CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos LGBTI y evitar medidas regresivas

27 de junio de 2025

Washington, DC—En el contexto de las celebraciones del Orgullo LGBTI que se desarrollan en gran parte de la región en junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados del hemisferio a adoptar medidas concretas, legislativas y de política pública para poner fin a la violencia, la discriminación y la exclusión social basadas en prejuicios contra orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género o características sexuales no normativas.

En los últimos años, los Estados de las Américas y el Caribe han implementado gradualmente reformas legales, institucionales y de políticas públicas para combatir la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI. Estos avances incluyen la adopción de protocolos para la investigación y el enjuiciamiento de delitos contra personas LGBTI, el reconocimiento legal de delitos basados en prejuicios, como los transfemicidios, y la capacitación continua de personas operadoras de justicia en temas de diversidad y derechos humanos. En conjunto, estas iniciativas resaltan el compromiso regional con la protección de la dignidad y los derechos de las personas LGBTI, promoviendo una sociedad más justa e inclusiva.

A pesar de estos importantes avances, la región aún enfrenta serios desafíos que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBTI. La violencia sigue siendo alarmantemente alta: según un observatorio de la sociedad civil, casi 3.000 personas LGBTI han sido asesinadas desde 2014. La situación se ve agravada por el aumento de los discursos estigmatizantes por parte de líderes políticos y campañas de desinformación dirigidas contra personas LGBTI, activistas y defensoras. Estos desafíos subrayan la urgente necesidad de una acción regional sostenida para proteger a estas personas y garantizar la igualdad de acceso a la justicia y a los derechos humanos.

La CIDH también ha registrado preocupantes intentos de revertir derechos ya garantizados para las personas trans y la comunidad LGBTI en general. Estas medidas regresivas incluyen esfuerzos para restringir su acceso a la atención médica, eliminar términos como "diversidad" y "género" de las políticas públicas, desmantelar las instituciones que promueven la igualdad y reinstaurar leyes que penalizan las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo. Esta regresión amenaza los avances alcanzados con gran empeño y subraya la necesidad de redoblar los esfuerzos para defender y garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI.

La Comisión reconoce el progreso alcanzado en la región, pero también es consciente de los desafíos que persisten para lograr la igualdad real. Si bien algunos países han logrado avances notables en la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI, la discriminación aún persiste.

En este contexto, los Estados deben intensificar sus esfuerzos para promover, proteger y garantizar los derechos de las personas LGBTI, con énfasis en la necesidad de erradicar los prejuicios que conducen a prácticas discriminatorias y violencia contra ellas. Asimismo, deben abstenerse de implementar medidas regresivas que menoscaben los derechos ya garantizados, alcanzados mediante esfuerzos colectivos y multilaterales, y que representan un avance histórico para estas personas.

La CIDH subraya que cualquier restricción de derechos debe apegarse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y nunca puede justificarse por razones basadas en prejuicios o discriminación.

La Comisión Interamericana reitera su compromiso con la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y expresa su voluntad de cooperar con los Estados y la sociedad civil hasta lograr la igualdad real para todas las personas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está compuesta por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, que no representan a sus países de origen o residencia.

No. 129/25

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