CIDH: Estados Unidos debe abordar la violencia policial motivada por el origen étnico-racial y la discapacidad psicosocial

3 septiembre 2024

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa patrones de uso excesivo de la fuerza contra personas con discapacidad afrodescendientes y otros orígenes étnico-raciales. La CIDH llama a Estados Unidos a adoptar medidas eficaces para abordar la violencia policial contra personas con discapacidad psicosocial y racialmente motivadas.

El 9 de marzo de 2024, la policía en California disparó contra Ryan Gainer, de 15 años de edad, quien tenía autismo, ocasionándole la muerte, después de que un familiar llamó a la policía para pedir ayuda por una disensión doméstica. El 27 de marzo, oficiales del Departamento de la Policía de Nueva York dispararon y mataron a Win Rozario, un joven bangladesí-estadounidense de 19 años, después de que él llamó a la policía durante una crisis de salud mental. El 2 de mayo, Yong Yang, un hombre coreano-estadounidense, diagnosticado con bipolaridad y trastorno esquizoafectivo, fue baleado por la policía en Los Ángeles después de que sus padres llamaron al Departamento de Salud Mental para pedir ayuda durante un episodio de salud mental. En los tres casos familiares de las víctimas alegan que el uso de fuerza letal por parte de los oficiales fue excesivo.

En su informe sobre Violencia policial contra personas Afrodescendientes en los Estados Unidos, la CIDH resaltó que estos incidentes son indicativos de un patrón del uso excesivo de la fuerza por parte de oficiales de policía contra personas afrodescendientes, muchas de ellas diagnosticadas con alguna enfermedad psicosocial o durante una crisis de salud mental. La Comisión también nota que estos incidentes a menudo ocurren con impunidad legal.

Según las investigaciones disponibles, a pesar de representar solo el 20% de la población en los Estados Unidos, las personas con discapacidad son el 30-50% de las víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Además, se estima que entre un tercio y la mitad de las personas asesinadas por la policía son personas con discapacidades. Al respecto, organizaciones de sociedad civil han impulsado medidas alternativas a la policía como agentes intervinientes en crisis de salud mental, dado que la mayoría de oficiales policiales no son entrenados o lo son inadecuadamente para abordar estos tipos de crisis. Algunas ciudades han desarrollado exitosamente programas, como el CAHOOTS (Crisis Assistance Helping out on the Streets) en Eugene, Oregon en el que trabajadores sociales y médicos son agentes intervinientes para atender casos sobre crisis de salud mental.

A pesar de los esfuerzos en varios estados y localidades para abordar la violencia policial y la respectiva rendición de cuentas, medidas legales integrales de orden federal, como el Acto George Floyd Justice in Policing, no han sido adoptadas. Mientras tanto, en todo el país, más de la mitad de la población afro-estadounidense con discapacidad ha sido detenida a los 28 años, siendo el doble, respecto al número de las personas blancas con discapacidad en la misma situación.

La CIDH subraya que, las personas con discapacidad con orígenes étnico-raciales históricamente discriminados son especialmente vulnerable al uso excesivo de la fuerza policial. Persisten sesgos institucionales y, sumado a la falta del conocimiento del cuidado de salud mental, conducen a violaciones de sus derechos a la no-discriminación, la integridad personal y otros derechos humanos.

El marco jurídico interamericano garantiza el derecho a la igualdad ante la ley de todas personas y requiere que los Estados prevengan, eliminen, prohíban y castiguen la violencia motivada por el racismo o la discriminación racial. Los Estados están obligados a adoptar la legislación y otras medidas para eliminar la discriminación contra personas con discapacidad.

La Comisión reitera que un enfoque interseccional es necesario para abordar el incremento de la violencia policial contra personas que enfrentan discriminación múltiple o agravada. La CIDH urge a Estados Unidos a recolectar datos desagregados para evaluar adecuadamente la intersección entre origen étnico-racial y discapacidad en procedimientos policiales, y llama al Estado a trabajar en conjunto con las comunidades para diseñar e implementar eficazmente programas alternativos de atención inmediata.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 203/24

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