La CIDH publica informe sobre el Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua

9 de noviembre de 2023

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su informe sobre el Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua. Este informe presenta un análisis del cierre del espacio cívico, principalmente, mediante la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzada de miles de organizaciones de la sociedad civil a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018. El informe da cuenta de la implementación de una estrategia estatal represiva que suspende de facto derechos y libertades fundamentales que hacen parte del espacio cívico, y que tendría como fin consolidar un régimen de concentración del poder en el Ejecutivo, basado en la interposición de un estado policial, el mismo que ha venido siendo denunciado reiteradamente por la CIDH.

Este informe aborda por primera vez el concepto de espacio cívico en el contexto de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, así como los estándares del sistema interamericano relacionados con las condiciones y garantías necesarias para que las personas y las organizaciones de la sociedad civil puedan participar libremente en la vida democrática. Este contexto constituye uno de los casos más graves en la región, frente a medidas estatales que restringen que las personas y grupos expresen sus opiniones libremente y participen en la toma de decisiones.

Para la elaboración de este informe, el MESENI elaboró una base de datos que identifica a 3,390 organizaciones de la sociedad civil afectadas por la cancelación de su personería jurídica entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, de un total de 7.227 organizaciones registradas legalmente en el país en 2018. La base de datos se encuentra disponible en la página web de la CIDH.

El documento destaca que la apertura o el cierre del espacio cívico depende de las condiciones legales y las circunstancias fácticas que favorecen o restringen el ejercicio de los derechos identificados para que las personas y grupos puedan desempeñar un papel significativo en la sociedad y contribuir a la toma de decisiones. La CIDH considera que la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos constituyen principios fundamentales de la democracia, así como componentes esenciales del espacio cívico.

El informe documenta el proceso de cierre del espacio cívico en Nicaragua mediante la implementación paulatina y sostenida de una estrategia estatal represiva incluye una serie de patrones como la criminalización de personas consideradas opositoras al Gobierno, la privación arbitraria de la nacionalidad, la prohibición de protestas y manifestaciones sociales, medidas para la desarticulación de movimientos sociales y medios de comunicación, la persecución selectiva de toda persona que cuestione al gobierno en cualquier ámbito de participación cívica y, social e incluso la religiosa el religioso.

La Comisión y su RELE también destacan la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y para la participación cívica en asuntos de interés público en Nicaragua describe los distintos mecanismos de censura empleados como parte de la estrategia para perseguir y limitar toda voz que cuestione al Gobierno. Como el control e injerencia indebida de los medios de comunicación, el abuso del poder punitivo contra periodistas, detenciones arbitrarias, vigilancia a la prensa, la aprobación e implementación de leyes restrictivas que permiten el encarcelamiento de personas por expresar disensos sobre cuestiones de interés público, la implementación de facultades regulatorias para el bloqueo de Internet y el uso de discursos estigmatizantes de autoridades en contra de periodistas.

El cierre del espacio cívico en Nicaragua ha incluido restricciones a la libertad de religión, entre las que se destacan: la persecución de la Iglesia católica, la criminalización de servicios religiosos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias, la privación arbitraria de la libertad de miembros de la iglesia y otros hechos de represión y represalia contra integrantes de la Iglesia católica debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018, y su papel crítico al denunciar las violaciones a los derechos humanos.

La Comisión advierte en el informe la implementación de políticas y acciones estatales para destruir o resignificar desde la perspectiva del partido oficial aquellos sitios que fueron emblemáticos de las protestas de abril de 2018; así como el desmantelamiento y empleo de las sedes de las organizaciones y medios de comunicación cancelados por parte del partido de Gobierno para otros fines, en un contexto de impunidad generalizada.

En el informe, se formulan recomendaciones al Estado nicaragüense, como la revocación de decretos y actos de autoridad relacionados con la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil, la devolución de las instalaciones y todos los bienes confiscados.

Finalmente, la Comisión llama a la comunidad internacional a exigir al Estado nicaragüense poner fin a las violaciones a los derechos humanos registradas en el país y a adoptar medidas necesarias para restablecer la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales, conforme las recomendaciones formuladas en este y otros informes.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

* Esta es una versión corregida del comunicado emitido originalmente. La corrección fue realizada el 20 de noviembre de 2023.

No. 262/23

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