REDESCA de la CIDH llama a avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas recicladoras en empleo informal en la región

1 de mayo de 2023

Washington D.C.- En el marco del Día Internacional de las personas Trabajadoras, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) llama a los Estados americanos a avanzar en el reconocimiento de los aportes sociales, económicos y ambientales de las personas recicladoras en empleo informal, así como a respetar y garantizar efectivamente sus derechos humanos. Para ello, deben tener especialmente en cuenta la importante labor que realizan, así como la situación de vulnerabilidad en la que viven y desarrollan sus tareas las personas recicladoras, en un contexto marcado por la discriminación y la criminalización de la pobreza.

Debido a la alta generación de residuos en las ciudades y a las ineficientes políticas de gestión de residuos por parte de los Estados, así como a las bajas tasas de reciclaje, las personas recicladoras informales encuentran una fuente de ingresos diarios en la recolección, segregación, reutilización, almacenamiento, transporte y venta de materiales reciclables, que obtienen de la basura que la gente desecha -como cartón, papel, metal, vidrio o plástico, entre otros materiales-. Las fuentes de obtención de estos materiales son, principalmente, las calles de las ciudades (en contenedores o bolsas que se dejan en las aceras o en la recogida domiciliaria) y los vertederos al aire libre (destino final de los residuos).

La Organización Internacional del Trabajo en su informe sobre "Desarrollo sostenible, trabajo decente y empleos verdes", ha reconocido que en el mundo hay 24 millones de personas que dependen de la recualificación, de las cuales 20 millones son personas trabajadoras informales en el mundo en desarrollo, siendo las mujeres las que más personas dedican a esta actividad. Según el Banco Internacional de Desarrollo (BID), en América Latina se calcula que más de 4 millones de personas encuentran su medio de vida en la recuperación, recogida, transporte y comercialización de residuos reciclables. Además, varios estudios patrocinados por el BID confirman que los únicos residuos urbanos que se reciclan en los países latinoamericanos son los que recogen, clasifican y recuperan las personas recicladoras a través de esquemas informales.

Sin embargo, las personas recicladoras informales no son reconocidas como trabajadoras ni cuentan con ningún tipo de protección laboral o social, trabajan en condiciones antihigiénicas, técnica y económicamente precarias, y son discriminadas por la sociedad y las autoridades. El estigma con el que viven provoca su constante criminalización y persecución, dificultando el ejercicio de su trabajo y poniendo en riesgo su subsistencia.

Con su trabajo, las personas recicladoras informales contribuyen al saneamiento de las ciudades, reducen los costes de producción de materias primas y su impacto sobre los recursos naturales, además de disminuir los gases de efecto invernadero. La organización no gubernamental WIEGO también ha demostrado que este trabajo ahorra hasta un 30% del espacio utilizado en los lugares de depósito de residuos y reduce las emisiones contaminantes hasta 25 veces más que en los casos en los que se utilizan métodos de incineración.

Además, el trabajo informal de reciclaje, que generalmente se realiza sin reconocimiento ni remuneración, también representa un enorme ahorro para el presupuesto público que beneficia no sólo a las ciudades y los Estados, sino también a la población en general. Según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, quienes trabajan para proteger el medio ambiente, del que depende el disfrute de los derechos humanos, también protegen y promueven los derechos humanos, independientemente de que se identifiquen como personas defensoras de los derechos humanos, como sería el caso de las personas recicladoras informales. Es por ello que los Estados deben establecer un entorno seguro y propicio para que las personas recicladoras actúen sin amenazas, acoso, intimidación o violencia.

REDESCA recuerda que, tal y como se recoge en el Informe sobre Pobreza y Derechos Humanos en las Américas de la CIDH, la pobreza y la pobreza extrema se traducen generalmente en situaciones que constituyen una violación del derecho básico a la no discriminación. Así, la pobreza conlleva a menudo la negación de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es cierto en el caso de las personas recicladoras, que generalmente viven en la pobreza o en la pobreza extrema.

En la región, el trato que los Estados dan a las personas recicladoras en empleo informal parece ignorar que las personas trabajadoras en empleo informal también tienen derecho al trabajo, independientemente de su situación de informalidad. Es por ello que la REDESCA insta a los Estados a adoptar medidas especiales para eliminar la discriminación basada en la condición de informalidad o pobreza en la que las personas recicladoras realizan su trabajo, adoptando medidas y políticas específicas para promover los derechos laborales, sindicales y de seguridad social de las personas recicladoras de conformidad con los estándares interamericanos en la materia. promoviendo su participación efectiva en los asuntos que los involucran. Asimismo, insta a que se reconozca su importante contribución a la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático en los términos de la resolución 3/2021 de la CIDH y REDESCA.

REDESCA es una oficina autónoma de la CIDH, creada especialmente para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promover y proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las Américas.

No. RD082/23

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