En el marco de la COP 26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático, la CIDH y la REDESCA llaman a los Estados Miembros de la OEA a poner la protección de los derechos humanos en el centro de sus políticas y acciones climáticas

4 de noviembre de 2021

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) hacen un llamado a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que en el marco de la realización de la Conferencia de las Partes (COP en inglés) No. 26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas asuman la adopción de un enfoque de derechos humanos como aspecto central de todas las negociaciones, políticas y acciones en la materia.

El cambio climático plantea una verdadera emergencia de derechos humanos, lo que requiere que los principios y estándares que rigen el Derecho Internacional e Interamericano de los Derechos Humanos vis a vis los propios del Derecho Internacional del Medio Ambiente guíen todas las soluciones, políticas y acciones que se planteen en este ámbito. En consecuencia, alientan a los Estados miembros de la OEA a que, en sintonía con las obligaciones asumidas en el ámbito del sistema interamericano, pongan en el centro de sus negociaciones y decisiones climáticas los derechos humanos y el impacto adverso que el cambio climático tiene en el goce de estos, en especial de las personas y colectivos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

En esa línea, la Comisión y la REDESCA destacan que el último reporte parcial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), señaló que dadas las actuales circunstancias y posibles excesos de emisiones, es muy probable que el aumento de temperatura entre 1.5° y 2° C se de en los próximos 20 años trayendo consigo un aumento en la frecuencia e intensidad de olas de calor extremas, subida de temperaturas de los océanos, incremento de fuerza y tamaño de ciclones y huracanes, sequías prolongadas y también la reducción significativa de glaciares y nieves perpetuas. En particular, preocupan a la CIDH y a la REDESCA los serios impactos del cambio climático en el continente americano, destacando las graves consecuencias que ya está suponiendo para los países del Caribe o Centro América y cómo, también conforme al IPCC, afectará drásticamente el clima en Sudamérica con una alta ocurrencia de sequías y falta de lluvias para la región amazónica.

Al respecto, la CIDH y la REDESCA llaman a considerar el hecho que los efectos del cambio climático y la degradación ambiental resultan particularmente graves para aquellas poblaciones que están en situación de especial vulnerabilidad o de discriminación histórica y contribuyen muy marginalmente a las emisiones de efecto invernadero, como como son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y personas que viven en zonas rurales o viven en la pobreza. Muchas personas y poblaciones en las Américas ya están enfrentando inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muerte debido al calentamiento global. Consecuentemente, el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al agua y a un ambiente sano se están viendo y se verán cada vez más impactados, provocando una crisis social sin precedentes, que además se suma a la generada por la pandemia. Por ello, la Comisión y la REDESCA urgen a los Estados para que con base en la aplicación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, incrementen sus compromisos financieros climáticos a partir de un enfoque de equidad y de justicia social. En ese sentido, la CIDH y la REDESCA urgen a los países que más contribuyen con emisiones a la atmósfera, a que movilicen hasta el máximo de los recursos disponibles para una acción climática regional y global comprometida seriamente con los derechos humanos.

La CIDH y la REDESCA subrayan que el cambio climático representa una de las mayores amenazas para el pleno disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, para la salud de los ecosistemas y de todas las especies que habitan el planeta: a mayor aumento de la temperatura global, mayores efectos adversos y limitaciones se generarán para la realización de los derechos humanos. Por ello, reorientar el desarrollo hacia un modelo que permita diversificar la matriz energética, transitar hacia tecnologías más limpias, la eficiencia energética y avanzar en sistemas agroalimentarios sostenibles, son decisiones determinantes para hacer frente al cambio climático como para asegurar el respeto a los derechos humanos, al tiempo que se avanza en la reducción de la pobreza y de la desigualdad estructural en las Américas. Asimismo, la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 debe lograrse a partir de un enfoque "verde", mediante medidas que favorezcan la protección del medio ambiente y el combate efectivo del cambio climático.

La CIDH y la REDESCA recuerdan que en el sistema interamericano de derechos humanos se reconoce al medio ambiente sano como un derecho autónomo, interdependiente con los demás derechos humanos, tal como ha sido establecido en la Opinión Consultiva número 23 o en la sentencia del caso Lhaka Hontat (Nuestra Tierra) vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, destacan la relación estrecha entre los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, cuya interacción abarca innumerables facetas y alcances. Por ello, tal como establecieron en el informe "Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos", no sólo los Estados, al ejercer sus funciones regulatorias, fiscalizadoras y judiciales, sino también las empresas, como las instituciones financieras internacionales, en el marco de sus actividades y relaciones comerciales, deben tener en cuenta y respetar el derecho humano a un medio ambiente sano y el uso sostenible y conservación de los ecosistemas y diversidad biológica, poniendo especial atención a su estrecha relación con los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales o campesinas. Asimismo, subrayan la obligación inmediata de los Estados de implementar estrategias y políticas basadas en los derechos humanos y con perspectiva de género para reducir las emisiones de efecto invernadero y los efectos del cambio climático, en la que se incluya las responsabilidades jurídicas de las empresas y la debida protección de las personas defensoras del medio ambiente.

La CIDH y la REDESCA subrayan el papel positivo y relevante de las personas defensoras del medio ambiente, así como la necesidad de reconocimiento y protección especial que se debe dar a su trabajo y actividades de defensa de los derechos humanos al considerarlas fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Debe valorarse muy explícitamente la contribución que estos actores hacen en la observancia de los derechos humanos a través de la protección ambiental, reiterando el rol esencial que desempeñan dentro de los Estados en la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental. En tal sentido, llaman a los Estados Americanos a asegurar la participación efectiva en la toma de decisiones y políticas climáticas de quienes defienden la tierra, los territorios y el ambiente, así como de las comunidades afectadas por el cambio climático. Asimismo, alientan a la pronta firma y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú) por aquellos Estados de la OEA que aún no lo han hecho.

A través de Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH, la CIDH creó la REDESCA encargándole expresamente la tarea de desarrollar y fortalecer los estándares relativos al derecho humano al medio ambiente y, en particular, al impacto del cambio climático en los derechos humanos en las Américas. En consecuencia, en el marco de su Agenda Estratégica 2021-2023, la Relatoría Especial viene trabajando la materia como máxima prioridad del mandato, encontrándose a disposición de los Estados Americanos, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia y todas las partes interesadas para cooperar y fomentar el desarrollo de acciones climáticas respetuosas de los derechos humanos en las Américas.

La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, especialmente creada para fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en la materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 291/21

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