La CIDH insta a Estados Unidos a salvaguardar la independencia judicial y prevenir represalias contra personas funcionarias judiciales

5 de noviembre de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los recientes acontecimientos en Estados Unidos, que sugieren un patrón creciente de represalias, intimidación y violaciones del debido proceso que afectan a las personas operadoras de justicia y a quienes se perciben opositores políticos. Estos acontecimientos corren el riesgo de socavar la independencia institucional y debilitar el Estado de derecho en un país históricamente reconocido por su liderazgo en la promoción de las libertades individuales y los valores democráticos.

La Comisión ha recibido información sobre declaraciones y medidas adoptadas por funcionarios del Estado que parecieran estar dirigidas a ciertas personas como aparente represalia por el cumplimiento de sus funciones fiscales, basándose en percepciones de su afiliación política o su supuesta oposición a las políticas gubernamentales.

Entre los incidentes de dominio público denunciados figuran declaraciones de altos funcionarios que ordenan investigaciones o enjuiciamientos contra personas concretas, destituciones de fiscales de carrera y otras personas que desempeñan funciones públicas sin garantías procesales o basadas en méritos establecidos, y amenazas de pérdida del empleo vinculadas a la afiliación política o la lealtad percibida, en vez de basarse en los méritos o criterios objetivos.

La CIDH recuerda que las represalias y amenazas contra personas operadoras de justicia, fiscales y otros servidores públicos son particularmente graves, ya que tienen por objeto intimidar e infundir temor, no solo entre las personas directamente afectadas, sino también entre otros miembros del sistema judicial.

Tales acciones erosionan la confianza pública en las instituciones estatales responsables de administrar e impartir justicia, socavando así la gobernabilidad democrática. Cualquier forma de control político sobre las actividades de quienes ejercen funciones judiciales basada en criterios discrecionales o motivados políticamente es intrínsecamente incompatible con las garantías de independencia e imparcialidad que, en virtud del derecho internacional, deben observarse en todos los procedimientos disciplinarios.

Los motivos para las investigaciones disciplinarias o las sanciones impuestas a un funcionario judicial nunca deben incluir un dictamen jurídico o una decisión judicial adoptada en el ejercicio de sus funciones oficiales, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. En todas las circunstancias, cualquier medida disciplinaria o administrativa adoptada por motivos relacionados con la conducta debe respetar el principio de legalidad y las garantías del debido proceso.

Teniendo en cuenta estas preocupaciones, la Comisión insta a los Estados Unidos a garantizar que las personas operadoras de justicia y servidoras públicas desempeñen sus funciones sin intimidación, interferencia o discriminación.

La CIDH exhorta además al Estado a impedir el uso indebido del derecho penal y los procedimientos penales como forma de restringir la independencia del personal judicial, a garantizar el pleno respeto de los derechos al debido proceso en todos los procedimientos y a asegurar que las decisiones en materia de empleo en el sector público se basen exclusivamente en criterios objetivos y transparentes, libres de influencias políticas o represalias.

La Comisión reitera la larga tradición de los Estados Unidos como defensor mundial de la democracia, las libertades individuales y el estado de derecho, y alienta a sus autoridades a renovar su compromiso con estos valores, en consonancia con décadas de avances en la protección de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

La CIDH reafirma su compromiso de mantener un diálogo constructivo y una cooperación con los Estados Unidos, en consonancia con su mandato de promover y proteger los derechos humanos en todo el hemisferio. La Comisión seguirá observando la evolución de la situación en el país a través de sus mecanismos pertinentes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo mandato se basa en la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su misión es promover y defender los derechos humanos en todo el continente americano y servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA, que actúan a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

*Este comunicado de prensa fue debidamente notificado al Estado. Debido al cierre gubernamental en curso, las autoridades no pudieron presentar sus observaciones dentro del plazo establecido en el protocolo aplicable. La CIDH considerará cualquier comentario que pueda recibirse posteriormente y lo incorporará, según corresponda, en una versión actualizada, que se volverá a distribuir por los canales oficiales.

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