CIDH: El Estado debe poner fin a la violencia generada por grupos armados en Colombia

24 de enero de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los graves hechos de violencia ocurridos en la región de Catatumbo, que han causado decenas de muertes y uno de los mayores desplazamientos forzados en la historia el país. En este contexto, reitera su enérgico repudio las acciones de grupos armados no estatales para controlar los territorios y someter a la población. Asimismo, insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para abordar esta situación, implementando reparaciones transformadoras que ataquen las causas estructurales de este fenómeno.

El accionar de grupos armados no estatales, en particular del Ejército Nacional de Liberación (ELN), en el departamento del Norte de Santander habría dejado al menos 60 muertos, cifra que podría incrementarse una vez que las autoridades accedan a los lugares más afectados por las confrontaciones. Entre las víctimas se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero y al menos 6 firmantes del Acuerdo de Paz; además de la desaparición forzada y el secuestro de otro grupo de excombatientes.

La magnitud de la violencia, la zozobra y terror han provocado el desplazamiento forzado de al menos 41.236 personas de San Calixto, Hacarí, Teorama y Tibú hacia principalmente, Ocaña (9.974), Cúcuta (15.086) y Tibú (12.362). La magnitud del desplazamiento ha generado el colapso de los sistemas públicos de atención, al tiempo de extremar la vulnerabilidad de las personas recibidas en residencias privadas o que han optado por cruzar la frontera hacia Venezuela. Además, más de 12 mil personas están confinadas en sus territorios, incluyendo 23 comunidades indígenas del Pueblo Bari y Yukpa. Como resultado, más de 46.000 niñas, niños y adolescentes han quedado sin acceso a educación.

Estos hechos ocurrieron a pesar de las alertas tempranas No. 021-24 y No. 026-24 emitidas por la Defensoría del Pueblo, que anticiparon el escenario de confrontación entre grupos armados no estatales por el control territorial en zonas de escasa presencia estatal y con presencia de diversas economías ilícitas. Asimismo, la alerta temprana No 007-24 advirtió sobre los mismos riesgos en el municipio de Calamar, departamento de Guaviare, donde los enfrentamientos entre estos grupos sucedidos el 20 de enero resultaron en la muerte de al menos 20 personas.

A su vez, el Estado informó que la Unidad Nacional de Protección, responsable por las medidas de protección sobre personas firmantes y aquellas defensoras de los derechos humanos o con liderazgo social, aprobó 140 esquemas individuales y colectivos en la región del Catatumbo. Asimismo, en atención a las alertas tempranas, la fuerza pública ha llevado adelante acciones de protección a la población civil, el incremento del número de laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína destruidos, así como las incautaciones de esta substancia, identificación de actores criminales y capturas en flagrancia.

Adicionalmente, el Estado señaló la emisión del Decreto No. 0062 de 2025, por medio del cual estableció el estado de conmoción interna con el objetivo de controlar y estabilizar la situación en territorio para garantizar el retorno seguro de las víctimas de desplazamiento forzado y su atención. Asimismo, indicó que, en paralelo, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Reincorporación, el Fondo Colombia en Paz y la Unidad de Víctimas trabajaran para agilizar la implementación del Acuerdo de Paz y atender y dar apoyo a los firmantes. Finalmente, el Estado anticipó el desarrollo de acciones adicionales tendientes a proteger a las personas con liderazgo en la región.

La CIDH enfatiza la obligación internacional del Estado de proteger la vida e integridad de todas las personas en la totalidad de su territorio y garantizar la labor de aquellas que defienden los derechos humanos y con liderazgo social, así como proporcionar recursos necesarios para atender a las víctimas, especialmente las desplazadas y confinadas.

Finalmente, recuerda que la paz es un requisito esencial para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos. En este contexto, insta a Colombia a desarrollar e implementar de manera práctica y efectiva, así como en consulta y con el consentimiento libre, previo e informado con las comunidades afectadas, una respuesta de seguridad humana holística que aborde los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Esto de acuerdo con lo establecido en los Acuerdos de Paz y en la agenda de desarrollo regional conocida como Pacto Social por el Catatumbo. Dicha respuesta debe priorizar las zonas más afectadas por el conflicto armado y las economías ilícitas, garantizando un enfoque integral con perspectivas de género, étnico-raciales, territoriales y generacionales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 023/25

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