CIDH condena la muerte violenta de al menos 16 personas en el marco de operativos policiales en Brasil

8 de agosto de 2023

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la muerte violenta de al menos 16 personas durante un operativo policial en la región de la Baixada Santista, estado federado de São Paulo, en Brasil. La Comisión insta al Estado a investigar pronta, diligente y exhaustivamente los hechos ocurridos considerando toda la cadena de mando, sancionar a quienes resulten responsables y reparar integralmente a las víctimas y sus familiares.

Las muertes ocurrieron en el marco de la acción policial conocida como "Operación Escudo", que se inició el 28 de julio en el municipio de Guarujá después del asesinato de un agente policial por el crimen organizado que opera en esa región. Una de las víctimas mortales estaría caminando hacia el mercado, mientras que otra habría sido retirada de su casa mientras cargaba a su bebé y ejecutada. A pesar de las pérdidas de vidas humanas, las autoridades locales declararon que la operación en la Baixada Santista se extenderá por un período de 30 días.

La Defensoría Pública de São Paulo, a su vez, instó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal la interrupción inmediata del operativo policial y que los militares involucrados en las muertes sean retirados temporalmente de los operativos. Además, solicitó información sobre la excepcionalidad de la acción bajo las directrices establecidas por el Tribunal Supremo Federal (STF) de 2020 respecto de incursiones policiales en comunidades. A su vez, la persona ombudsperson de las policías de São Paulo informó que investigará los hechos por medio de las imágenes capturadas por las cámaras corporales de los uniformes policiales.

En el ámbito del gobierno federal, según la información proporcionada por el Estado, el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía afirmó que las denuncias relacionadas con la mencionada operación "son graves y deben ser investigadas con rigor". Además, informó que "la Oficina Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos fueron contactadas para supervisar las investigaciones y supervisar las medidas tomadas por las autoridades con respecto a este incidente, además de dialogar con otras autoridades para comprender lo sucedido". El Ministro Silvio Almeida "enfatizó que se cometió un crimen bárbaro y que el respeto por los derechos humanos debe preservarse tanto para los agentes de seguridad pública como para la población de las áreas donde actúa la policía".

Estos graves hechos se enmarcan en el incremento de la violencia policial de São Paulo. Según datos oficiales de ese estado federado, el número de muertes causadas por agentes de la policía militar en servicio aumentó un 26% en el primer semestre de 2023, pasando de 123 muertes registradas durante los primeros seis meses de 2022, a 155 en el mismo período de este año. El aumento indica un cambio en la disminución del 57% observado después de la introducción de cámaras corporales entre los años 2019 y 2022, según un estudio publicado por la Fundación Getúlio Vargas de São Paulo.

Dichas acciones llegarían a indicar un patrón de ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas de seguridad, que han cobrado distintas vidas en Brasil en los últimos meses. Ese ha sido el caso de la masacre de 28 personas en la Favela de Jacarezinho, así como de 23 en la Vila Cruzeiro en mayo de 2022. En las últimas semanas, han fallecido al menos 10 personas en Rio de Janeiro y 19 en Bahía por el accionar de las fuerzas de seguridad.

En cuanto a las muertes en Bahía, el Estado comunicó que el ministro Silvio Almeida ha ordenado "formalmente a la Oficina Nacional de Derechos Humanos que supervise la investigación del caso y escuche a las autoridades, así como a la sociedad civil", reconociendo que "las intervenciones policiales que resultan en un alto número de muertes no son compatibles con un país que busca ser democrático y en consonancia con los Derechos Humanos".

La Comisión Interamericana reafirma que, tal y como fuera indicado en su informe de Brasil, la violencia policial en ese país responde a un contexto de discriminación racial sistémica, donde las fuerzas de seguridad realizan operaciones en áreas expuestas a la vulnerabilidad socioeconómica y con una alta concentración de personas afrodescendientes y jóvenes, sin observancia de los estándares internacionales de derechos humanos.

En esta oportunidad, se reitera al Estado su deber de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de uso de la fuerza basados en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad con miras a reformar sus políticas de seguridad ciudadana. Finalmente recuerda que, en un Estado de Derecho, corresponde la justicia ordinaria investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes policiales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 177/23

10:00 AM