5 años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua: CIDH llama al restablecimiento de la democracia y se solidariza con las víctimas

18 de abril de 2023

Washington D.C.- En el quinto aniversario del inicio de las protestas sociales en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su solidaridad con las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de abril de 2018. Además, insta al restablecimiento de un régimen democrático en Nicaragua, mediante el establecimiento de elecciones libres, participativas y transparentes; de un sistema de pesos y contrapesos; y de procesos dirigidos a garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018 por personas mayores y apoyadas por jóvenes y estudiantes universitarios en respuesta a reformas propuestas a la Ley de Seguridad Social, reflejaron espontáneamente el descontento social acumulado a través de los años frente a procesos institucionales que fueron coartando la expresión ciudadana, cooptando instituciones públicas y concentrando los poderes públicos en el Ejecutivo. Ello debido a factores como la instalación de facto de un estado de excepción, el quebrantamiento del principio de separación de poderes y la falta de acceso a un sistema de justicia independiente, igualitario y equitativo.

La respuesta estatal represiva y violenta frente a las protestas y la disidencia continúa hasta la fecha. La CIDH identificó diferentes etapas y niveles de intensidad, que desencadenaron una crisis política, social, económica y de derechos humanos, que sigue profundizándose. En efecto, durante los últimos 5 años en Nicaragua, dichas violaciones han resultado en la muerte de al menos 355 personas; más de 2 mil heridas; 2.090 privadas de la libertad;322 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad; y más de 3 mil organizaciones canceladas. Además, al 31 de marzo de 2023, 26 personas permanecen detenidas arbitrariamente.

La CIDH ha registrado más de 400 despidos de personas trabajadoras de la salud por ejercer su labor o tener una posición crítica al gobierno, inclusive en el contexto del manejo de la pandemia del COVID-19. Del mismo modo, persisten las represalias y detenciones arbitrarias contra estudiantes y lideres universitarios que participaron en las protestas sociales. Desde 2018, más de 150 estudiantes fueron expulsados de sus universidades; además, más de una decena de universidades privadas y centros de estudios han sido cerradas forzadamente con el fin de limitar la libertad académica en todo el país.

Con posterioridad a la toma de posesión de Daniel Ortega para el cuarto mandato consecutivo, la CIDH observó la radicalización de una nueva etapa represiva para suprimir el espacio cívico y democrático en Nicaragua, a través del cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, la desarticulación de movimientos sociales y de medios de comunicación -restringiendo la libertad de prensa y de expresión-, así como la persecución selectiva de cualquier persona que cuestiona al gobierno en cualquier ámbito de participación cívica y social y por tanto considerada opositora al gobierno, incluyendo el religioso.

En lo que va del año 2023, la CIDH condenó la escalada de nuevas violaciones a derechos humanos. En particular, la excarcelación de 222 personas, el 9 de febrero, a quienes se les privó arbitrariamente de la nacionalidad luego de ser "deportadas" a los Estados Unidos, como forma de castigo. Ello, sin estar previsto en la legislación interna y de manera contraria al principio de legalidad e irretroactividad de las penas. Asimismo, el 15 de febrero, la CIDH rechazó la resolución judicial que privó de la nacionalidad, de sus derechos políticos y de todas sus propiedades a otras 94 personas identificadas como opositoras políticas, a las que condenó como "prófugas de la justicia" y "traidoras a la patria" sin ningún juicio previo.

En esta etapa de cierre y control total, la represión contra los sectores críticos de la Iglesia Católica nicaragüense y las restricciones a la libertad de religión de la población se intensificó. En días recientes, más de 20 personas habrían sido detenidas en diferentes partes del país, algunas de ellas por el incumplimiento de la prohibición policial impuesta a la realización de celebraciones católicas en el espacio público. Entre otros, destaca el caso del periodista Victor Ticay, quien fue detenido el 6 de abril por cubrir una procesión religiosa en el municipio de Nandaime. A la fecha, tres sacerdotes permanecen privados arbitrariamente de la libertad, entre ellos, Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, sentenciado por el delito de "traición a la patria" a 26 años de cárcel, y a la privación de su nacionalidad y derechos políticos.

En el transcurso de 2023, la CIDH también ha venido dando seguimiento a una serie de ataques contra las comunidades indígenas en la Costa Caribe, inclusive contra beneficiarias de medidas de protección otorgadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Según la información recibida, uno de los últimos ataques fue perpetrado el 11 de marzo por parte de colonos armados en la comunidad Wilú y resultó en la muerte de al menos 5 personas, varias heridas, así como en el desplazamiento de algunas familias que se habrían visto forzadas a huir para proteger sus vidas. Estos hechos se enmarcan en un patrón sistemático de ataques a las comunidades indígenas de la Costa Caribe que han afectado gravemente el derecho a la vida e integridad de personal de sus miembros, así como el derecho a la tierra, al territorio y a la supervivencia de las comunidades.

Como antecedente, en el Informe de 2018, la CIDH concluyó que la violencia estatal estuvo dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político, y que se siguió un patrón común, caracterizado por: a) el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, incluso la fuerza letal, b) el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, c) obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones, d) un patrón de detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban en protestas, e) la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta, f) intimidaciones y amenazas contra lideres de movimientos sociales y g) falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en el este contexto., medidas de censura directa e indirecta, f) intimidaciones y amenazas contra lideres de movimientos sociales y g) falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en el este contexto.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua) señaló que, en el contexto del ataque sistemático perpetrado en contra de la población civil como represalia a las protestas sociales, se desarrollaron hechos que, conforme al derecho internacional, deben calificarse de crímenes de lesa humanidad.

Todas las violaciones a los derechos humanos documentadas desde el 2018 hasta la fecha, se encuentran en total impunidad ante la falta de independencia de los poderes públicos y, en particular, la ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente, lo que mantiene un clima de terror y censura en la población. Por último, la CIDH observa que la crisis política, social y de derechos humanos, aunada a la persecución contra toda persona considerada opositora, continúa forzando a miles de personas a huir de Nicaragua. Más de 250 mil personas habrían sido desplazadas forzadamente a otros países desde 2018.

En este grave contexto, y a cinco años de esta crisis de derechos humanos que afecta al país, la Comisión expresa su solidaridad con las víctimas y la población nicaragüense y reitera su compromiso de seguir trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua mediante todas sus herramientas convencionales, en particular, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). Finalmente la CIDH hace un llamado a los Estados de la región y a la comunidad internacional para promover el retorno a la democracia y a la plena vigencia del Estado de Derecho en Nicaragua.

La CIDH continúa trabajando en la construcción y actualización de bases de información así como en la elaboración de informes que puedan coadyuvar a los esfuerzos para resguardar la verdad histórica y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en un eventual proceso de transición a la democracia. En este sentido, publica el registro histórico de personas privadas de la libertad por motivos políticos en Nicaragua entre el 18 de abril de 2018 y el 10 de febrero de 2023 que se encuentra disponible en su sitio web.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 067/23

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