Guatemala: CIDH rechaza la persecución penal contra líderes indígenas que defendieron la democracia

26 de abril de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza la continua instrumentalización espuria de la función constitucional de investigación de delitos por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala que atenta contra el Estado democrático de derecho. En esta oportunidad, advierte sobre la criminalización arbitraria de autoridades indígenas que encabezaron de manera pacífica las movilizaciones sociales de 2023 que procuraban defender la voluntad soberana de la población expresada en las elecciones presidenciales.

El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, anunció la detención de Luis Haroldo Pacheco —expresidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de energía y minas— y Héctor Manuel Chaclán —extesorero de dicha Junta Directiva—, por los delitos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia Según informó el MP, personas líderes indígenas e integrantes de los 48 cantones de Totonicapán habrían liderado los bloqueos registrados en 2023, con el propósito de tomar el control de la sede de de la institución. Señaló que las órdenes de captura fueron emitidas por un juez competente y que existirían otras tres órdenes de detención contra autoridades indígenas, por los mismos hechos. Además, la investigación permanecería bajo reserva judicial.

En conferencia de prensa, el Presidente de la República calificó las acciones del Ministerio Público como un "ataque contra la democracia" y un acto de criminalización de los pueblos indígenas que lideraron la defensa de la democracia en 2023. En este sentido, instó al Congreso de la República a tomar acciones para poner fin al acoso judicial por parte del Ministerio Público.

La CIDH advierte que esta investigación se inscribe bajo los patrones de instrumentalización del derecho penal con fines políticos ampliamente documentados en sus diferentes informes y en las observaciones preliminares de su visita in loco de 2024. En concreto, estos patrones incluyen el uso de tipos penales ambiguos y desproporcionados, la reserva de los casos, la anticipación de diligencias a través de cuentas asociadas a "netcenters", y el abuso de la prisión preventiva, y ponen en evidencia la completa falta de independencia del Ministerio Público y su rol activo para perpetrar la impunidad y la corrupción.

La CIDH denunció que la erosión del principio de separación de poderes alcanzó un punto crítico en el 2023 debido al uso abusivo del derecho penal por parte del Ministerio Público, en su intento para invalidar los resultados de las elecciones y evitar la toma de posesión de las autoridades electas. En tal sentido, reconoció que las movilizaciones pacíficas convocadas por las autoridades ancestrales y comunidades indígenas fueron determinantes para preservar la institucionalidad democrática y asegurar una transición pacífica. En este sentido, la CIDH destaca que los derechos a la protesta y a la reunión pacífica constituyen la base de un sistema de gobernanza participativa basado en la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y el pluralismo.

En sus observaciones preliminares de la visita al país, la CIDH constató la intensa judicialización y persecución criminal del Ministerio Público contra personas que participaron o participan en protestas y movilizaciones sociales pacíficas en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, o han hecho parte de la lucha contra corrupción y la impunidad. En particular, advirtió sobre el uso abusivo del sistema penal contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, docentes, integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales, de partidos políticos, funcionarios públicos y hasta contra el propio Presidente y Vicepresidenta de la República. Preocupa a la CIDH que esta criminalización persiste y profundiza la crisis institucional en Guatemala.

La Comisión Interamericana reitera su llamado a las autoridades competentes del Estado de Guatemala a realizar un examen independiente sobre el funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos; y a garantizar mecanismos para la rendición de cuentas de la persona titular de la Fiscalía General y el Ministerio Público compatibles con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. La CIDH vuelve a exhortar a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República a asegurar que éste cumpla su función constitucional como contrapeso democrático frente al ejercicio arbitrario de la persecución penal. El Estado de Derecho requiere un sistema de pesos y contrapesos entre poderes y es responsabilidad de todas las fuerzas políticas garantizarlo.

Finalmente, se recuerda que, de conformidad con las obligaciones internacionales en derechos humanos, todas las instituciones del Estado están obligadas a respetar los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen su derecho a la protesta y reunión pacífica sin temor a criminalización ni cualquier otro tipo de represalias. En este sentido, el uso abusivo del derecho penal contra líderes indígenas produce un efecto intimidatorio colectivo y socava su derecho a la libre determinación.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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