CIDH expresa su preocupación por el proceso de reforma electoral en la Mancomunidad de Dominica

16 de abril de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el proceso de reforma electoral de la Mancomunidad de Dominica y reitera su confianza en que el Estado respete los principios democráticos contenidos en la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH ha monitoreado los intentos de Dominica por reformar su legislación electoral desde 2018 y ha señalado la preocupación de la sociedad civil por la integridad y la independencia de las instituciones electorales, la falta de reglas sobre financiación de campañas y la reciente eliminación del requisito de cinco años de ausencia para la inscripción de votantes. Diversas misiones electorales también han señalado como problemática la financiación por parte de los partidos políticos de traslados de votantes desde el extranjero. En 2023, el comisario para la reforma electoral, designado en 2020, propuso proyectos de ley para mejorar la transparencia electoral y la protección de las personas votantes, así como para garantizar un proceso electoral más inclusivo y equitativo.

En mayo de 2024, el Gobierno presentó tres proyectos de ley: el proyecto de ley sobre la inscripción de votantes con la reglamentación pertinente, el proyecto de ley sobre las elecciones a la Cámara de la Asamblea y el proyecto de ley sobre la Comisión Electoral. Esos proyectos de ley incluyen disposiciones sobre diversas cuestiones, como los requisitos de identificación de cada votante, los procedimientos de inscripción de votantes e implementación de una revisión anual del padrón electoral. También abordan temas como los sobornos en dinero y en especie a cambio de votos, los requisitos de residencia de cada votante y el principio de igualdad de acceso a los medios de comunicación del Estado, entre otras cuestiones. Sin embargo, el contenido de esos proyectos de ley omite disposiciones que la CIDH considera importantes para proteger los derechos políticos, incluidas medidas sobre la financiación de campañas y garantías de la independencia de la Comisión Electoral.

En contraste, el Estado ha señalado que la cuestión de la financiación de campañas requiere más análisis y se debe abordar con un enfoque regional. El Estado ha afirmado también que los proyectos de ley electorales fueron sometidos a amplias consultas con los partidos opositores, la sociedad civil y el colegio de abogados y abogadas, así como con organizaciones religiosas y con los medios de comunicación. Según el Estado, esas consultas se retransmitieron en vivo, para garantizar la transparencia y el acceso público.

El 19 de marzo de 2025, la Cámara de la Asamblea aprobó esos proyectos de ley, lo cual fue recibido con protestas generalizadas. Las fuerzas estatales advirtieron que no se había dado "permiso" para protestar ante el edificio de la legislatura y respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y golpes contra las personas congregadas. La CIDH ha recibido información de que al menos 24 personas fueron detenidas entre la fecha de aprobación de la reforma y el 9 de abril. De las personas detenidas, al menos cuatro son mujeres, y varias más son líderes de la oposición, abogados y abogadas o personas defensoras de los derechos humanos. Aunque la mayoría de las personas detenidas han sido puestas en libertad bajo fianza con condiciones estrictas, una sigue en prisión preventiva en la prisión estatal de Dominica.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana afirman colectivamente que la participación ciudadana en la toma de decisiones es a la vez un derecho fundamental y una piedra angular de la gobernabilidad democrática. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza de forma explícita el derecho de cada ciudadano y cada ciudadana a votar y a participar en los asuntos públicos. Esos instrumentos ayudan a defender y proteger los derechos políticos y a garantizar la integridad y la legitimidad de los procesos electorales.

Además, la CIDH ha destacado que las protestas sociales cumplen una función clave en los esfuerzos por preservar y fortalecer los sistemas democráticos y que combinan los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

En principio, las restricciones de esos derechos no deben basarse ni en el contenido ni en la forma de las protestas, ni tampoco en evaluaciones subjetivas de la legitimidad de estas. Además, el ejercicio de la libertad de reunión mediante la protesta social no debe requerir ni autorización previa ni requisitos desproporcionados que obstaculicen su aplicación. Cualquier limitación debe respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Los Estados tienen la obligación de defender los derechos de quienes participan en protestas, proteger su integridad física y garantizar el acceso sin restricciones de los medios de comunicación. Por eso, la CIDH insta a la Mancomunidad de Dominica a respetar los principios de la participación democrática y a poner fin a la selección y criminalización de ciudadanos y ciudadanas que ejercen sus derechos de reunión y de participación en manifestaciones públicas.

La CIDH también insta a la Mancomunidad de Dominica a garantizar que su proceso de reforma electoral, más allá de ser consecuencia de la aprobación de leyes, refleje los estándares internacionales de derechos humanos. Cualquier reforma de un sistema electoral debe centrarse en reforzar la independencia de las instituciones electorales, promover una financiación de campañas que sea justa y transparente y garantizar un acceso equitativo al proceso electoral.

Además, la Comisión insta al Estado a seguir participando en un diálogo significativo con la sociedad civil, los grupos opositores y todas las partes interesadas para abordar las preocupaciones que aún tienen estos en relación con la reforma electoral. Deben implementarse mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales, especialmente en relación con la financiación de campañas y los traslados de votantes desde el extranjero. La CIDH destaca que la participación ciudadana es un pilar fundamental de la democracia e insta al Estado a garantizar que cualquier reforma electoral respete los principios del sufragio universal, la igualdad y la accesibilidad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 074/25

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