Nicaragua: CIDH condena la aprobación de la reforma constitucional que elimina los contrapesos democráticos

27 de noviembre de 2024

Washington, D.C.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la aprobación de la reforma a la Constitución Política de Nicaragua que modifica más de cien artículos. Esta reforma, aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de noviembre de 2024 consolida un régimen autoritario en el país y constituye otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos.

Entre los cambios más preocupantes, la reforma establece un modelo de "democracia directa" que centraliza el poder en la Presidencia de la República, ahora encabezada por un Co-Presidente y una Co-Presidenta con mandatos de seis años. Este modelo elimina el principio de separación de poderes subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo. Además, otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para destituir a personas que ocupan cargos públicos y que no se alineen con los "principios fundamentales" de la Constitución reformada.

Adicionalmente, mediante la reforma se refuerza el control del Ejecutivo sobre las fuerzas armadas y policiales, asegurando un aparato represivo que amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación. En particular, se facilita el uso del Ejército bajo términos ambiguos como la "estabilidad de la República" para reprimir a la oposición. Asimismo, se oficializa la Policía Voluntaria, un cuerpo auxiliar compuesto por ciudadanos voluntarios, cuya actuación ha sido vinculada a actos represivos desde las protestas iniciadas en 2018. Estas medidas consolidan un entorno de militarización y control social, profundizando la capacidad del régimen para sofocar cualquier disidencia.

Otros aspectos preocupantes de la reforma incluyen la reducción en la composición y la alteración de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, profundizándose su falta de independencia. Así como modificaciones que amplían las potestades del Ejecutivo para despojar arbitrariamente de la nacionalidad a personas nicaragüenses y, a la vez. confiscar sus bienes. Práctica que se ha venido usado como una herramienta de persecución política.

La CIDH advierte que estas modificaciones contravienen los principios fundamentales del Estado de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes establecidos en la Carta Democrática Interamericana. La reforma formaliza la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo. Proceso ampliamente documentado por la CIDH en su informe Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho, que identificó la ruptura de los principios democráticos y la subordinación de todas las instituciones públicas desde la crisis de derechos humanos de 2018.

La CIDH recuerda que la relación entre derechos humanos, Estado de derecho y democracia está plasmada en la Carta Democrática Interamericana, la cual establece que "los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla". La democracia representativa es la base del Estado de derecho y constituye un elemento esencial para el desarrollo político, social y económico de las naciones de la región.

En este contexto, la CIDH hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que redoble esfuerzos encaminados a promover la restauración de la democracia en Nicaragua. Asimismo, exhorta a adoptar medidas coordinadas y efectivas para proteger los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense y salvaguardar los principios democráticos en la región.

La CIDH reafirma su compromiso de promover y proteger los derechos humanos y seguirá monitoreando de cerca la situación en el país, al tiempo que mantiene su solidaridad con cada persona nicaragüense dentro y fuera del territorio nacional.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 295/24

10:20 AM