Cuba: CIDH, RELE y REDESCA condenan represión a organizaciones y medios, en el contexto de una grave crisis social y económica

4 de diciembre de 2024

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión (RELE) y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) condenan la creciente represión en Cuba contra personas opositoras y voces disidentes en medio de la grave crisis social y económica. En este contexto, reafirman su llamado al Estado para que ponga fin a las prácticas intimidatorias y garantice el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

En la segunda mitad de 2024, la CIDH continuó documentando patrones represivos persistentes por parte del régimen cubano, dirigidos especialmente a personas periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos y opositoras políticos. De acuerdo con reportes recibidos, estas prácticas incluyen, cortes de internet, arrestos domiciliarios, operativos de vigilancia, detenciones arbitrarias, multas, citaciones e interrogatorios.

Según informes públicos, se han activado procesos judiciales e impuesto sanciones penales contra manifestantes, así como amenazas para disuadir la participación en protestas y ceremonias religiosas. El 17 de julio de 2024, la CIDH conoció sobre la condena a prisión de al menos seis activistas por su participación en las protestas del 6 de mayo de 2023 en Caimanera, Guantánamo, quienes enfrentarían acusaciones de "desórdenes públicos", "instigación a delinquir", "lesiones leves" y "atentado".

Además, la CIDH recibió información sobre la detención arbitraria de al menos 12 miembros de las Damas de Blanco el 14 de octubre de 2024, y sobre al menos 25 detenciones en el marco de las más de 70 protestas que se dieron desde mediados de octubre ante el colapso del sistema eléctrico. A esto, se suman reportes sobre la situación deplorable de detención que enfrentan las personas privadas de libertad en Cuba. En particular, la CIDH condena la muerte de Jesús de Guillen Esplugas ocurrida a finales de noviembre en la prisión Combinado del Este. Según informes públicos, falleció tras recibir una golpiza en el centro de reclusión, presuntamente a manos de funcionarios públicos.

Desde septiembre de este año, reportes públicos han señalado una intensificación de la represión contra periodistas y personas comunicadoras con amenazas, detenciones arbitrarias, visitas no anunciadas a domicilios y citaciones para interrogatorios, entre otros. También se han activado procesos penales por supuestos delitos como "mercenarismo" y "propaganda contra el orden constitucional" bajo el Código Penal cubano y la Ley de Comunicación Social, que entró el vigor el 4 de octubre, y condenas penales por delitos relacionados con la afectación "al honor y la integridad" derivados de publicaciones críticas en redes sociales. Igualmente, se han conocido reportes sobre intimidaciones hacia familiares de periodistas, confiscación de equipos de trabajo y despojo de ahorros.

En particular, la RELE expresa su preocupación por recientes informes que indican que periodistas han sido grabados sin su consentimiento y forzados a auto inculparse en delitos que no cometieron, así como a proporcionar información falsa sobre los medios en los que trabajan. Según información disponible, agentes del Estado han ejercido presión sobre profesionales de la prensa para que revelen detalles sobre sus ingresos, renuncien públicamente y declaren su intención de no colaborar ni participar en medios o proyectos independientes considerados subversivos.

La CIDH y su RELE recuerdan que la libertad de asociación y de expresión son derechos fundamentales e inalienables, inherentes a todas las personas y requisitos indispensables en una sociedad democrática. Por lo anterior, reiteran su llamado al Estado cubano para que adopte medidas inmediatas a fin de garantizar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de las libertades de asociación, expresión y de prensa, incluyendo el cese de la persecución judicial y toda práctica represiva. Además, llaman a liberar a todas las personas detenidas por su labor de defensa de los derechos humanos o por manifestarse críticamente.

Todo esto se desarrolla en un contexto de profunda crisis social y económica, exacerbada por la continuidad del embargo económico impuesto por Estados Unidos, lo que agrava aún más las condiciones para la garantía de los DESCA de la población cubana. En este marco, la REDESCA expresa su preocupación por los dos apagones ocurridos en las últimas semanas: uno provocado por una avería en una central termoeléctrica y otro debido al paso del huracán Rafael. Según información pública, estos cortes prolongados han paralizado la producción, dificultado el acceso a servicios básicos esenciales, ya de por sí escasos, como alimentos, agua y medicamentos y afectado el funcionamiento normal de escuelas, hospitales y eventos culturales.

La CIDH y la REDESCA exhortan al Estado a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin discriminación y en condiciones de igualdad, prestando especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas privadas de libertad y quienes viven en situación de pobreza.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 306/24

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