REDESCA presenta observaciones preliminares de la visita de trabajo a Brasil

13 de diciembre de 2024

Washington, D.C.- La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó con éxito su visita de trabajo a Brasil, llevada a cabo del 2 al 6 de diciembre de 2024. La misión, liderada por el Relator Especial Javier Palummo, se centró en evaluar los devastadores impactos de las inundaciones ocurridas en abril y mayo de este año en el estado de Rio Grande do Sul, una de las mayores tragedias socioambientales en la historia reciente de Brasil, que afectó a más de 2,3 millones de personas.

Durante la visita, la REDESCA tuvo reuniones en Brasilia, luego visitó Porto Alegre y regiones particularmente afectadas, incluyendo el Valle de Taquarí, especialmente los municipios de Estrela y Lajeado, y Eldorado do Sul, con el objetivo de documentar los efectos de la tragedia en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y analizar las respuestas gubernamentales y comunitarias. La delegación mantuvo reuniones con autoridades federales y estatales, incluida la Ministra de Derechos Humanos y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados, así como con representantes de la sociedad civil, academia y comunidades directamente afectadas, como pueblos indígenas, comunidades quilombolas y trabajadores de la economía informal.

La REDESCA expresa su profunda preocupación por la recurrencia de inundaciones en Rio Grande do Sul, que se han convertido en eventos frecuentes y de creciente intensidad. Estas situaciones no deben considerarse fenómenos aislados, sino parte de una tendencia alarmante vinculada al cambio climático. Sin embargo, según información proporcionada por la comunidad científica, otros factores antrópicos han desempeñado un papel significativo en la exacerbación de los riesgos. Entre ellos, destacan la deforestación, las transformaciones en el uso del suelo, el incremento de áreas cultivables y la sustitución de cultivos tradicionales por monocultivos intensivos, prácticas que han reducido drásticamente la capacidad de absorción hídrica del territorio y aumentado su vulnerabilidad frente a las lluvias intensas.

Las recientes inundaciones tuvieron un impacto ambiental devastador que fue mucho más allá de la simple inundación de tierras bajas. Según la información disponible, este fenómeno incluyó erosión del suelo, deslizamientos de tierra y deposición de materiales en las tierras bajas, y dispersión de sustancias industriales, aumentando la fragilidad ambiental de la región. Las precipitaciones extremas generaron un flujo denso de agua cargado de arena y lodo, con el potencial de degradar ecosistemas, alterar hábitats acuáticos y terrestres, y afectar la biodiversidad. Asimismo, según información recibida, el sistema de diques de contención, clave para mitigar el riesgo de inundaciones, habría perdido efectividad debido a la falta de mantenimiento y actualizaciones tecnológicas, lo que habría contribuido a su colapso durante la última inundación, causando graves daños en la capital del estado. Aunque la región ha enfrentado históricamente inundaciones debido a su geografía e hidrología, la magnitud y los efectos del desastre reciente resaltan la urgente necesidad de revisar y fortalecer las políticas preventivas. Restaurar los ecosistemas locales y fomentar prácticas sostenibles de manejo del suelo y biodiversidad deben ser prioridades para mitigar riesgos futuros y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático y otros factores socioambientales.

La Relatoría Especial también subraya la importancia de abordar con urgencia las causas subyacentes de estos fenómenos, sobre la base en la mejor ciencia disponible y, según proceda, en los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos locales. Es imprescindible promover un análisis integral que contemple la interacción entre las políticas de uso del suelo, los patrones de desarrollo agrícola y los impactos del cambio climático, a fin de desarrollar estrategias de precaución, prevención y de mitigación que reduzcan los riesgos de futuras tragedias. Este enfoque es esencial para garantizar la resiliencia de la región y proteger los DESCA de las comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad.

La REDESCA reconoce y saluda los esfuerzos significativos realizados por el Estado brasileño, tanto a nivel federal como estadual y municipal, en respuesta a las devastadoras inundaciones en Rio Grande do Sul, destacando especialmente la rápida movilización de recursos financieros y logísticos por parte del gobierno federal, incluyendo la ampliación de beneficiarios de programas sociales. Las acciones desplegadas involucraron la coordinación entre autoridades gubernamentales, fuerzas armadas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, lo que permitió una respuesta inmediata y eficaz para mitigar los impactos del desastre y atender las necesidades urgentes de las comunidades afectadas. La rápida intervención de las fuerzas armadas fue fundamental en las labores de rescate, incluyendo evacuaciones de emergencia y la distribución de recursos esenciales, como alimentos y agua potable, entre otros elementos clave. Este accionar no solo permitió salvar vidas, sino también reducir significativamente los riesgos inmediatos para las poblaciones más vulnerables.

Si bien estos esfuerzos son dignos de reconocimiento, la REDESCA enfatiza la importancia de integrar las acciones de emergencia en un marco más amplio de planificación preventiva y resiliencia, alineado con los estándares interamericanos de derechos humanos. Un enfoque integral que incluya las causas, la preparación, la reducción de riesgos y la respuesta sostenible es esencial para enfrentar los crecientes desafíos de la crisis climática. En este contexto, destacan las medidas de planificación preventiva y resiliencia reflejadas en el Plan Clima 2024-2035 del gobierno federal, que fue presentado a la REDESCA durante las reuniones. Durante la visita, la Relatoría Especial recibió testimonios de personas y comunidades afectadas que destacaron la necesidad de una política integral de respuesta ante emergencias climáticas y gestión de riesgos, así como la fragmentación de las políticas públicas entre los distintos niveles de gobierno.

También la REDESCA reconoce y saluda la asignación de importantes recursos financieros por parte de los gobiernos federal y estatal, destinados a la reconstrucción de infraestructura y la asistencia directa a las zonas afectadas. Estas iniciativas reflejan un compromiso importante para mitigar los impactos de las inundaciones y apoyar la recuperación de las comunidades. Sin embargo, la Relatoría Especial observa que, a pesar de estos esfuerzos, las acciones realizadas hasta el momento no han sido suficientes para garantizar condiciones adecuadas de vida para varias de las comunidades más afectadas. Así, la REDESCA identificó, según la información recogida, desafíos significativos en la garantía de los DESCA de las poblaciones afectadas. Entre los asuntos más críticos se encuentra la vivienda digna, ya que miles de personas aún residen en zonas con elevado riesgo de inundación, en condiciones precarias, albergues, habitaciones temporales o en casas de familiares o vecinos. En el ámbito de la salud, persisten carencias significativas en la atención médica, particularmente en el acceso a servicios especializados en salud mental. Asimismo, se evidencian dificultades relacionadas con el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, debido a la interrupción de los cursos durante el periodo crítico de las inundaciones y al uso de algunas instituciones educativas como espacios de albergue para personas afectadas.

Particularmente preocupante es la situación de las comunidades y grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, las comunidades quilombolas y las mujeres, quienes pueden enfrentar mayores dificultades debido a la falta de atención a sus necesidades específicas en el proceso de reconstrucción. Estas poblaciones suelen ser desproporcionadamente afectadas por desastres naturales debido a desigualdades estructurales preexistentes y a su limitado acceso a recursos, información y mecanismos de apoyo. Lo que subraya la importancia de  los enfoques interseccionales que consideren las particularidades sociales, culturales y económicas de las comunidades afectadas.  En especial, las personas trabajadoras de las economías informales se vieron especialmente afectadas por las inundaciones. Actividades como la recolección de residuos y la pesca sufrieron pérdidas significativas debido a la destrucción de infraestructuras, la degradación de los ecosistemas acuáticos y la interrupción de sus cadenas productivas. Esto no solo ha agravado la situación socioeconómica de las comunidades que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, sino que también ha generado un aumento en la inseguridad alimentaria y en las dificultades para garantizar medios de vida sostenibles.

La REDESCA subraya la importancia de ampliar la participación social en los procesos de toma de decisiones sobre políticas ambientales y climáticas, asegurando que las voces de las comunidades vulnerables sean escuchadas e incorporadas de manera significativa. Para ello, es esencial fortalecer la producción y difusión de información accesible, basada en evidencia científica, que permita a las comunidades comprender los desafíos y participar de forma informada. Esta participación también es una herramienta para desarrollar políticas más inclusivas, eficaces y alineadas con las necesidades reales de las personas afectadas.

En este contexto, la REDESCA manifiesta su preocupación por la existencia de desinformación climática en el contexto de la tragedia ocurrida en Rio Grande do Sul. Esta desinformación incluye la propagación de información falsa o imprecisa sobre las causas y los impactos de las inundaciones y del cambio climático en general. Tal fenómeno no solo ha generado confusión entre las comunidades afectadas, sino que también dificulta la adopción de medidas informadas y eficaces para prevenir y mitigar futuros desastres. La Relatoría Especial subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de producción de información, comunicación y alerta para combatir la desinformación, garantizar el acceso a información científica verificable y fomentar respuestas oportunas y basadas en evidencia.

La REDESCA también enfatiza la necesidad de que el respeto, protección y remediación de los derechos humanos sea siempre una pauta integrante de los debates y políticas públicas  ambientales y desarrollo, así como que se fortalezca la agenda de empresas y derechos humanos.

Por último, la REDESCA desea expresar su más sincero agradecimiento al Estado de Brasil por su apertura y colaboración en la facilitación de esta visita de trabajo. En particular, destaca el apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Misión Permanente de Brasil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). De manera especial, la REDESCA extiende su gratitud al Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría Pública de la Unión (DPU), el Ministerio Público Federal (MPF) entre otros organismos públicos, así como a las diversas personas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades que participaron activamente, aportando valiosos testimonios y perspectivas.

La REDESCA anuncia que, como resultado de esta visita de trabajo, elaborará un informe final que incluirá observaciones detalladas y recomendaciones específicas dirigidas al Estado brasileño. Este informe será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su análisis y aprobación, en conformidad con los procedimientos establecidos.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

No. RD318/24

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