CIDH da seguimiento a medidas cautelares de personas defensoras y familiares en el Bajo Aguán, en Honduras

7 de mayo de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 1 de mayo de 2025 la Resolución de Seguimiento, Ampliación y Levantamiento Parcial 37/2025 respecto de integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos en Honduras (MC-137-23).

Tras dar seguimiento a la implementación de las referidas medidas cautelares, la CIDH decidió ampliarlas a favor de 13 personas al evaluar que la situación de riesgo continúa, debido a que siguen siendo objeto de actos de amenaza, vigilancia, seguimientos, intimidación y violencia en el marco de sus labores en la defensa del medio ambiente. Al respecto, el riesgo identificado en la medida cautelares se materializó en el asesinato de Juan López en septiembre de 2024.

Las 13 personas beneficiarias de la ampliación de medias cautelares son defensoras y/o integrantes del Comité y familiares de Juan López, quienes enfrentan un riesgo grave ante la búsqueda de justicia tras su asesinato y por su defensa del medio ambiente en el Bajo Aguán.

La Comisión observó que la mayoría de los hechos ocurridos en los últimos años, como violencia, amenazas e incluso asesinatos de personas defensoras de derechos humanos permanecen en la impunidad. En ese sentido, advirtió del retraso para implementar la integralidad de las medidas de protección establecidas por el Mecanismo Nacional de Protección, que verificó el alto riesgo a las personas beneficiaras. Finalmente, condenó el homicidio de Juan López, decidió levantar las medidas cautelares a su respecto y llamó al Estado a investigar los hechos de manera pronta y diligente.

La CIDH valoró las acciones estatales para garantizar el funcionamiento de su institucionalidad interna en materia de protección de personas defensoras, así como el avance de las investigaciones del asesinato de Juan López. Reconoció las acciones adoptadas para asegurar espacios de diálogo con las y la implementación de algunas medidas de protección a favor de las personas beneficiarias. Sin embargo, consideró que el Estado debe reforzar el cumplimiento de las medidas de protección y garantizar que las investigaciones avancen y se determinen responsabilidades.

En consecuencia, la Comisión decidió:

1. Mantener las medidas cautelares otorgadas a favor de Juana Ramona Zúniga Martínez, Gabriela Ofelia Sorto Cruz, David Lemus, J.M., D.M., Olayo Méndez, Juana Esquivel, A.C., D.S., Esly Emperatriz Banegas Ávila, Rita Isabel Romero, Aida Rodríguez, Mario López, Gregorio Vásquez, Ernesto López, Dinora Castro, A.A., José Abelino Cedillo, Reynaldo Domínguez, Eugenio Esquivel, J.S.H., O.H, José Daniel Márquez, Marco Tulio Ramos, Kelvin Romero, Porfirio Sorto, Edy Alexander Tábora Gonzales, Kenia Oliva y Carlos Jiménez;
2. Ampliar las medidas cautelares otorgadas a favor de Telma Pena, Claudia López, Julia López, Melvin Darvin Espino López, Enma Iveth Gutiérrez Velásquez, Roxana Yamileth Romero Ruiz, Gloria Dubon, Antonio Alvarado, Miguel Ángel Vásquez, José Nuncio Veliz Alfaro, Limbor Otoniel Velásquez Sarmiento, Jose Juan Cedillo Martínez y Angel Augusto Centerero;
3. Levantar las medidas cautelares otorgadas a favor de Juan Antonio López;
4. Fortalecer la implementación de las medidas de protección de las personas beneficiarias y valorar, lo más pronto posible, su situación de riesgo con el objetivo de adoptar las medidas idóneas y efectivas para la protección de su vida e integridad personal;
5. Reforzar la presencia de la institucionalidad estatal en la zona en el marco de las políticas ambientales y de desarme como parte de las medidas a implementarse para mitigar el riesgo de las personas beneficiarias; y
6. Investigar con la debida diligencia los presuntos hechos de riesgo y así evitar su impunidad y la repetición de los hechos, en particular el asesinato del defensor Juan Antonio López.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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