La CIDH y la REDESCA expresan su alarma por la escasez de información pública sobre la pandemia en Nicaragua, y exhortan al Estado a la implementación de medidas de prevención de la salud urgentes con sustento científico y con enfoque de derechos humanos

17 de noviembre de 2021

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (REDESCA), expresan su alarma por la poca diseminación de información de la pandemia por parte de las autoridades de gobierno de Nicaragua. Así, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano, las muertes atribuidas a COVID-19 oscilarían entre 190 o 200 por semana, contrariamente a lo indicado por el Ministerio de Salud (MINSA), que reporta una persona fallecida semanalmente.

En tal sentido, la CIDH y la REDESCA expresan su preocupación por la ausencia de una respuesta de salud pública por parte de las autoridades del país enfocada en adoptar medidas preventivas y eficaces del contagio por SARS-CoV2. Organizaciones de la sociedad civil, han registrado el continuo llamado por parte de autoridades del Estado a actividades de concentración masiva, sin medidas de precaución, desde reuniones partidarias, hasta celebraciones diversas y actividades de entretenimiento. Asimismo, se tiene registro que en los más reciente llamados públicos realizados por el gobierno nacional, no se incluyen las medidas de distanciamiento social ni se orienta una cuarentena voluntaria, lo que resulta especialmente preocupante dado el alto grado de contagios que se viene registrando por organizaciones de la sociedad civil y otros actores.

La Comisión y la REDESCA reiteran que la falta de adopción de medidas y acciones conforme a las recomendaciones de organizaciones internacionales especializadas en salud pública, en relación con el COVID-19, podrían poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de sectores importante de la población. Asimismo, recuerdan la obligación del Estado de permitir y asegurar el acceso de las personas a la información pública, la cual adquiere especial relevancia en condiciones que dicha información supone herramientas para el ejercicio de los derechos a la salud, a la integridad y, eventualmente a la vida, en la actual situación de pandemia global.

Por otra parte, preocupa a la CIDH y a la REDESCA que los índices de vacunación se encuentran muy bajos en comparación con otros países de la región. Si bien se tiene conocimiento que Nicaragua se encuentra con la capacidad instalada para vacunar, como mínimo, a 150,000 personas al día, de acuerdo con información pública la presente campaña de vacunación no estaría cumpliendo con estas expectativas. en este sentido, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Nicaragua tiene una de las tasas de vacunación más bajas de Latinoamérica, hasta mediados de noviembre solo el 7.38 % de la población había completado el esquema de vacunación.

A esto cabe añadir que, de acuerdo con información pública, el modelo de vacunación contra la COVID-19 que está implementando el Gobierno de Nicaragua, solo cubriría a 2.8 millones de personas, mayores de 30 años, que apenas representa el 32% de una población de más de seis millones de habitantes. Por su parte el Estado ha indicado que al menos 523.000 nicaragüenses han sido inmunizados desde que se inició el proceso de vacunación hace casi siete meses. El propio titular del Ejecutivo señaló en un acto público que la cifra corresponde a un 18,6% de la población que está programada para ser vacunada, todos mayores de 30 años. Según el jefe de Estado, se tiene planificado inocular al menos a 2 millones 800 mil personas, de estas ya han sido vacunadas 523 mil 557. Además, añadió que, a partir del 20 de septiembre al 9 de octubre, habría condiciones para recibir más vacunas y aplicar 400 mil dosis más. Pese a este anuncio, preocupan a la Comisión y a la REDESCA las dificultades que se han presentado para la ejecución de este plan de vacunación. Así, tienen presente que un día antes del inicio de esta fase se registraron filas y aglomeraciones en el departamento de Carazo y en Managua; donde no se respetaba el distanciamiento social, el aforo limitado, ni tampoco se habrían adoptado las medidas de bio seguridad requeridas.

La CIDH y la REDESCA también al Estado a tomar acciones concretas para prevenir el contagio masivo del virus especialmente acelerando los procesos de vacunación, toda vez que esta es la herramienta que mayores oportunidades brinda para detener el contagio del virus. En tal sentido, recuerdan y llaman a implementar las recomendaciones emitidas en las Resoluciones 1/2020, 4/2020 y 1/2021 de la CIDH; las cuales brindan un marco conceptual amplio que permite a las autoridades gubernamentales diseñar, planificar e implementar las políticas públicas y adoptar las medias que sean requeridas para enfrentar la pandemia desde un enfoque de derechos humanos.

Por otra parte, la CIDH y la REDESCA, reiteran su preocupación sobre la situación de las personas trabajadoras y profesionales del sector de la salud. Al respecto, observan que gremios y sindicatos de profesionales, trabajadores y trabajadoras del sector de la salud, de manera independiente, han realizado distintos esfuerzos para mitigar los efectos de la pandemia, especialmente buscando influenciar a la población en general a través de campañas de información en redes sociales y otros mecanismos que tienen a su disposición, dada la limitada información provista por el Estado. Adicionalmente las personas trabajadoras del sector de la salud, son parte de los grupos en mayor riesgo para contraer esta enfermedad, toda vez que, al 13 de octubre de 2021, según cifras del Observatorio Ciudadano, al menos 1.375 trabajadoras y trabajadores de salud han sido reportados con sintomatología asociada al COVID- 19 en todos los departamentos y regiones autónomas del país (en 85 municipios). Del mismo modo se reportan un total de 223 fallecimientos acumulados desde que inició la pandemia, aunque tal cifra podría ser mayor según indican organizaciones del sector de la salud.

Finalmente, la Comisión y la Relatoría Especial DESCA han tomado conocimiento de los continuos actos de hostigamiento, acoso y persecución en contra de las personas trabajadoras del sector de la salud, como consecuencia de la realización de su trabajo. En tal sentido, reiteran su condena a los actos perpetrados y urgen al Estado nicaragüense a cesar inmediatamente estas acciones, como a la protección efectiva de las personas profesionales de la salud. Ello incluye, especialmente, priorizar su inmunización con vacunas seguras y eficaces contra la COVID19.

La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 309/21

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