CIDH: Los Estados deben garantizar la justicia climática para las Personas Afrodescendientes

29 de agosto de 2025

Washington, DC—Con ocasión del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) llaman a los Estados a incorporar un enfoque de derechos humanos y equidad frente a los impactos desproporcionados y diferenciados de la emergencia climática, con políticas públicas participativas y con una perspectiva que atienda de forma específica el impacto en las Personas Afrodescendientes.

El cambio climático constituye una emergencia de derechos humanos, con impactos en la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el acceso al agua potable de las personas en todo el hemisferio. La intensificación de fenómenos extremos –como sequías prolongadas, inundaciones, huracanes, incendios y el aumento del nivel del mar– desestabiliza los ecosistemas y provoca impactos profundos en millones de personas, especialmente en quienes ya enfrentan pobreza y exclusión social.

Las Personas Afrodescendientes enfrentan una emergencia climática agravada por el racismo estructural y ambiental, que históricamente les ha negado acceso a tierra, agua y participación pública, y expone sus territorios a vertederos e industrias contaminantes. Ellas se encuentran entre las más vulnerables a los efectos devastadores del cambio climático, y aún más las mujeres, personas mayores y afrodescendientes con discapacidad, pese a que son las que menos contribuyen a los efectos invernaderos, como se ha indicado el informe Pobreza, cambio climático y derechos económicos, sociales y culturales.

En el reciente informe sobre las inundaciones en Rio Grande do Sul, la REDESCA documentó cómo comunidades afrodescendientes y Quilombolas resultaron desproporcionadamente afectadas por la catástrofe, enfrentando pérdidas agravadas por la histórica falta de acceso a tierras seguras, servicios básicos y procesos de regularización territorial. Estos hallazgos evidencian los riesgos y vulnerabilidades de las comunidades afrodescendientes en contextos de desastre, y reafirman la urgencia de políticas climáticas con enfoque de justicia racial e interseccional.

En línea con la reciente Opinión Consultiva 32-25 de la Corte IDH, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Protocolo de San Salvador obligan a los Estados a adoptar medidas urgentes y eficaces frente a la emergencia climática, garantizando la protección reforzada de derechos como la vida, la integridad personal, la salud, la alimentación, la vivienda, el agua, un medio ambiente sano y la identidad cultural. Para enfrentar el cambio climático, los Estados deben recabar datos exhaustivos y desglosados sobre los riesgos para las personas y los ecosistemas, identificando y tomando medidas diferenciadas que protejan a los grupos poblacionales particularmente vulnerables frente a estos.

El impacto desproporcionado de la crisis climática sobre comunidades afrodescendientes refleja desigualdad racial que amenaza su identidad, cultura y supervivencia, agravada por la degradación de territorios ancestrales y la exclusión de decisiones públicas. La justicia climática requiere políticas ambientales con enfoque antidiscriminatorio que reconozcan su papel en la preservación de ecosistemas y en un futuro sostenible, considerando que, según la FAO, junto con los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes son quienes más pueden aportar a la mitigación climática gracias a saberes ancestrales y prácticas colectivas.

La CIDH y la REDESCA instan a los Estados a actuar con urgencia, garantizando políticas climáticas y ambientales basadas en derechos humanos y en los principios de justicia climática e igualdad racial. Esto requiere reducir emisiones y garantizar una transición energética justa; proteger territorios ancestrales afrodescendientes con la participación efectiva de las personas afrodescendientes y el consentimiento libre, previo e informado; eliminando barreras de acceso a la información y garantizando la reparación integral ante violaciones. Así como ampliando el financiamiento climático equitativo para adaptación y resiliencia.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 177/25

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