La CIDH concluye con destacados resultados el 2020, cuarto año de Programa de Superación del Atraso Procesal

1 de febrero de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta un nuevo balance sobre los resultados obtenidos en su programa de superación del atraso procesal cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo de una justicia interamericana más efectiva y accesible para la reparación integral de las víctimas.

En estos cuatro años de ejecución de su Plan Estratégico, la CIDH adoptó diversas medidas que han incluido nuevas metodologías de trabajo, una reorganización interna de la Secretaria Ejecutiva, y la planificación estratégica en su sistema de casos y peticiones. Entre las más importantes se destaca la creación de una Secretaría Ejecutiva Adjunta dedicada exclusivamente al sistema de casos y peticiones; el refuerzo del equipo; el fortalecimiento de la sección de tramitación; así como, la adopción de sistematización de criterios de admisibilidad y de fondo, de modelos y líneas temáticas de trabajo; y la priorización del impulso de las soluciones amistosas. Al cumplir 4 años de ejecución de su plan, se presenta un nuevo informe de balance de los resultados de estas medidas adoptadas en un proceso intenso y progresivo, con el objeto de transparentar los procesos y los resultados obtenidos.

La CIDH recuerda la centralidad que tiene el sistema de peticiones y casos en su mandato y la relevancia que ha tenido en la promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio, tanto a nivel individual como colectivo y estructural, siendo el primer órgano internacional en tramitar peticiones individuales y que en los últimos 20 años acumuló un atraso considerable. Este rezago ha llegado a records históricos de peticiones pendientes de estudio inicial (aproximadamente 13 mil) y de peticiones en etapa de admisibilidad y de fondo (promedio de 3.500). Asimismo, ha significado un retraso de más de 25 años en la etapa de fondo; más de 15 años en admisibilidad; procesos de solución amistosa que habían demorado más de 20 años de negociación; y una tramitación con retrasos considerables.

El retraso procesal tiene un impacto negativo sobre todas las personas usuarias del sistema, y de manera especial sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos que no reciben una respuesta oportuna a sus peticiones. Esta ha sido una constante preocupación de la CIDH, y así lo estableció de manera prioritaria en el primer objetivo de su Plan Estratégico 2017-2021.

La Comisión es consciente que este proceso de superación del atraso procesal debe continuar, y que para enfrentar y resolver este atraso crónico debe seguir profundizando y afianzando las medidas adoptadas, aprender de las lecciones que ha dado este proceso, y adoptar medidas adicionales decisivas para poder efectivamente lograr una justicia interamericana más efectiva, oportuna e integral. El proceso requiere del trabajo conjunto de todas las partes del sistema interamericano, y fundamentalmente de los Estados miembros. Una parte importante de los resultados obtenidos obedecen a la duplicación del presupuesto regular que los Estados otorgaron al sistema interamericano en 2017, así como a los aportes de fondos específicos de Estados partes de la OEA y observadores. La Comisión reconoce también los aportes y el apoyo de la sociedad civil, pilar estructural del sistema interamericano, sin la cual estos avances no habrían sido posibles.
Tan pronto como se decidió la duplicación del presupuesto, ambos órganos del sistema se comprometieron a proseguir con transparencia y responsabilidad en la adopción de medidas para ser más eficientes y lograr que las personas del hemisferio puedan ejercer sus derechos humanos.

En seguimiento de este compromiso constante, la CIDH comunica con gran satisfacción los resultados de estos 4 años de medidas adoptadas para superar el atraso procesal:

Metodología
La Comisión ha privilegiado la atención de los casos por orden cronológico, por el orden en que se han presentado las peticiones, de tal manera de resolver el atraso crónico. Este ha sido el criterio estricto aplicado en estudiar las peticiones, y en las etapas de admisibilidad y fondo de manera prioritaria, con el fin de avanzar, resolviendo todas las peticiones y casos pendientes. En este sentido, durante 2020 se priorizó la atención de todos los casos anteriores al año 2000, para no tener más de 20 años de atraso en etapa de fondo; y a 2010 en admisibilidad, de para no tener más de 10 años de atraso en esta etapa.

En este proceso, se privilegió la organización del equipo y de los expedientes de modo a tener claridad en relación con la magnitud del atraso procesal y en el orden cronológico, la CIDH resolvió informes de admisibilidad en los que atendió situaciones relaciones grupos amplios de víctimas, como comunidades indígenas; casos relacionados con violaciones a derechos humanos fundamentales como vida, integridad y libertad personal; casos relativos a ejercicio de la libertad de expresión en el contexto de campañas electorales; al derecho al acceso a pensiones y otros temas relevantes de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; así como temas estructurales en la región como el respeto al debido proceso en casos de sanciones aplicadas a operadores de justicia; y temas novedosos y actuales, como el matrimonio igualitario y la trata de personas. Bajo este criterio se resolvió también en la etapa de fondo, casos históricos de gran trascendencia en la región, que no habían sido atendidos debido a la extensión y complejidad de los respectivos expedientes y que asimismo le permitieron pronunciarse sobre importantes aspectos de orden público interamericano, como lo son, entre otras temáticas, la prevención e investigación de actos terroristas y graves violaciones a derechos humanos. Lo anterior es especialmente destacable en un año en que las condiciones laborales se han dificultado por la pandemia de COVID 19.

Adicionalmente, la Comisión prioriza la atención a casos y peticiones de acuerdo a distintos criterios:

En primer lugar, peticiones y casos que atienden temas coyunturales, o cuyos estándares podrían aportar a enfrentar dichas situaciones. Estas peticiones y casos son identificados en el marco de las Salas de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI). Por ejemplo, durante 2020 la SACROI COVID-19 identificó temas que llevaron a priorizar un caso de condiciones de atención en un hospital y otro de acceso a servicios básicos de una persona migrante. En segundo lugar, se han priorizado peticiones y casos a temáticas de atención urgentes, tales como los referidos a la aplicación de la pena de muerte. En este sentido, la Comisión ha concluido la preparación de los informes de casos que estaban procesalmente listos, y algunos en proceso de adopción.

En el 2021 se priorizará asimismo la decisión sobre los restantes casos y el avance de los que se encuentren en otras etapas procesales. En tercer lugar, se priorizan las peticiones y casos que atienden temas estructurales en los Estados de la región, que permiten apoyar procesos nacionales e internacionales. En este sentido, se ha priorizado también temas de justicia transicional, de acceso a la justicia, revisión de recursos judiciales, agresiones contra personas defensoras de derechos humanos o líderes sociales, entre otros.

Por último, se atienden peticiones y casos que desarrollan estándares sobre las temáticas prioritarias de la Comisión, reflejadas en sus Relatorías temáticas; en este sentido, durante 2020 se trabajó casos de discriminación racial, derechos de los pueblos amazónicos, violencia contra mujeres y niñas, restitución internacional de niñas y niños, discriminación contra personas migrantes, contra personas LGBTI, libertad de expresión, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros. De esta manera, la CIDH integró distintos criterios para resolver el atraso procesal crónico, y aportar a situaciones coyunturales, estructurales y a las necesidades de avance en desarrollo de estándares.    

En este sentido, la Comisión continúa desarrollando criterios que le permitan atender situaciones urgentes y estructurales.

Asimismo, la CIDH adoptó una serie de nuevas medidas adicionales a las reportadas en octubre de 2019, construyendo sobre lo avanzado y modificando aquellas acciones necesarias para incrementar la eficiencia:

Estudio inicial

El grupo especial creado en septiembre de 2018 para superar el atraso en la etapa de estudio inicial, integrado por un grupo de especialistas, recibió 8.295 peticiones pendientes de estudio, entre ellas, 2.748 solicitudes de reestudio. A este número se suman casi 5 mil peticiones que habían sido desactivadas bajo una práctica anterior, según la cual se mantenían vigentes en el sistema peticiones en las que peticionarias y peticionarios no habían respondido a solicitudes de información formuladas por la CIDH o en las que simplemente había inactividad por parte de las personas u organizaciones peticionarias. La atención a estas peticiones es una de las prioridades de la Sección de Estudio Inicial para el presente año.

Los resultados de este grupo son de los más destacables de este año: por primera vez desde hace décadas, la Comisión está estudiando las peticiones al día, es decir que estudia y resuelve al tiempo de recibirlas, habiendo resuelto todas las peticiones que estaban pendientes de revisión.

Para lograr este resultado histórico, abogadas y abogados del equipo, con gran experiencia, reforzaron la consistencia de los requisitos exigidos, uniformando el análisis en torno a los criterios contenidos en el Digesto de decisiones sobre admisibilidad; y resolvieron de esta forma la deuda histórica de las solicitudes de reestudios no atendidas de forma sistemática, y todas las peticiones antiguas llegando a estudiar todo al día.

Adicionalmente, la CIDH adoptó la Resolución 1-19 y su anexo que regula y transparenta el procedimiento para solicitar el reestudio de una petición.

Notificación de aperturas a trámite: Otra deuda histórica de la Comisión Interamericana ha sido el tiempo transcurrido entre la adopción de una decisión de apertura a trámite y la notificación del inicio de trámite a ambas partes. Arduos esfuerzos han sido adelantados en ese sentido, pasando de 473 notificaciones de inicios a trámite en 2017 a 733 en el 2019. Durante 2020, pese a las dificultades operativas generadas por la pandemia causada por el COVID-19, se notificaron 359 inicios de trámite a ambas partes, procurándose priorizar las más antiguas del portafolio (anteriores a 2014) para de esta manera abordar el atraso crónico en esta etapa. Dado el gran retraso que existe en estas comunicaciones, durante 2021 se adoptarán criterios estrictos de tramitabilidad, el archivo en esta etapa por inactividad y el refuerzo del equipo encargado de esta función.

Admisibilidad: en 2016 -año anterior a la implementación del Plan Estratégico 2017-2021- la CIDH aprobó un total de 45 informes sobre admisibilidad (43 admisibles y 2 inadmisibles); dicha cifra ascendió en 2017 a 120 informes (114 admisibles y 6 inadmisibles); en 2018 a 133 (118 admisibles y 15 inadmisibles); en 2019 a 152 (129 admisibles y 23 inadmisibles); en 2020 el total fue de 290 (245 admisibles y 45 inadmisibles).

La Comisión logró casi duplicar el número de informes en esta etapa y generó nuevas herramientas de trabajo, tales como modelos de informe simplificados, sistematización de criterios tales como el Digesto, trabajo especializado por serie de temáticas; al mismo tiempo, avanzó con un criterio cronológico que permitió resolver las peticiones anteriores a 2010, con muy pocas excepciones. La Comisión continuará aplicando criterios estrictos en la resolución de peticiones en esta etapa, así como la acumulación de las etapas de fondo y de admisibilidad acorde al Artículo 37.3 de su Reglamento.

Fondo: La CIDH ha dado respuesta a los asuntos que tenían larga data de tramitación y que por su volumen o diversos aspectos procesales estaban pendientes de una decisión de fondo. Además de ello, ha venido realizando una identificación de casos con temáticas similares para lograr un tratamiento más estandarizado de los informes y la adopción de medidas tendientes a enfrentar el atraso procesal, como es la acumulación de casos que comparten aspectos fácticos y jurídicos. La Comisión ha reducido la extensión de los informes y ha buscado simplificarlos, al mismo tiempo que ha mantenido su calidad técnica, en salvaguarda del derecho de defensa de las partes. Lo anterior ha tenido resultados significativos que son visibles en los aspectos de orden público interamericano sobre los cuales se ha pronunciado la Comisión, así como en el incremento en la producción de informes de fondo desde que fuera adoptado el Plan Estratégico 2017-2021.

En 2016, antes de la adopción del Plan Estratégico, la CIDH aprobó 16 informes de fondo; durante 2017 incrementó su producción un 118%, (35 informes); en 2018, el incremento fue de 168% (43 informes) y; durante 2019, un total de 62. En 2020, la Comisión aprobó 67 informes que resuelven un total de 83 casos. Dicha cifra representa más del 400% del número de informes y del 500% de casos que se resolvían antes de la implementación del plan estratégico en 2016.

Transición: Respecto de los casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) tiene jurisdicción, la CIDH cuenta en esta etapa con un portafolio de 69 casos, que se verán incrementados una vez sean notificadas las últimas decisiones del 2020. Asimismo, la CIDH evalúa periódicamente estos casos para decidir sobre su envío a la Corte IDH, el otorgamiento de una prórroga al Estado para cumplir con sus recomendaciones, o bien, su publicación. Por ejemplo, en 2020, la Comisión adoptó un total de 175 decisiones al respecto. Desde 2019 y, particularmente, en 2020 la CIDH realizó un mayor número de reuniones de trabajo para reforzar las medidas e impulsar el cumplimiento de las recomendaciones, logrando un total de 25 reuniones en 2020. La Comisión da seguimiento también a los informes de los casos en los cuales ha decidido no enviar a la Corte Interamericana y proceder hacia su publicación, o bien, de Estados que no han aceptado la jurisdicción de la Corte IDH o no son parte de la Convención Americana. La CIDH cuenta con un portafolio de más de 20 informes en esta etapa. Como resultado del seguimiento de 2020, se publicaron 11 informes.

Casos sometidos a la Corte IDH: Con más informes de fondo producidos, se incrementaron históricamente los casos que fueron enviados y los que están en trámite ante la Corte IDH. Con ello, la CIDH busca que las víctimas puedan obtener justicia y reparación, posibilitando que la Corte Interamericana pueda pronunciarse sobre aspectos de orden público interamericano relevantes para la región. En 2016, se sometió un total de 16 informes; en 2017 dicha cifra se incrementó un 6%; en 2018, un 12% y en 2019 fueron 32 casos, lo que representó el máximo histórico correspondiente a casi un 400% más de los casos enviados en 2016. Durante 2020, al momento de analizar el estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo y decidir sobre el envío de casos a la Corte Interamericana, se tomó especialmente en cuenta los obstáculos enfrentados por las partes como resultado de la pandemia por la COVID-19 y la flexibilidad necesaria para que las partes pudieran continuar avanzando en el cumplimiento de las recomendaciones, así como los avances que pudieron ser alcanzados a través de reuniones de trabajos o el otorgamiento de prórrogas. En total se sometieron un total de 23 casos, que mantiene el incremento respecto al del número de informes sometidos previo a la adopción del plan estratégico.

Soluciones amistosas: el refuerzo del mecanismo de soluciones amistosas ha sido una herramienta importante en materia de atención al atraso procesal. Durante el 2020, la Comisión impulsó los procesos de negociación de acuerdos de solución amistosa mediante la facilitación de 68 reuniones de trabajo y 65 reuniones técnicas de impulso y/o preparatorias de la mediación, abriendo un total de 133 espacios de diálogo en distintos procesos en negociación y seguimiento de casos de soluciones amistosas y acercando el mecanismo a más usuarias y usuarios en la Región. Asimismo, en 2020 se lanzó con éxito el Programa de Jornadas de Trabajo Virtuales, en 8 sesiones extensas de mediación para facilitar procesos de solución amistosa. Entre el 2017 y 2020, la Comisión facilitó un total de 408 espacios de diálogo en el marco del mecanismo de solución amistosa alcanzando el objetivo estratégico de expansión del mecanismo.

Dicha labor de facilitación activa y personalizada de los procesos de solución amistosa ha permitido el impulso de las negociaciones logrando un numero histórico de 10 acuerdos firmados y 25 homologados durante 2020. Adicionalmente, entre las labores de promover las negociaciones de solución amistosa, la Comisión brindó asesoría técnica en 4 asuntos, y avanzó en la determinación del curso de acción en 45 asuntos a la luz de la Resolución 3/20. Entre 2017 y 2020, se han suscrito 40 acuerdos de solución amistosa y se han aprobado 50 acuerdos.

Por otro lado, a nivel de cumplimiento, implementación e impacto de acuerdos de solución amistosa en 2020, se destaca el cumplimiento total de 10 acuerdos de solución amistosa con respecto a Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, México y Perú y adicionalmente se observó avances en la implementación de 148 medidas en 59 acuerdos homologados, lográndose el cumplimiento total de 85 medidas de reparación; el cumplimiento parcial sustancial de 26 medidas de reparación; y el cumplimiento parcial de 37 medidas de reparación. Entre 2018 y 2020, se avanzó en la implementación de 365 medidas de reparación en distintos acuerdos de solución amistosa en fase de seguimiento, lográndose el cumplimiento total de 230 medidas, cumplimiento parcial sustancial de 64 medidas y el cumplimiento parcial de 71 medidas. Es de indicar que, de las medidas de reparación implementadas, 258 fueron de carácter individual y 107 de carácter estructural. Lo anterior ha contribuido a alcanzar el objetivo estratégico de acceso oportuno de las víctimas a la justicia interamericana y reparación integral.

Finalmente, En atención a la necesidad de atender el atraso crónico en las negociaciones de acuerdos, la Comisión aprobó la Resolución 3/20 sobre acciones diferenciadas para atender el atraso procesal en materia de soluciones amistosas a través de la cual se emitieron lineamientos básicos para dar carácter semi-estructurado a los procesos de negociación, preservando la flexibilidad del procedimiento, y al mismo tiempo, atendiendo a los principios de celeridad y voluntariedad que deben regir los mecanismos alternativos de resolución alternativa de conflictos. Algunos de los criterios objetivos establecidos en la resolución incluyen la consideración de la fecha de presentación de la petición, la existencia o no de acuerdos de solución amistosa en cada caso, y la fecha de inicio de las negociaciones, decidiendo determinar el curso de acción de los procesos de negociación, cerrando procesos de solución amistosa en los cuales no se observen avances sustanciales y/o un diálogo fluido entre las partes, y fijando plazos específicos para valorar los avances en diferentes procesos de este mecanismo. Al respecto, es de señalar que, en 2020, 18 nuevos asuntos ingresaron al mecanismo de solución amistosa y en la actualidad existen 81 procesos en fase de negociación y 71 en fase de seguimiento, mismos que continuaran siendo impulsados activamente a la luz de los lineamientos planteados en la Resolución 3/20.

\Los avances reportados sin duda significan avances importantes en la sistematización, consistencia jurídica, transparencia de las metodologías de trabajo, estándares y situaciones estructurales atendidas, y sobre todo en el número de víctimas que han encontrado una respuesta a sus peticiones y casos en el sistema interamericano. Son números que muestran el compromiso y la efectividad en el uso de los recursos, particularmente durante 2020, en que los números se han duplicado y se resolvió el atraso en la etapa de estudio inicial.

Sin embargo, la magnitud del atraso acumulado es tal que su resolución requiere medidas reforzadas. En este sentido, la Comisión está trabajando en las siguientes medidas adicionales, entre otras:

• Desarrollo de un sistema moderno de manejo de expedientes, que permita el uso efectivo de la tecnología en la resolución de los casos. Este nuevo sistema permitirá mayor agilidad en el tratamiento de los expedientes y el desarrollo de herramientas de trabajo para la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, así como el apoyo en la elaboración de informes.
• Documentos de sistematización de estándares tales como el Digesto de decisiones sobre admisibilidad y las fichas de decisiones de los informes de fondo que otorgan herramientas a las personas usuarias del sistema, lo que permite escritos mejor fundamentados y acceso fácil a las decisiones sistematizadas.
• Modelos de informe sobre temáticas específicas y recurrentes y simplificación de informes. Trabajo en líneas temáticas.
• Acumulación de casos y resolución en serie.
• Simplificación de la tramitación de los asuntos, fundamental para evitar la acumulación de información que complejiza innecesariamente el análisis y resolución de los casos.

El Presidente de la CIDH, Joel Hernández expresó: "estamos muy satisfechos y esperanzados con las transformaciones promovidas. Hoy tenemos metas claras, medibles y, principalmente, resultados concretos y visibles. La nueva estructura administrativa de la CIDH ha generado un impacto muy importante en su capacidad de respuesta". Agregó "A su vez, el programa de fortalecimiento de las soluciones amistosas previsto en el Plan Estratégico deberá tener un rol fundamental para enfrentar el retraso procesal: La expansión del uso del mecanismo de soluciones amistosas debe tener una centralidad.

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva interina María Claudia Pulido, señaló: Las respuestas de la CIDH deben incorporar integralmente todos sus mandatos y herramientas de protección, tales como las actividades de monitoreo y cooperación técnica para la implementación integral de las recomendaciones y estándares interamericanos. "Difundir el Sistema y aclarar sus protocolos y especificar los criterios de tramitabilidad pueden ayudar a disminuir, por ejemplo, el número de peticiones manifiestamente infundadas que generan mucho trabajo de la CIDH. Fortalecer la institucionalidad y las políticas públicas gubernamentales en materia de derechos humanos, ayudan a la prevención y apuntan a generar soluciones estructurales para un futuro con menos violaciones de derechos humanos".

Por su parte, Marisol Blanchard, la Secretaria Ejecutiva Adjunta para el sistema de peticiones y casos, expresó: "La CIDH cuenta con un mecanismo único para la protección de los derechos humanos en la región, que es el sistema de peticiones y casos y las soluciones amistosas. Agradezco el compromiso y el inmenso trabajo de todas las personas que conforman el equipo de peticiones y casos, quienes con su esfuerzo y dedicación han conseguido estos resultados históricos. Estamos conscientes que el atraso procesal de décadas es gigantesco y que el reto de resolver los casi 3.700 peticiones y casos en trámite es prioritario. Estamos avanzando de manera decisiva en la adopción de medidas para resolverlo, lo cual va a requerir el apoyo de los Estados y de las organizaciones de la sociedad civil; tenemos una oportunidad histórica para poder hacerlo".

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 019/21