CIDH llama a Ecuador a respetar y garantizar la independencia de la Corte Constitucional

29 de agosto de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su preocupación por amenazas a la independencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Llama al Estado a garantizar la administración de justicia constitucional sin interferencias y la seguridad de sus integrantes, de conformidad con sus deberes internacionales.

Según la Constitución ecuatoriana, la Corte Constitucional (CC) es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional, con autonomía administrativa y financiera. Entre sus competencias se encuentra resolver acciones públicas de inconstitucionalidad contra las leyes. En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, el 4 de agosto de 2025, la CC anunció la suspensión provisional de artículos específicos de tres leyes sobre seguridad, inteligencia y transparencia en el sector público, propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional. Ello, por observar, a primera vista, que la vigencia de esos artículos podría afectar derechos humanos, con el fin de precautelar el cumplimiento y la supremacía de la Constitución, sin que implique un pronunciamiento de fondo sobre los procesos en conocimiento.

Esta decisión provisional encontró amplia oposición por parte de distintos sectores, incluso por parte de autoridades de las Funciones Ejecutiva y Legislativa. La Ministra de Gobierno y el Presidente de la Asamblea, junto con militares y policías, dieron una conferencia de prensa en la que expresaron su criterio y manifestaron preocupación por el impacto de la eliminación de herramientas que consideran necesarias para enfrentar al crimen organizado; a la vez, indicaron: "en este momento no hay puntos intermedios: o se está del lado de quienes defienden al país o de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales, los enemigos del pueblo". Por su lado, el Presidente de la República convocó a una manifestación contra la CC; a la vez, se anunció que el Ejecutivo sometería a consulta popular una reforma que permitiría que jueces constitucionales sean sometidos a juicios políticos. La marcha contra la CC se llevó a cabo el 12 de agosto, con un fuerte despliegue militar y policial.

La separación de poderes y la independencia judicial son fundamentales en los sistemas constitucionales de pesos y contrapesos. La vigencia de los derechos en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional a través cual exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos del Ejecutivo, Legislativo y demás autoridades del Poder Público. La labor de las personas operadoras de justicia es fundamental tanto para garantizar los derechos humanos, como para proteger al sistema democrático frente a los posibles abusos de los propios gobiernos, representantes electos y grupos de poder económico o de otro carácter.

La Comisión Interamericana observa, con preocupación, que las acciones y discursos de altas autoridades del Estado que acusan a la CC de aliarse con el crimen organizado constituyen ataques a la independencia judicial y podrían poner en riesgo la seguridad de los integrantes de dicho tribunal y de sus equipos de trabajo. Estas acciones, sumadas a un ambiente digital hostil, amenaza la autonomía necesaria para la administración de justicia constitucional sin interferencias. Por ello, la CIDH recuerda a Ecuador su deber de asegurar el desarrollo libre de la función de la Corte Constitucional y garantizar la seguridad e integridad de las personas operadoras de justicia, incluyendo quienes tienen a su cargo la verificación del cumplimiento de estándares de derechos humanos en las leyes de aplicación general.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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