REDESCA urge a los Estados tomar acciones concretas y equitativas para abordar el cambio climático y sus efectos adversos

30 de noviembre de 2023

Washington D.C. - En el contexto de la 28ª Conferencia de las Partes (COP 28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados a comprometerse con estrategias necesarias y justas para enfrentar el cambio climático y sus impactos negativos. Es crucial la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en todas las negociaciones, políticas y acciones relacionadas.

Para alcanzar soluciones efectivas y duraderas al cambio climático, es esencial asegurar una financiación climática adecuada y fomentar la participación activa de la sociedad civil, comunidades impactadas, el sector académico, instituciones nacionales de derechos humanos y entidades multilaterales. Esto requiere construir una nueva arquitectura internacional que responda a los desafíos de financiación de la mitigación y la adaptación con metas ambiciosas, en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Es crucial incorporar los principios de equidad intergeneracional en la financiación climática, reformando la gobernanza económica global y mejorando los sistemas de financiamiento público para el desarrollo sostenible y la acción climática.

La REDESCA reitera que, tal como estableció con la CIDH en la Resolución 3/21 sobre la emergencia climática y derechos humanos en las Américas, es necesario considerar el cambio climático como una emergencia de derechos humanos, destacando su impacto en la salud de los ecosistemas y en el disfrute de los derechos humanos por las generaciones presentes y futuras​. En atención a ello, los Estados deben alinear las negociaciones climáticas con sus obligaciones en materia de derechos humanos, asegurando que las políticas de acción climática sean diseñadas e implementadas de una manera que respeten y promuevan su garantía.

Lo anterior es de especial importancia considerando que la Organización Mundial Meteorológica (OMM) ha señalado que es probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos cinco años. Así, hay un 66 % de probabilidades de que, entre 2023 y 2027, la temperatura media mundial anual cerca de la superficie supere en más de 1,5 °C los niveles preindustriales durante al menos un año, así como un 98 % de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años, así como el lustro en su conjunto, sea de los más cálidos jamás registrados. Este incremento en la temperatura se atribuye a los gases de efecto invernadero y al fenómeno natural de El Niño, cuyo potencial desarrollo durante los próximos meses podría provocar un nuevo repunte en el calentamiento global y aumentar las posibilidades de batir récords de temperatura.

En este escenario, es de destacar que los efectos del cambio climático y la degradación ambiental resultan particularmente graves para aquellas poblaciones que están en situación de especial vulnerabilidad o de discriminación histórica y que contribuyen muy marginalmente a las emisiones de efecto invernadero, como son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y personas que viven en zonas rurales o viven en la pobreza.

En atención a ello, para la REDESCA es de especial preocupación que, pese a las evidentes señales de urgencia para una actuación determinante, los espacios para la discusión de soluciones medibles y permanentes serían cada vez más reducidos. Pese a la urgencia evidente, organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas y Estados vulnerables enfrentan obstáculos significativos para una participación efectiva. Así mismo, se ha argumentado que las necesidades urgentes de sociedades, comunidades y países que serán más afectados por la emergencia climática no están siendo atendidas por los compromisos financieros realizados por los Estados de grandes emisiones. De esta manera, diversas organizaciones han indicado que los mecanismos de financiamiento propuestos actualmente no estarían ofreciendo los resultados esperados, por lo que han llamado a que los esfuerzos se centren en la cancelación de la deuda a gran escala para todos los países que lo necesiten a través de todos los acreedores, la adopción de políticas de concesión y endeudamiento responsables, y un incremento sustancial en la financiación climática, privilegiando las subvenciones.

Ante las obligaciones comunes pero diferenciadas de los Estados en la acción climática, la REDESCA enfatiza la necesidad de implementar estrategias de desarrollo sostenible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los riesgos del cambio climático. Igualmente, subraya la importancia de alcanzar acuerdos concretos para una transición energética gradual, abandonando gradualmente los combustibles fósiles. Esta transición debe incluir un enfoque en la justicia social y equidad, alineándose con los esfuerzos globales para una financiación climática efectiva y transiciones justas. Además, la Relatoría Especial enfatiza la importancia de incorporar un enfoque de derechos humanos en los sistemas financieros asociados al desarrollo sostenible y la gestión climática. Esto incluye la obtención de fondos permanentes para financiar las pérdidas y daños causados por el cambio climático, prestando especial atención a las personas y comunidades más afectadas.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. 

No. RD278/23

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