Oficina de Prensa de la CIDH
Washington D.C.- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución No. 03/2023 Derechos Humanos, la Instrumentalización del Sistema de Justicia y los Graves Riesgos para el Estado de Derecho en Guatemala ante la grave crisis política e institucional en ese país derivada de las acciones e injerencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público que atentan contra el resultado de las Elecciones Generales y el proceso de transición de la Presidencia y Vicepresidencia de la República en curso.
En la Resolución la CIDH alerta a los Estados Miembros de la OEA y a la comunidad internacional sobre una inminente ruptura del orden constitucional debido al abuso de poder y la instrumentalización de la función constitucional de investigación de delitos por parte del Ministerio Público con la finalidad de invalidar la integridad y los resultados del proceso electoral y evitar la toma de posesión de las autoridades electas conforme a la voluntad popular expresada en las elecciones generales.
La CIDH advierte que la instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala, desde el inicio del proceso electoral, han puesto de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público. Así como la erosión del sistema de controles y contrapesos del Estado democrático de derecho debido a la ausencia de garantías del Poder Judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad; y la complacencia del Poder Ejecutivo, colocando en entredicho el orden constitucional, el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos de la población.
Además observa el acelerado trámite de procesos de antejuicio y otras decisiones severamente cuestionadas que han sido tomadas por el Congreso de la República en esta coyuntura, como por ejemplo el levantamiento de inmunidad a las personas magistradas del Tribunal Supremo Electoral.
La CIDH formula una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala, entre las cuales insta a todos los poderes públicos a garantizar el respeto al orden constitucional y la preservación del Estado de derecho; llama a garantizar mecanismos para la rendición de cuentas de la persona titular de la Fiscalía General y el Ministerio Público compatibles con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y con el principio de autonomía e independencia de dicha institución; garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se realicen conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, libre de injerencias políticas indebidas. Asimismo, insta a proteger la vida y la integridad de las autoridades políticas electas, personas defensoras, periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, a los pueblos indígenas y a sus autoridades ancestrales.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 287/23
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