Las declaraciones del Embajador ante la OEA, McFields y su posterior destitución confirman las graves violaciones en Nicaragua

29 de marzo de 2022

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó conocimiento de las declaraciones del Embajador Arturo McFields, Representante Permanente de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización los Estados Americanos (OEA), en la sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo, las cuales confirman las graves violaciones a derechos humanos que se vienen cometiendo en el país, el deterioro institucional y la agudización de la estrategia del Ejecutivo para acallar a las voces disidentes y opositoras. Por su parte, según información pública, el mismo 23 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció las declaraciones del Embajador McFields y ordenó su destitución.

Como se ha documentado, la respuesta estatal violenta a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, desencadenó una grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, la cual, continúa profundizándose debido a factores como la instalación de facto de un estado de excepción y la consolidación de la concentración y perpetuación del poder por parte del Ejecutivo.

Además, el principio de separación de poderes está quebrantado en el país; todas las instituciones del legislativo y judicial están alineadas y dirigidas por el Ejecutivo, lo que facilita y/o consolidan las arbitrariedades. A su vez, persiste un estado policial que en coordinación con grupos del Gobierno, agrede, vigila, amenaza y hostiga a cualquier persona identificada como opositora.

A casi cuatro años del inicio de la crisis de derechos humanos, persiste un contexto de impunidad de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal, las cuales resultaron en 355 personas fallecidas; más de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios; y miles de personas que se vieron forzadas a huir y a buscar asilo a causa de la persecución. Además, 169 personas permanecen privadas de la libertad de manera arbitraria en condiciones contrarias a la dignidad e integridad personal, según el Mecanismo, para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

En el contexto de estos hechos, la CIDH urge nuevamente a Nicaragua poner fin a la persecución de las voces disidentes, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y buscar fórmulas para reestablecer los derechos y garantías de un Estado democrático de derecho. Además, exhorta los Estados americanos y a la comunidad internacional a demandar al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 065/22

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