REDESCA expresa preocupación por derrame en Perú en la región de Piura y la importancia de las medidas de mitigación

27 de febrero de 2025

Washington, DC—La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por el reciente derrame de petróleo ocurrido en la región de Piura, Perú. Este grave incidente ha generado impactos significativos sobre los ecosistemas locales, los medios de vida de las comunidades afectadas, y sus derechos, incluido el derecho a un medio ambiente sano. REDESCA insta a las autoridades peruanas a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre las causas del derrame, a identificar a los responsables, y a implementar de manera urgente medidas de remediación y reparación que protejan a las comunidades afectadas y los ecosistemas dañados, en cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental.

Según información confirmada por fuentes oficiales, el pasado 20 de diciembre se produjo un derrame de petróleo en el distrito de Lobitos, provincia de Talara, durante una operación gestionada por la empresa estatal Petroperú. Este derrame ha afectado en forma significativa al menos cinco playas, causando daños que aún están siendo evaluados a la biodiversidad marina y alterando los medios de vida de las comunidades locales, particularmente aquellas que dependen de la pesca artesanal, el turismo y el comercioo. Este impacto pone en riesgo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las comunidades referidas, en especial los derechos al trabajo, a un medio ambiente sano y a la alimentación adecuada.

La REDESCA reconoce las labores de limpieza rápidamente implementadas por Petroperú y del estado de emergencia ambiental declarado por el Gobierno de Perú por un periodo de 90 días en las zonas afectadas, el cual incluye un plan de acción inmediato para mitigar los daños y prevenir impactos futuros. Asimismo, reitera la importancia de que estas medidas se implementen en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y protección ambiental, incluyendo la participación activa de las comunidades afectadas en el diseño y monitoreo de las acciones de remediación. En este marco, se toma nota de los esfuerzos que el Estado viene realizando para identificar posibles escenarios de daños patrimoniales que estarían en proceso de estudio.

La REDESCA subraya que los derrames de petróleo en Perú son eventos reiterados que evidencian la necesidad de una atención prioritaria para prevenir su recurrencia. Tal como se ha señalado en comunicados anteriores, la Relatoría reitera la importancia de aplicar los estándares y recomendaciones interamericanas sobre empresas y derechos humanos, contenidos en el informe Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos. Estos estándares enfatizan la responsabilidad de las empresas, incluidas las estatales, de identificar, prevenir, mitigar y remediar los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente derivados de sus operaciones.

En este contexto, resulta fundamental que el Estado y la empresa estatal Petroperú asuman plenamente su responsabilidad frente a los daños ocasionados. Esto incluye garantizar procesos efectivos de reparación integral para las personas y comunidades afectadas, que abarquen medidas de compensación, rehabilitación ambiental y la restitución de las condiciones de vida previas al incidente. Asimismo, la REDESCA destaca la necesidad de fortalecer los marcos normativos y los mecanismos de monitoreo sobre las actividades extractivas, incorporando una perspectiva de derechos humanos y protección ambiental. Finalmente, la Relatoría Especial expresa su disposición para brindar cooperación técnica al Estado peruano que permita avanzar en soluciones sostenibles a esta problemática, en caso de que se estime pertinente.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

No. RD044/25

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