La CIDH y su REDESCA expresan su preocupación por la grave situación de la salud pública en Brasil frente al COVID-19

16 de marzo de 2021

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su preocupación ante el alto número de contagios y muertes registradas en Brasil como consecuencia del COVID-19.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las últimas semanas, Brasil ha experimentado un alarmante incremento en la incidencia y mortalidad por COVID-19, registrando más de 11 millones de casos confirmados y 260 mil muertes al 7 de marzo de 2021; lo que coloca al Estado brasileño como el segundo país con el mayor número absoluto de muertes a causa del virus a nivel mundial y regional. Según información pública y de la sociedad civil, dicho incremento en los casos y muertes estaría relacionado con varios factores, incluyendo, la variante P1 del coronavirus, que tendría mayor carga viral y capacidad de transmisión; la ausencia de políticas públicas dirigidas a la mitigación de la pandemia y de estrategias coordinadas, a nivel de la Federación, para hacer frente a los desafíos de la misma; la saturación del sistema de salud en la mayor parte de los estados del país; y las campañas de desinformación sobre medidas para la prevención del contagio; entre otras.

Aunque el impacto del COVID-19 afecta profundamente a todo el país, la Comisión Interamericana y su REDESCA recibieron información sobre la grave situación que enfrenta la población que habita en el Estado de Amazonas y su capital Manaus, debido a la saturación del sistema de salud y de las unidades de cuidados intensivos por el aumento de contagios, así como respecto la escasez de insumos médicos y oxígeno por el incremento de la demanda. Esta situación habría derivado en un mayor número de muertes en dicho Estado y afectaría de manera desproporcionada a la población de zonas rurales, pueblos indígenas, mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores.

La CIDH observa también que, la saturación del sistema de salud y la falta de insumos habría afectado a otros municipios y estados cercanos a Manaus, como consecuencia de la transferencia de pacientes y al propio incremento de contagios en la región. En dicho contexto,el 3 de marzo de 2021, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alertó sobre la situación de emergencia en el estado amazónico de Acre, donde la población enfrenta la combinación de infecciones por COVID-19, una epidemia de dengue y de inundaciones. Como resultado, un 94% de las unidades de cuidados intensivos se encontraban ocupadas y el sistema de salud en la región se encontraba en riesgo de colapsar frente al aumento de personas que requieren hospitalización. Por otra parte, el 10 de marzo, 21 de los 26 estados federados, incluyendo el Distrito Federal, mostraron ocupación de unidades de terapia intensiva superior a un 80%, incluyendo Mato Grosso do Sul y Rondonia, que registraron no contar con más unidades en el sistema de salud.

Por su parte, el Estado brasileño informó a la Comisión que, desde la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN), el 3 de febrero de 2020, el gobierno realizó varias acciones en el área de salud con el objetivo de mitigar la pandemia. Particularmente, sobre la importancia de una respuesta coordinada dentro de la Federación para enfrentar los desafíos que impone a la saturación del sistema de salud, el Estado brasileño resaltó la creación del Comité de Crisis para Afrontar COVID-19 en el SUS (Sistema Único de Salud), como un foro de discusiones estratégicas entre los distintos niveles del Estado, de alineación y decisiones sobre acciones de seguimiento y mitigación.  Asimismo, indicó que desde el inicio de la pandemia el Ministerio de Salud adoptó una estrategia de comunicación de acceso público sobre la situación de la misma.  En relación con las medidas adoptadas en el Estado de Amazonas, en particular respecto a pueblos indígenas, el Estado informó que, hasta el 9 de marzo de 2021, en territorios indígenas del estado de Amazonas, 56.885 personas de esta población fueron vacunadas con la primera dosis y 15.950 con la segunda dosis, presentando coberturas de vacunación del 61 % y 17% respectivamente, de la población objetivo que asciende a 93.401 personas.

En relación con la situación de emergencia en el estado de Acre, el Ministerio de Salud desarrolla un Plan de Acción con un conjunto de acciones encaminadas a solucionar la crisis en el estado de Acre, resultante de la pandemia COVID-19, inundaciones y la incidencia simultánea de otras enfermedades de la región.

El Estado remarcó que el proceso de vacunación, que comenzó el 18 de enero de 2021, continúa ininterrumpidamente en todo el país. A nivel nacional, respecto de la población indígena de 18 y más años, estimada en 409.883, se aplicaron 451.661 dosis. De este total, 273.957 indígenas (67%) recibieron la primera dosis, y 177.704 indígenas (43%), la segunda, según a datos del 12 de marzo 2021.  Adicionalmente, sobre las medidas para fortalecer la salud pública, tales como suministro de insumos y materiales, según la plataforma LocalizaSUS, el Ministerio de Salud distribuyó 45,24 millones de insumos (jeringas y agujas) al 8 de marzo de 2021.

La Comisión Interamericana advierte que, la región de las Américas continúa siendo el continente más afectado; y de acuerdo con datos de la OMS, a un año de la declaración de la pandemia, es el continente con el mayor número de muertes registradas a nivel mundial como consecuencia del COVID-19. Al 7 de marzo de 2021, el número de contagios confirmados en el hemisferio superó los 51.531.438 casos, mientras que el número de muertes alcanzó la cifra de 1.237.781 de personas.

Ante esta situación, la CIDH y REDESCA instan a los Estados de la región a reforzar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos y de salud pública en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia y sus consecuencias. En este sentido, llaman a los Estados a asegurar y acelerar el acceso a las vacunas y la inmunización extensiva contra el COVID-19.

Finalmente, la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial urgen al Estado de Brasil reforzar las medidas implementadas para salvaguardar los derechos a la vida, la integridad física y la salud de la población afectada, en particular adoptando medidas de salud pública más amplias, con la provisión de suministros, materiales y servicios médicos adecuados para la atención médica de las personas que necesitan tratamiento por COVID-19, como el asegurar los derechos laborales y la bioseguridad de las personas trabajadoras de la salud.

Asimismo, llaman a adoptar medidas urgentes y decisivas para la prevención y contención de la pandemia con base en la mejor evidencia científica disponible y conforme a las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales especializados; así como campañas de orientación a la población sobre medidas científicamente comprobadas para la mitigación de riesgos; reforzar las acciones de transparencia y el acceso a la información pública y las medidas para la contención de la pandemia.

En las actuales circunstancias, constituye un deber inexcusable que las autoridades estatales informen ampliamente a la población, tomando en cuenta la diversidad de la misma, y al pronunciarse al respecto, actúen con diligencia y cuenten en forma razonable con base científica. Estas medidas deben garantizar un enfoque centrado en la protección integral de los derechos humanos, conforme a lo dispuesto en la Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas y la Resolución 4/2020 sobre los derechos de las personas con COVID-19.

La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 061/21