Cuatro años del inicio de la crisis de derechos humanos: CIDH refrenda su compromiso con el pueblo de Nicaragua

18 de abril de 2022

Washington D.C.- Al conmemorarse cuatro años del inicio de las protestas sociales del 18 de abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refrenda su compromiso y acompañamiento a la población nicaragüense en la búsqueda de justicia, reparación, la reconstrucción de su democracia y una reconciliación nacional basada en el derecho a la memoria y a la verdad.

Desde el 2018, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión ha documentado el desarrollo de la crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas y el progresivo quebrantamiento del Estado de derecho. Desde entonces, las violaciones a los derechos humanos en el país continúan profundizándose por la falta de independencia de poderes mediante la concentración del poder en el Ejecutivo, un estado de excepción de facto y la persistencia de la impunidad.

Al respecto, den el Informe "Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho", se constató la voluntad del actual Gobierno de perpetuarse de manera indefinida en el poder, y de mantener sus privilegios e inmunidades, en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad estructural. Ello en un clima de represión, cierre de los espacios democráticos, la prohibición de protestas sociales, la clausura y allanamiento de medios de comunicación independientes y la detención arbitraria de importantes líderes de la oposición, incluyendo quienes buscaron ser candidatas en las elecciones de 2021.

Desde el 18 de abril de 2018, permanecen en completa impunidad las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el marco de la represión estatal, que resultaron en 355 personas fallecidas; más de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios; y más de 135 organizaciones de la sociedad civil cuya personería jurídica fue cancelada. Asimismo, miles de personas han sido forzadas a desplazarse a otros países.

Por otra parte, la CIDH expresa su solidaridad con las más de 171 personas que permanecen privadas de la libertad de manera arbitraria y en condiciones contrarias a la dignidad e integridad personal, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Algunas de ellas, son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y de medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a los graves riesgos que enfrentarían a su vida e integridad personal.

La Comisión advierte la intensificación de la estrategia tendiente a mantener cooptado el espacio cívico y democrático, a través de la reciente aprobación de normas y la implementación de nuevas medidas que restringen aún más de manera arbitraria las libertades públicas y los derechos humanos. Entre otras, se observa con preocupación la Ley del Notariado que facilitaría la criminalización de abogadas y abogados y notarias y notarios públicos por delitos asociados al lavado de activos; la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, y que favorece el control y criminalización de las organizaciones en atención a las actividades que realizan y; las reformas a la Ley General de Educación y a Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior que debilitarían la autonomía universitaria y eliminan a la Universidad Centroamericana (UCA) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en alegada represalia a la participación de sus estudiantes en las protestas de abril de 2018 y a su posición crítica frente al gobierno.

Estos hechos ocurren en un contexto documentado por la CIDH sobre el cierre masivo y forzado de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, universidades, agencias de cooperación y desarrollo, colectivos feministas, gremios médicos; así como denuncias sobre la negativa de las autoridades de permitir el libre ingreso y salida del país a activistas sociales, personas defensoras de derechos humanos e inclusive funcionarias y funcionarios del sector público.

Como cada año, la Comisión Interamericana refrenda una vez más su acompañamiento a las y los nicaragüenses para alcanzar un efectivo acceso a la justicia, reparación, la reconstrucción de su democracia y el derecho a la memoria y a la verdad de las graves violaciones los derechos humanos cometidas. Asimismo, reitera su llamado a los Estados de la región y a los Órganos Políticos de la Organización de los Estados Americanos para hacer uso de todas las herramientas convencionales disponibles que faciliten el restablecimiento de los derechos humanos y la institucionalidad democrática.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 081/22

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