El Salvador: CIDH reitera preocupación por la prolongación excesiva y aplicación indebida del régimen de excepción

14 de agosto de 2025

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su preocupación por la prolongación indefinida y la indebida aplicación del régimen de excepción en El Salvador luego de más de 3 años de vigencia; e insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para su terminación.

La Asamblea Legislativa aprobó el 31 de julio la 41ª prórroga del régimen, en esta ocasión con vigencia hasta el 2 de septiembre de este año. El Decreto expresa que la medida se sigue justificando para contrarrestar la violencia ocasionada por las pandillas; en particular, sostener las acciones operativas idóneas, garantizar la seguridad frente a las organizaciones criminales y permitir a la Fiscalía General de la República que ejerza las acciones penales correspondientes.

En su Informe sobre el Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador publicado en 2024, la CIDH tuvo en cuenta el descenso significativo en los índices de violencia reportados por el Estado, e indicó que no observaba la situación de emergencia requerida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para mantener derechos suspendidos en el país. Asimismo, alertó que las garantías judiciales indispensables no pueden ser suspendidas en ninguna circunstancia.

De conformidad con información pública, más de 88 mil personas han sido detenidas durante la vigencia del estado de excepción desde marzo de 2022. Organizaciones de la sociedad civil han informado a la CIDH sobre un aproximado de 7 mil casos documentados de violaciones de derechos humanos en ese contexto que incluyen detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, la muerte de más de 400 personas privadas de libertad bajo custodia del Estado, violaciones múltiples en el acceso a la justicia, entre otros.

Sumado a lo anterior, preocupa a la Comisión que disposiciones del régimen de excepción y otras medidas para la lucha contra la criminalidad organizada estén siendo aplicadas a situaciones que no guardan relación con los motivos alegados por el Estado para su implementación. Recientemente, la CIDH se pronunció sobre casos de personas defensoras de derechos humanos detenidas en 2025 – Enrique Anaya, Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Fidel Zavala -, y a quienes se les aplicó los plazos extendidos de control judicial de sus detenciones. Según la información recibida, se les impuso la prisión provisional sin considerar las particularidades de sus circunstancias, están actualmente incomunicadas y con los procesos bajo reserva. Así también, la Comisión recibió información sobre la incomunicación de personas salvadoreñas y de otras nacionalidades que están o estuvieron detenidas en el país tras haber sido deportadas o expulsadas a El Salvador en el trascurso de este año.

En la audiencia pública del 193 Periodo de Sesiones, organizaciones de la sociedad civil señalaron que el sistema penal del país está siendo usado de manera indebida, lo que agrava frente a las afectaciones a la independencia del Órgano Judicial y del Ministerio Público denunciadas desde 2021, y la aprobación de reformas legales regresivas en los últimos cuatro años. Asimismo, argumentaron que la criminalización de personas defensoras y de periodistas, sumada al incremento del acoso, hostigamiento y violencia de las que son objeto, y a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, ha generado un efecto intimidatorio en el ejercicio de sus labores, restringiendo el espacio cívico y provocando el exilio de decenas de personas y el cierre de organizaciones de la sociedad civil.

A su vez, el Estado de El Salvador rechazó categóricamente las afirmaciones sobre los supuestos casos de violaciones a los derechos humanos, señalando que no han sido corroboradas por ningún mecanismo internacional de protección de derechos humanos. Afirmó que el régimen de excepción se ha desarrollado, dentro del marco constitucional salvadoreño y bajo supervisión institucional, como respuesta legítima estatal frente a una situación extraordinaria de violencia y criminalidad a escala nacional que vulneró gravemente los derechos fundamentales de la población. El Estado indicó haber proporcionado información sobre los casos debidamente solicitados y lamentó la mención pública de los casos de personas defensoras previa a la emisión de resolución oficial sobre las solicitudes de medidas cautelares relacionadas.

Afirmó, adicionalmente, que la situación de las personas deportadas o expulsadas a El Salvador no guardan relación alguna con el régimen de excepción. Asimismo, rechazó las afirmaciones planteadas en la audiencia pública, alegando que son infundadas y no reflejan la realidad institucional del país. El Estado salvadoreño enfatizó que la Ley de Agentes Extranjeros busca exclusivamente garantizar la transparencia en el manejo de fondos internacionales en concordancia con prácticas internacionales reconocidas. Finalmente, reafirmó su firme compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como con la plena vigencia del Estado de derecho en el país.

En su informe sobre El Salvador, la CIDH abordó el modelo fuertemente punitivo adoptado por el Estado en materia de seguridad ciudadana y recordó que la garantía y la protección de los derechos humanos debe ser el objetivo y punto de partida de cualquier política pública en ese sector. Destacó además la importancia del sistema de justicia frente a las denuncias de violaciones masivas de derechos humanos enmarcadas en el régimen de excepción. Al respecto, recomendó 23 medidas al Estado para cesar las posibles violaciones a los derechos humanos, investigar los hechos y responsabilidades y reparar las víctimas.

La CIDH llama al Estado a cumplir con su obligación de asegurar las garantías judiciales a todas las personas detenidas, y a abstenerse de aplicar medidas excepcionales restrictivas a los derechos humanos a situaciones ajenas a las estrictamente justificadas bajo estándares internacionales.

Asimismo, reitera al Estado su recomendación de poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción y a elaborar e implementar una política pública de seguridad ciudadana integral y multisectorial sobre las causas y consecuencias de la criminalidad, basada en evidencias, con enfoque en derechos humanos.

Finalmente, reafirma su disposición en cooperar con el país en la búsqueda de soluciones compatibles con los estándares interamericanos de derechos humanos. En ese sentido, manifiesta su interés en realizar una visita con el objetivo de dialogar con los diferentes actores y observar la situación de los derechos humanos respecto a temas específicos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

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