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El Informe del GIEI investigó las afectaciones al derecho a la vida de las personas, tanto como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como consecuencia de actos cometidos por particulares durante enfrentamientos entre manifestantes de posiciones políticas contrarias. De esa manera, el Informe reportó del fallecimiento de 39 personas en distintos departamentos de Bolivia (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí). En cada caso, el Informe resaltó el derecho a la justicia y a la reparación de sus familiares.