La CIDH urge a que el Estado de Brasil proteja a las niñas y niños del pueblo Yanomami víctimas de violencia

23 de maio de 2022

Washington, D.C. – La CIDH expresa profunda preocupación por la situación de violencia sistemática sufrida por el Pueblo Yanomami en Brasil, especialmente las denuncias sobre crímenes en contra de niñas y niños indígenas; e insta al Estado a proteger al Pueblo Yanomami y sus integrantes, con medidas efectivas, así como a investigar estos hechos de forma pronta y eficaz.

El pasado 25 de abril, un grupo de garimpeiros (buscadores de oro) ilegales atacó a la comunidad Yanomami de Aracaçá en la región de Waikás, Roraima -zona con intensa afectación por la explotación minera ilegal, según información pública. Como consecuencia de este hecho, una niña de 12 años habría sido violada y asesinada por los garimpeiros; mientras que, una mujer de 28 y su hijo de 3 años habrían sido secuestrados. La mujer habría logrado escapar, sin embargo, el niño habría sido arrojado a un río y aún se encuentra desaparecido.

La CIDH toma nota que la Policía Federal abrió una investigación, que sigue apurando los hechos, y que días después de la denuncia, una delegación del Ministerio Público Federal, la Policía Federal, la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI) y la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) visitó la comunidad y constató que ésta fue incendiada y muchos de sus residentes se desplazaron a otra comunidad. Según la información, dichas instituciones estatales manifestaron públicamente que no han encontrado evidencia de los hechos denunciados.

Asimismo, según información del Estado, desde la notificación del primer ataque a la referida comunidad indígena, el 10 de mayo de 2021, unidades desconcentradas de la FUNAI vienen trabajando de manera presencial con el apoyo de seguridad brindado por la Policía Federal y equipos estatales vienen brindando asistencia diaria a la comunidad indígena a través de refuerzos de la seguridad. Asimismo, una comisión de parlamentarios estaría realizando una visita a Roraima para monitorear el progreso de las investigaciones y entrevistarse con liderazgos y autoridades indígenas.

Los hechos ocurren en un contexto en el que los campamentos mineros en el territorio Yanomami crecieron un 3.25% entre el 2016 y 2020. Asimismo, en 2021, la minería ilegal avanzó 46% en comparación con el 2020, según datos de la sociedad civil. El incremento de la invasión de sus territorios ha sido denunciado reiteradamente por el Pueblo Yanomami y la CIDH se ha pronunciado sobre el tema en distintos informes, comunicados, además de otorgar medidas cautelares en preocupación a la supervivencia física y cultural de esos pueblos. En su Informe Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía, la CIDH constató la sistemática invasión del territorio Yanomami a raíz de la minería ilegal y observó que los conflictos y violencia contra los Yanomami continuarán si no se implementan medidas de protección de su territorio y los mineros no sean expulsados de la zona.

La presencia de la minería ilegal ha traído un aumento de casos de malaria y otras enfermedades infectocontagiosas, la contaminación por mercurio y el recrudecimiento de la violencia, y la violencia sexual perpetrada por los garimpeiros contra mujeres y niñas Yanomami.

La CIDH advierte que las vulneraciones a los derechos de niñas y mujeres indígenas no solo les impacta a ellas individualmente, sino también afectan negativamente a sus pueblos de origen, con graves quiebres en el tejido social, y el aumento de la sensación de indefensa e impunidad.

El Estado de Brasil debe cumplir con su deber integral de proteger la vida, la integridad personal, y las tierras, territorios y los recursos naturales del pueblo Yanomami; y con su obligación de investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los actos de violencia.

La CIDH valora los esfuerzos desplegados por las autoridades competentes de Brasil en el lugar de los hechos. Al mismo tiempo recuerda que, en el caso de las mujeres y niñas indígenas, la investigación de los actos de violencia referidos debe tomar en cuenta el principio de debida diligencia reforzada, buscando que la investigación sea llevada a cabo bajo una perspectiva intercultural y de género, priorizando un enfoque de protección integral para mujeres, niñas y adolescentes, en situación de intersección de dos o más factores de discriminación. Además, recuerda las graves repercusiones que produce el incumplimiento del deber de debida diligencia en investigar y sancionar actos de violencia de género, y resalta que la impunidad de estos delitos envía el mensaje de que esta violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación.

Por último, la CIDH insta al Estado a que, en cumplimiento de los estándares sobre derechos a la participación de los pueblos indígenas, se establezcan mecanismos de reparación con perspectiva de género a favor de integrantes del pueblo Yanomami que hayan sufrido actos de violencia por parte de terceros que ingresan a su territorio, y en particular actos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes Yanomami. Las reparaciones otorgadas por el Estado también deben incluir una perspectiva intercultural e intergeneracional, como las reparaciones de carácter individual y colectivo que tengan en cuenta los impactos de los hechos de violencia sexual a las mujeres y niñas y a sus familias y comunidades.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

A CIDH é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA), cujo mandato surge a partir da Carta da OEA e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Comissão Interamericana tem como mandato promover a observância e defesa dos direitos humanos na região e atua como órgão consultivo da OEA na temática. A CIDH é composta por sete membros independentes, que são eleitos pela Assembleia Geral da OEA a título pessoal, sem representarem seus países de origem ou de residência.

No. 110/22

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