, con el fundamento de “grave conmoción interna” y dispuso la movilización de todas las entidades de la Función Ejecutiva, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Durante las movilizaciones la CIDH tomó nota con preocupación de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, así como actos de violencia no protegidos por el derecho a la protesta, atribuidos a ciudadanos que se encontraban presentes en las manifestaciones. Al mismo tiempo, rechaza la muerte del comunero indígena kichwa Efraín Fueres, ocurrido el 28 de septiembre en Cotacachi, en un contexto de enfrentamientos y que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado. Hasta la fecha, según reportan algunas organizaciones, se registraron al menos 100 personas heridas; 100 detenciones, 12 personas desaparecidas; así como 12 personas procesadas por supuestos actos de terrorismo.

El Estado denunció ataques contra agentes estatales, incluyendo un convoy humanitario y advirtió que el crimen organizado se ha infiltrado en las manifestaciones. Además, informó que al menos 12 militares fueron heridos y otros 17 fueron retenidos durante episodios de violencia, y advirtió sobre la presencia de actores armados ajenos a la protesta pacífica. Sumado a ello, el 7 de octubre, la caravana presidencial que se dirigía a anunciar y entregar obras del Gobierno Nacional fue atacada por personas en Cañar, que lanzaron objetos contra los vehículos oficiales. El Gobierno informó que esto puso en riesgo la integridad del Presidente y sus acompañantes.

El Estado reiteró su reconocimiento de la protesta social como forma legítima de participación democrática, “siempre que se ejerza de manera pacífica y sin afectar los derechos de terceros”. En ese sentido, afirmó que actuó conforme los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad para proteger los derechos de la ciudadanía. Además, indicó que sus cuerpos de seguridad trabajan bajo protocolos institucionales y que toda denuncia de exceso es investigada por las entidades competentes.

Organizaciones sociales indígenas denunciaron el congelamiento de cuentas bancarias de al menos 10 de sus dirigentes por parte del Estado y la apertura de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra 50 integrantes. También señalaron la falta de garantías judiciales, en especial para las personas indígenas detenidas y acusadas de terrorismo. Estas denuncias generan preocupación sobre el posible uso de la recién aprobada Ley de Transparencia Social con fines de obstaculizar organizaciones sociales que protestan.

En este contexto, la RELE registró al menos 21 casos de agresiones físicas y hostigamiento contra periodistas y trabajadoras de medios durante la cobertura de manifestaciones, presuntamente cometidos tanto por manifestantes como por fuerzas de seguridad estatales. A su vez, conoció de la suspensión, por 15 días, de las transmisiones del medio comunitario indígena TV MICC, dispuesta por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) bajo el argumento de preservar el orden público y la seguridad nacional. También recibió información sobre presuntas interrupciones en los servicios de telecomunicaciones, incluidos bloqueos al acceso a internet.

El Estado afirmó que estas medidas se encuentran amparadas por las leyes, que prevén mecanismos de impugnación. A la vez, indicó a la CIDH que “mantiene una política de diálogo abierto, inclusivo e intercultural con los distintos sectores sociales y organizaciones, con acompañamiento de mediadores y observadores, reafirmando su voluntad de resolver las tensiones por la vía democrática. No obstante, reiteró que “no tolerará actos de violencia ni manifestaciones que vulneren derechos fundamentales de otras personas o comprometan la paz social”.

Estos hechos habrían afectado la capacidad de las comunidades para organizarse y ejercer su derecho a la protesta, y el derecho de la ciudadanía a estar informada durante las movilizaciones sociales. La RELE advierte que la suspensión de la señal de medios de comunicación que utilizan el espectro electromagnético podría generar un efecto inhibitorio en otros medios para emitir informaciones y opiniones de manera libre, por temor a enfrentar consecuencias similares.

La CIDH recuerda que la protesta pacífica es un pilar de las sociedades democráticas y debe ser protegida. El uso de la fuerza solo puede aplicarse de manera excepcional y conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, de acuerdo con los estándares interamericanos. En este marco, el uso de armas de fuego en operativos de control de manifestaciones está estrictamente prohibido.

La Comisión exhorta al Estado ecuatoriano a investigar de forma imparcial y diligente las denuncias de uso excesivo de la fuerza, y a juzgar y sancionar a las personas funcionarias responsables de violaciones de derechos humanos.

A su vez, reafirma que la participación de algunas personas en actos de violencia no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente. En estos casos, las fuerzas de seguridad deben actuar de manera diferenciada, aislando a quienes recurren a la violencia y respetando los estándares internacionales de derechos humanos. La Comisión Interamericana condena todos los tipos de violencia y recuerda que el Estado tiene el deber de investigar los hechos de violencia de manera imparcial y diligente, garantizando el debido proceso y aplicando perspectiva intercultural cuando se trate de personas indígenas.

Finalmente, insta a las autoridades a establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con las personas manifestantes, con el fin de atender sus demandas y resolver los conflictos sociales pendientes.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 208/25

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